San Salvador, 26 jul. Cientos de familiares de personas arrestadas durante el régimen de excepción, en vigencia en El Salvador desde finales de marzo, pidieron este martes la liberación de sus “inocentes detenidos arbitrariamente” ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Asamblea Legislativa.
Con carteles y pancartas en los que exigían la libertad de sus familiares, más de 200 personas protestaron en San Salvador y entregaron una carta dirigida al procurador de Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar.
Llamaron a Tobar a interceder por sus familiares “inocentes detenidos arbitrariamente”, de acuerdo con la misiva leída por Paul Monroy representante del Movimiento Independiente.
“En ningún momento nosotros nos oponemos a la captura de ciudadanos que tengan alguna relación con el crimen organizado en nuestro país, pero no así en la detención de salvadoreños inocentes, cuyo único delito es ser pobres o habitar en las colonias estigmatizadas por la sociedad”, indicó.
Agregó que es “completamente falso” que todas las personas que viven en dichas zonas sean pandilleros.
DE TEMER A LAS PANDILLAS A TEMER A LA POLICÍA
Karen Gálvez, quien vive en el extranjero y regresó al país tras la detención de su hermano, dijo a periodistas que antes le temían a las pandillas y ahora le temen a la Policía.
“Estamos pidiendo al presidente (Nayib Bukele) que se toque el corazón y que libere a todas esas personas” y “estamos pidiendo que, por favor, nos escuchen. Nosotros le dimos el voto a él”, agregó.
Relató que ha sufrido “acoso por la Policía” y señaló que su hermano fue detenido el 30 de junio en su casa y lo han acusado por el delito de extorsión.
“Nos sentimos atemorizados”, añadió al contar que ha sido abordada por agentes de la Policía que le cuestionaron por sus ingresos al país, sus tatuajes artísticos y por portar dos teléfonos.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde finales de marzo tras una escalada de homicidios, medida con la que el Gobierno dice estar ganando la “guerra contra las pandillas”.
Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 46.600 personas, a las que acusan de ser pandilleros.
Esta cifra de detenidos es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal.
De acuerdo con la Fiscalía, al menos hasta inicios de julio eran más de 38.000 personas que seguirían en detención provisional en la etapa de instrucción de sus procesos penales.
Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.
Las ONG salvadoreñas e internacionales expusieron estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar, e indicaron que son más de 50 personas las detenidas que fallecieron bajo custodia estatal.
El pasado 19 de julio, el Congreso de El Salvador, de amplía mayoría oficialista, aprobó la cuarta ampliación del régimen de excepción.
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