Fernando Rospigliosi, autor de ley rechazada por la ONU y CIDH, es elegido presidente de la Comisión de Constitución

Con la distribución aprobada en Junta de Portavoces, Fuerza Popular se convirtió en la única bancada que presidirá cuatro comisiones: Agraria, Constitución, Producción y Relaciones Exteriores. Entre ellas, una de las más importantes es la de segunda en mención por su competencia en modificar y revisar de manera integral normas. Sin embargo, dado su impacto a nivel nacional e internacional, la agrupación fujimorista designó a Fernando Rospigliosi, autor de una de las leyes más polémicas en los últimos tiempos.

La ley que prescribe delitos de lesa humanidad, conocida como Ley de amnistía, fue defendida ferozmente por Rospigliosi, quien exigió a la Mesa Directiva del Congreso que la agendara en el pleno antes de finalizar la legislatura. Dicha norma se aprobó en una primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, lo que Rospigliosi celebró públicamente, argumentando que favorecería a militares y efectivos de la PNP con procesos pendientes por violaciones de derechos humanos.

Ello, pese a que organismos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros se pronunciaron en rechazo. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió suspender el trámite hasta conocer cómo impactará en casos La Cantuta y Barrios Altos.

Pese al artículo 68 de la Convención Americana, que establece la obligación para el Perú, como Estado Parte, de cumplir las decisiones del tribunal, incluidas las medidas provisionales dictadas, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la norma con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

Su promulgación, sin la observación del Ejecutivo, generó que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, emitiera un comunicado en rechazo. “Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el estado de derecho en Perú”, se lee en su comunicado oficial.