“La decisión por parte de las autoridades aeronáuticas uruguayas, no solo puso en peligro la seguridad operacional del vuelo que previamente había sido aprobado, sino que estando en conocimiento de las limitaciones de combustible con que partimos desde el aeropuerto de Ezeiza, criminalmente impidieron una escala técnica, pactada internacionalmente”. El que habla es Victor Pérez Gómez, uno de los 14 venezolanos que viajaron en el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Su relato es parte de una denuncia judicial que presentó ante el juez federal Federico Villena y a la que tuvo acceso Infobae.
En esa presentación, firmada por dos abogados argentinos, Pérez Gómez se presenta como gerente general de Operaciones de Emtrasur, dueña del Boeing 747- 3B3, matrícula YV3531.
Su relato confirma que la carga del avión fue revisada al menos dos veces: el lunes 6 de junio, apenas aterrizó el avión en el aeropuerto de Ezeiza, y nuevamente el miércoles 8, luego del intento fallido de cargar combustible en Uruguay. También cuestiona la requisa “exhaustiva” adentro del avión, el viernes 10, con más de 60 efectivos de la PSA y perros especializados para detectar explosivos y drogas. “Compulsivamente suben a la aeronave, entrando por la puerta delantera izquierda y comienzan a desplegar una exhaustiva requisa con gran nivel de detalle sobre todos los espacios disponibles de la nave e incluso los efectos personales de la tripulación que habían quedado allí. Se quitaron paneles, se chequearon galley, trolley, hornos, etc, sin dar ningún tipo de fundamento ni exhibir documentación alguna”, detalló.
En el avión de Emtrasur viajaron 5 iraníes y 14 venezolanos. Todos están imputados en la causa judicial, pero todavía no declararon en la Justicia. Por el momento solo se tomaron declaraciones testimoniales.
En su denuncia, el gerente de Emtrasur acusa a los funcionarios que intervinieron en el operativo y pide ser aceptado como querellante en el expediente. El argumento central de la presentación es que “los funcionarios de la PSA actuaron sin advertir a la autoridad judicial competente y menos aún sin mediar ningún tipo de orden judicial que lo habilite a allanar el avión de bandera extranjera”.
Efectivamente, el juez Villena intervino recién el sábado a la mañana a partir de un habeas corpus presentado por el abogado Rafael Resnick Brenner, que luego se corrió de la investigación.
Ahora la causa está bajo secreto de sumario. Sin embargo, en las últimas 48 se ordenaron unas 30 medidas de prueba, pudo saber Infobae. Una de esas medidas es una inspección del avión, pero esta vez con presencia de autoridades judiciales. Como ayer trascendió en los medios, el juez decidió reprogramarla.
El relato del gerente de Emtrasur arranca cronológicamente por la llegada a Ezeiza, luego de una parada obligada en el aeropuerto de Córdoba que duró menos de dos horas. Esa primera noche la tripulación se alojó en el Hotel Plaza Central Canning.
Al día siguiente fueron el aeropuerto con la idea de regresar a Venezuela. “Al momento de hacer migraciones se nos entrevistó personalmente a cada tripulante, situación por demás llamativa. Allí se nos indagó sobre quienes éramos, por qué éramos tantos, el cargo y función de cada uno, lugar donde nos alojamos, etc. Nunca nos había sucedido con anterioridad”, se quejó.
Ese mismo martes empezaron los problemas para la tripulación porque la empresa Shell les comunicó que nos les vendería combustible. A través del handling Marcelo Di Sanzio buscaron otra alternativa, pero no lo lograron y decidieron volar el miércoles a Uruguay, donde se les impidió el aterrizaje. “Esta decisión por parte de las autoridades aeronáuticas uruguayas, no solo puso en peligro las seguridad operacional del vuelo que previamente había sido aprobado, sino que estando en conocimiento de las limitaciones de combustible con que partimos desde el aeropuerto de Ezeiza, criminalmente impidieron una escala técnica, pactada internacionalmente”, dice la denuncia judicial.
Recién cuando el avión regresó a Ezeiza, hubo un operativo especial entre varios organismos. “La tripulación procedió a descender de la aeronave y nos dirigimos al área de migración, en ese momento nos hicieron esperar y hacen pasar primeros a los ciudadanos iraníes y luego los venezolanos. Una vez realizados todos los trámites migratorios nos informan que el ingreso al país seria provisorio y se retendrían los pasaportes de toda la tripulación, para luego dirigirnos al hotel en compañía de personal de la PSA”, detalló.
La tripulación, que ya tenía los pasaportes retenidos, se alojó dos noches en el Holiday Inn de Ezeiza y el viernes se mudó al Plaza Central Canning.
Ese viernes 8, cuando la noticia ya había trascendido en los medios, se concretó el segundo operativo con unos 60 efectivos de la PSA y perros anti drogas y anti explosivos. “Terminada esta cuestión, se procede a mover la nave a la posición remota; una vez allí se cierra y se asegura mediante precintos la nave por parte del personal técnico de nuestra empresa. Luego de ello se comunican con quien suscribe de la dirección de Migraciones para comunicarnos que se había dispuesto la devolución de los pasaportes de todos los ciudadanos venezolanos, quedando retenido no obstante los de los iraníes”, relató el gerente de Emtrasur.
En su presentación, Pérez Gómez acompañó el contrato de compraventa del avión entre Lance Tech General Trading y Conviasa, y un contrato con la empresa Alcux Air Spain, revelado por este medio. Ese último documento estipulaba un vuelo para el 2 de junio desde México y un costo de USD 600 mil por el traslado. Efectivamente, el viaje se retrasó dos días porque el avión no contaba con la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil de México.
La Justicia investiga por estas horas los antecedentes de todos los tripulantes y las condiciones del avión. “Todavía no hay ningún informe concluyente sobre los iraníes”, destacó una fuente de la investigación.
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