La tragedia en Las Tejerías dejó al descubierto, una vez más, el abandono y la negligencia por parte de la dictadura de Nicolás Maduro que sufre desde hace años el pueblo venezolano. Los deslaves dejaron al menos 50 muertos y decenas de desaparecidos. Con el correr de los días, y mientras continúan las labores de recuperación, empezaron a conocerse detalles y denuncias que apuntan directamente contra el dictador y su entorno.
En un artículo publicado en el portal The EL News, Luis Velázquez Alvaray apuntó contra Nicolás Maduro Guerra, el hijo del tirano, por su involucramiento en la explotación ilegal de níquel que habría agravado la tragedia ocasionada por las intensas lluvias.
Según indicó Velázquez Alvaray, desde hace tres meses se vienen realizando explosiones en la zona alta del sector denominado Laguneta de la Montaña, en el estado Miranda, cerca de los canales del cauce por donde circulan las afluencias de agua de las quebradas. Esas voladuras con materiales explosivos, agregó, se venían llevando a cabo “para la explotación de mineral de níquel, abundante en esta zona”.
Estas tareas se efectuaron bajo el control de “Nicolasito” -como es conocido popularmente el hijo del dictador venezolano- y militares de alto rango.
Su participación en este tipo de actividades no es nueva. De hecho, en junio de 2019 Estados Unidos sancionó a Maduro Guerra, acusándolo, entre otras cosas, de “beneficiarse de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa [Cilia Flores]”.
Pero en esta oportunidad, de acuerdo a lo denunciado por Velázquez Alvaray, la negligencia del hijo del dictador y de la cúpula militar llevó a una verdadera catástrofe que terminó con la vida de al menos 50 personas, múltiples destrozos, y desaparecidos. Fue tal la magnitud del desastre, que algunos vecinos aseguraron que “el pueblo se perdió”.
El autor del texto afirmó que las explosiones para la explotación de níquel provocaron “el desprendimiento de terrenos, producto del movimiento resquebrajamiento, por las ondas producidas con los bombazos”. Y agregó: “Esa avalancha de agua tuvo la suficiente fuerza para arrastrar árboles y sedimentos, deslave de los cerros a consecuencia de los zambombazos, con dos tipos de explosivos, anfo y dinamita”.
El objetivo de esas explosiones era abrir túneles para la extracción del mineral, “lo cual se puede observar en las orillas del cauce del canal de la quebrada, por donde circuló el agua, proveniente del alto de la montaña que viajó con dique y todo por delante”.
Las autoridades chavistas reportaron al menos 50 muertos. Sin embargo, desde la oposición aseguran que la cifra es aún mayor. Y en esa línea se pronunció Velázquez Alvaray, quien subrayó que el balance real señala “entre 500 o 600″ entre fallecidos y desaparecidos.
Asimismo, denunció que la dictadura de Maduro no permitió el ingreso a la zona del desastre a medios de comunicación independientes ni a equipos de rescate o colaboradores que no pertenezcan a algún ente gubernamental. ¿El motivo? Ocultar las evidencias.
“No permiten la entrada a la prensa y a particulares, ya que existe innumerable material explosivo (cartuchos de dinamita, anfo, detonadores, cordón de empalme, etc.) regados en el sector, los cuales estaban almacenados y fueron arrastrados por la corriente y hasta ahora no se han podido rescatar en su totalidad”, afirmó Velázquez Alvaray.
Desde hace mucho tiempo la dictadura de Maduro es acusada de explotar ilegalmente los recursos naturales de Venezuela. El mes pasado la misión creada por la ONU para investigar la situación de los derechos humanos en el país caribeño, denunció las violaciones perpetradas en el Arco Minero del Orinoco, una zona rica en oro y otros minerales. El informe presentado por el grupo de trabajo independiente sostiene que en esas zonas operan militares con la complicidad de bandas criminales.
El propio Maduro reconoció que días antes de los deslaves su administración sabía del riesgo que implicaba para los pobladores seguir en sus hogares. Pero nada se hizo para evacuarlos. Mientras tanto, a pocos kilómetros, un grupo de militares operaba bajo la tutela de su hijo Nicolasito para seguir enriqueciendo las arcas del régimen y de sus aliados -y cómplices-.
Velázquez Alvaray exigió que ese “insaciable apetito minero” sea investigado urgentemente por organismos internacionales para que paguen los verdaderos responsables “por sus crímenes como el de Tejerías”. Entre esos responsables también mencionó a los rusos, “quienes lo sacan ilegalmente del país” a modo de condonación por la gran deuda que mantiene el régimen con el Kremlin.
“Es el saqueo de Venezuela por la delincuencia organizada, cuyo cuartel general está en Miraflores. Otra vez, los muertos los pone el pueblo”, concluyó.
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