Tal y como lo había advertido el excanciller Álvaro Leyva, el expresidente de la República Juan Manuel Santos envió el lunes 3 de junio de 2024 una carta al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que expresaba sus inconformidades por lo que sería la intención del actual Gobierno de convocar a un proceso constituyente por la vía del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.
En uno de los apartes, Santos –que fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018– expresó que, frente al proceso de paz con la extinta guerrilla, que se desmovilizó tras la firma en septiembre de 2016, “ningún aparte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente”.
Para Santos, la Corte Constitucional revisó la compatibilidad con la Constitución, no solo de las leyes que desarrollaron el acuerdo, sino también de las reformas constitucionales. “De conformidad con las reglas y doctrinas constitucionales comúnmente aceptadas en esa materia en Colombia, país que se enorgullece de una tradición más que centenaria de respeto al principio de supremacía constitucional”, agregó.
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Santos recordó en su misiva que el 29 de marzo de 2017, en su condición de Jefe de Estado, compartió a la ONU el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, como se denominó el documento, suscrito entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que quedó en firme el 24 de noviembre de 2016.
“También solicité que se diera bienvenida al nuevo acuerdo y lo enviara al Consejo de Seguridad en el marco de la Resolución 2261 y de la resolución 2307 de 2016, aprobadas por unanimidad en dicho Consejo, para que se generara un documento oficial que anexara a la resolución 2261 (2016) el texto completo del Acuerdo Final. Agradezco que así haya ocurrido”, indicó Santos.
Las preocupaciones de Juan Manuel Santos transmitidas en la carta a Guterres
Santos no ocultó su inquietud acerca de lo que para él es un “principio de buena fe” en la interpretación y aplicación del acuerdo. Y enfiló hacia personajes cercanos al presidente. “Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe”, resaltó.
Y destacó que el acuerdo, “lejos de prever mecanismos extrainstitucionales o de buscar eludir los procedimientos establecidos en la Constitución”, fue ratificado por el Senado el 29 de noviembre de 2016 y por la Cámara de Representantes el 30 de noviembre de 2016, a través del mecanismo que en ese entonces se conoció como el fast track.
“Además, en aquellos aspectos cuya implementación exigía cambios constitucionales, se siguió el procedimiento establecido en la Constitución para la adopción de enmiendas en cumplimiento de lo acordado”, señaló Santos.
Del mismo modo, indicó que “se ha pretendido desconocer la letra y el espíritu del acuerdo”, así como la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada –a su juicio– para evitar la impunidad”. Con lo que, afirmó, se está tratando de imponer desde sectores del Estado una manera de proceder, “mediante afirmaciones de ‘aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal”.
En el concepto del exmandatario, nada en el acuerdo final puede ser distorsionado para abrir la posibilidad de conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones, “por tales crímenes de connotación internacional, mucho menos a los máximos responsables”. Y confirmó que tanto Felipe González, exjefe del Gobierno de España, y José Mujica, expresidente de Uruguay, “están totalmente de acuerdo con el espíritu y el contenido” de la comunicación.
Esta es la carta enviada por el expresidente Santos al secretario General de la ONU:
En desarrollo…
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