Filipinas no permitirá la entrada de investigadores de la CPI en el país

Bangkok, 16 sep (EFE).- Filipinas anunció este jueves que no cooperará con la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación de la guerra contra las drogas contra el presidente del país, Rodrigo Duterte, y vetará la entrada de miembros de este organismo en su territorio “porque no tienen jurisdicción”.
“El Gobierno no permitirá que ningún miembro de la CPI recoja información o pruebas aquí en Filipinas, se les denegará la entrada”, afirmó el asesor legal de Duterte, Salvador Panelo, en declaraciones a la radio DZBB.
El rechazo del equipo de Duterte se produce después de que este miércoles la CPI diera luz verde a la investigación de su guerra contra las drogas por supuestos crímenes de lesa humanidad al concluir que “existe una base razonable”.
Panelo subrayó que el presidente, que concluye su mandato el próximo año, no cooperará, ya que “la CPI ya no tiene jurisdicción sobre el país”, tras abandonar Filipinas el organismo en marzo de 2019, un año después de que lo solicitara Duterte.
Sin embargo, según el estatuto de Roma, que regula el funcionamiento de la CPI, este tribunal sí tiene jurisdicción para juzgar hechos ocurridos antes de esa fecha, lo que le permite investigar los tres primeros años de Duterte como presidente.
La decisión fue saludada por el grupo pro derechos humanos Karapatan, el más prominente del país, que indicó en un comunicado que la decisión de la CPI reafirma la visión de las víctimas y sus familias.
Según los magistrados, hay indicios de que en Filipinas se han cometido crímenes de lesa humanidad y que “los posibles casos derivados de dicha investigación parecen ser competencia de la corte”.
En la decisión escrita de los jueces, de 41 páginas, se describen redadas policiales con numerosas víctimas mortales que formarían parte de “una política de Estado”, pues “hay un vínculo claro entre los asesinatos y la campaña contra las drogas del Gobierno”.
El tribunal hizo referencia a una circular de la Policía Nacional de Filipinas emitida el 1 de julio, el primer día de la presidencia de Duterte, en la que se mencionaba la intención de “neutralizar” a los sospechosos de las redadas antidrogas.
La Fiscalía asegura que la palabra “neutralizar” es un eufemismo de “asesinar” y que cuenta con registros de miembros de la policía que afirman que “al matar a personas durante supuestas operaciones antidrogas, seguían las instrucciones del Gobierno”.
“Si hay asesinatos, digo que soy yo. Puedes responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas”, manifestó Duterte en octubre del año pasado durante un discurso televisado.
El jefe de Estado filipino, de 76 años, dejará la presidencia el próximo 30 de junio, al no poder presentarse a la reelección, pero puede optar a la posición de vicepresidente con un candidato afín.