“¡Esta es una agenda gorila!”: en medio de un escándalo, diputados de Unión por la Patria abandonaron un debate sobre proyectos laborales

Al grito de “esta es una agenda gorila”, 6 diputados de Unión por la Patria abandonaron intempestivamente la reunión de este mediodía de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja para frustrar la definición de la agenda de 28 proyectos que proponen cambios laborales que afectan a la caja sindical, limitan los mandatos de los dirigentes y exigen más transparencia en los gremios.

Los legisladores peronistas se fueron apenas una hora después de comenzado el encuentro. El titular de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, el radical Martín Tetaz, afirmó en las redes que “lamentablemente el kirchnerismo se retiró cuando vio el enorme consenso del resto del arco político para avanzar en: 1) Límites a las reelecciones de los sindicalistas, 2) Participación de las minorías (25%) en los cuerpos directivos, 3) Más libertad en las obras sociales, 4) Fin de los descuentos forzosos para cuotas sindicales y otros ítems, y 5) Más transparencia en los sindicatos”.

En la misma línea, su colega de bancada Pamela Verasay publicó en X: “Se ofenden no por los derechos de los trabajadores, sino para proteger los privilegios de los patrones sindicales”.

La reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo fue convocada para este martes, a las 11, para poner a consideración el tratamiento de 28 proyectos de ley para empezar a tratarlos. Una abrumadora mayoría de las iniciativas son impulsadas por el PRO y la UCR, además de la Coalición Cívica y parte de Hacemos Coalición Federal, y proponen modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.

Curiosamente, ninguna de las iniciativas laborales lleva lleva la firma de los libertarios. La única excepción es Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza, que acompaña el proyecto que promueve Verónica Razzini, del PRO, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), la más activa en empujar para que haya más cambios que limiten al poder sindical y favorezcan a las pymes.

Otra curiosidad es que hay un solo proyecto de diputados de Unión por la Patria, presentado por Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea y Rosana Bertone, entre otros, que apunta a blindar la protección que brinda la tutela sindical ante despidos con justa causa de los representantes gremiales en los casos que “se verifique la existencia de peligro para las personas o bienes de la empresa”, algo que surge de la aplicación del decreto 467/88, que modifica la Ley 23.551.

Con su gesto de abandonar la reunión de este mediodía, sin embargo, los diputados peronistas también boicotearon el avance de su propio proyecto. Ahora, el encuentro de la Comisión de Legislación del Trabajo que presidió Tetaz seguirá el martes próximo, donde finalizará la presentación de los distintos diputados de las iniciativas laborales y se definirá una reunión informativa para que expongan sindicalistas, abogados y expertos, y luego se intentará unificar dictámenes en busca de la aprobación de los proyectos para su tratamiento en una sesión de Diputados.

Entre los proyectos promovidos desde el PRO y la UCR figuran muchos puntos que quedaron afuera de la modernización laboral incluida en la Ley Bases, a partir del acuerdo con la CGT para eliminar 42 artículos de su versión original, como la transparencia en el manejo de los fondos de los gremios, la democratización sindical, los aportes sindicales y las cuotas solidarias, entre otros puntos.

Uno de los proyectos es de María Eugenia Vidal (PRO), acompañada por Cristian Ritondo, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Diego Santilli, entre otros, en el que se plantea la obligatoriedad de que los dirigentes sindicales presenten regularmente declaraciones juradas patrimoniales y la limitación de los mandatos a 4 años, con el derecho a ser reelegidos por una única vez.

Otro, presentado por Martín Tetaz (UCR), junto con diputados de distintas bancadas como Sabrina Ajmechet, Fabio Quetglas, Margarita Stolbizer y Carla Carrizo, entre otros, apunta a la democratización de los sindicatos y de las obras sociales, con medidas como la derogación de la reelección perpetua, la limitación de los mandatos y la inclusión de las minorías en los órganos deliberativos y directivos de los gremios si en las elecciones alcanzan al menos el 25% de los votos de sus afiliados.

Verónica Razzini (PRO), por su parte, impulsa un proyecto de ley que replica el contenido de la reforma laboral incluida en el DNU 70, junto con Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bongiovanni. Ricardo López Murphy, Martín Yeza y Damián Arabia, entre otros. En el texto figuran el artículo que suprime las cuotas solidarias, el recurso para financiar los gremios mediante aportes de todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no, finalmente excluido de la Ley Bases, y otros puntos como la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales como la educación y el transporte, y los cambios en el régimen del teletrabajo.

La iniciativa de la diputada y empresaria santafesina también contempla un artículo suprimido en el DNU que propone incorporar en el Código Penal duras sanciones contra los bloqueos sindicales a las empresas: “Será reprimido con 3 a 6 años de prisión quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollare simultáneamente sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, la pena será de 4 a seis 6 años de prisión”.

Héctor Stefani (PRO) presentó 3 proyectos de ley en materia laboral, uno de los cuales impone la “ficha limpia gremial”, es decir, la imposibilidad de que los dirigentes condenados por diversos delitos integren los órganos directivos ni otro tipo de cargos en ningún tipo de asociación sindical.

En el caso de la iniciativa propuesta por Soledad Carrizo (UCR), plantea que los estatutos de los sindicatos deberán garantizar “la transparencia y la prevención de la corrupción en el desarrollo de sus fines y actividades”, “la alternancia de los miembros de los órganos de dirección y administración, limitando su reelección indefinida; el acceso a la libre información pública en conformidad con la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, y “el establecimiento de un código de ética o conducta para sus afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”.

Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), por su parte, es autor de uno de los diversos proyectos que elimina las cuotas solidarias: “La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas sólo para los afiliados”.