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Una edición recién publicada de la revista británica, The Economist resaltó que 2021 probablemente será uno de los años más fríos del siglo XXI (aunque esta ha sido la década más caliente de la historia) dado que la comunidad internacional ha sido incapaz de reducir a las emisiones, que están impulsando el calentamiento global.
Para evitar este escenario, necesitamos limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados, tal como lo establece el Acuerdo de París. En este sentido, los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe deben llevar la acción climática al siguiente nivel para impulsar la transformación hacia las economías verdes y promover una recuperación sostenible en la postpandemia.
Estos ministerios juegan un rol central pues sus estrategias y políticas económicas influencian las decisiones de inversión del sector privado y cómo los recursos de los gobiernos pueden ser apalancados para combatir el cambio climático.
La necesidad de acción es urgente. La frecuencia anual de los eventos climáticos extremos se incrementó en más de 50% entre 2001-2019 comprado con en promedio entre 1980-2000 en nuestra región, perjudicando de sobremanera a los más vulnerables y causando pérdidas de entre el 0,2-0,3% del PIB anual para la región en las últimas dos décadas.
Primero, los ministerios de finanzas necesitan fortalecer la gestión de estos riesgos. Deben mejorar la gestión de la inversión pública, incorporando elementos de resiliencia y gestión de riesgos y usar las metodologías que permitan cuantificar y gestionar el gasto público relacionado a desastres naturales. Valdría la pena: cada dólar invertido en hacer más resiliente la economía puede generar hasta cuatro dólares en beneficios económicos.
Segundo, deben promover una transición justa y estratégica hacia economías verdes. Eso significa gestionar los riesgos fiscales causados por la reducción de la demanda por combustibles fósiles y expandir el uso de energías renovables y de negocios verdes.
Se estima que la producción de petróleo latinoamericano debería reducirse a menos de 4 millones de barriles por día en 2035 de acuerdo con la meta del Acuerdo de París, lo que causaría una pérdida de casi tres billones de dólares (millones de millones)de recaudación para los gobiernos en la región hasta 2035.
Los ministerios de finanzas necesitan diseñar estrategias fiscales para promover una adecuada gestión de los impuestos, del gasto, y de los subsidios para mitigar estas pérdidas y reducir los posibles costos fiscales generados por activos varados y abordar los impactos distributivos en los sectores económicos y en los trabajadores afectados por la transición.
También pueden hacer una contribución para impulsar la creación de empleo: Una adecuada planeación fiscal contribuiría a que la descarbonización de las economías de la región pueda crear 15 millones de nuevos empleos netos para 2030.
Por último, mientras que los países diseñan sus planes de recuperación, los ministerios de finanzas pueden apoyar la elaboración de las estrategias de descarbonización y adaptación que pueden guiar el proceso.
Estas estrategias pueden desempeñar un rol esencial para ayudar a identificar y planificar el despliegue de proyectos y políticas de las energías renovables, infraestructura digital, y las soluciones basadas en la naturaleza. Además, pueden ayudar a garantizar que los fondos públicos eviten rescatar a industrias contaminantes y apoyar la expansión del financiamiento al sector privado, incluyendo el desarrollo de un mercado de bonos verdes.
El timing para implementar estas medidas es ahora. Dentro de nuestra estrategia institucional Visión 2025 hemos identificado que abordar el cambio climático de modo transversal en las operaciones de los gobiernos es una gran oportunidad para nuestra región apalancar una recuperación sostenible en la postpandemia. En este sentido, los ministerios de hacienda juegan un rol central para concentrar esta oportunidad y evitar que 2021 sea uno de los años más fríos de este siglo.
Raúl Delgado y Aloisio Lopes contribuyeron también a la columna. Los tres autores son especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo y editores del libro, Política Fiscal y Cambio Climático: Experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe.
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