(Ricardo Maldonado Rozo Ricardo Maldonado Rozo/)
Definido como el “primer documento de suministro de información de áreas contaminadas por minas” por parte de Pastor Alape, delegado de los excombatientes de las antiguas Farc ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), fue radicada ante la autoridad nacional de la Acción Contra Minas Antipersonal (Descontamina Colombia) una hoja de ruta que cuenta con información detallada de este tipo de artefactos.
Alape indicó que el documento es una base de datos en la que se sistematizó información sobre la ubicación de los explosivos instalados durante el conflicto por integrantes del bloque “Magdalena Medio” y por el Comando Conjunto Central de las antiguas FARC.
“Este es un proceso que venimos trabajando desde 2020 junto con la autoridad contra las minas y con UNMAS (Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas), que es la institución de la ONU contra las minas”, detalló en declaraciones brindadas a la Agencia EFE.
El anuncio de Alape coincidió con una comunicación oficial de Comunes que indicó que esta entrega es fruto de un trabajo conjunto coordinado con dicha autoridad desde mayo de 2020, junto con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU y la asesoría técnica del Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas.
Además, el excombatiente prometió que la entrega de esta información continuará en el año siguiente como una manera de cumplir los acuerdos de paz firmados entre el Estado y esta organización política:
“Cerramos así este año con este compromiso. Le estamos cumpliendo a la paz y al país con acciones efectivas. Estamos dando un mensaje al Gobierno de que el año siguiente mantendremos esta disposición”, afirmó Pastor Alape.
El balance para Colombia señala que son 378 víctimas de artefactos explosivos de enero a septiembre de este año, lo que significa que si la tendencia continúa, 2021 puede ser el año con mayor número de afectados desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La mayoría de víctimas, el 54 %, fueron civiles (207 en total), y 30 fueron menores de edad; por otro lado, del total, 33 fallecieron, mientras que “las demás sobrevivieron con profundas consecuencias físicas y psicológicas que perdurarán a lo largo de su vida”, aseguró en octubre el CICR.
De otra parte, para 2020, según la oficina del Alto Comisionado para la Paz 167 personas fueron víctimas de estos artefactos explosivos, de las que 144 resultaron heridas, mientras que 23 fallecieron en los hechos. Además, el 61% de las víctimas, es decir 103 ciudadanos, eran civiles, así lo informó dicha estancia gubernamental.
Otro dato a tener en cuenta en el balance del desminado humanitario es que para 2019 se erradicaron 1.625.000 metros cuadrados de explosivos en el país, mientras que en 2020 solo se despejaron 1.250.372 metros cuadrados de minas antipersonal, es decir, 374.628 metros cuadrados menos que en el periodo anterior.
En Colombia entre 1990 y el 31 de enero de 2021 son 11.994 personas en el país han sido afectadas por una mina antipersonal, y de ellas, 2.325 fallecieron a causa de las detonaciones. Del total de esas víctimas, 7.228 agentes estatales, y 4.776 civiles.
Los departamentos más afectados, de acuerdo con la entidad, según informó el mismo medio, son Antioquia, zona donde se encuentra el mayor número de víctimas: 2.605 personas, lo equivalente al 21%, seguido por el Meta con un 9%, Nariño con un 8,5%, Caquetá con un 7,9% y Norte de Santander con un 7,6%.
Con información de EFE e Infobae Colombia.
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