(FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM) (Diego_Simon/)
“No es penoso, es político” fueron las palabras que Jesús Murillo Karam enunció después de que a su domicilio arribara personal de la Fiscalía General de la República (FGR) a cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por presuntamente haber incurrido en los delitos de desaparición forzada, tortura y administración de la justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Fue así como el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) fue detenido y trasladado a las inmediaciones del Reclusorio Norte en la Ciudad de México en donde, tras más de 12 horas de audiencia, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, no obstante, será hasta este miércoles cuando se defina si Jesús Murillo Karam será o no vinculado a proceso.
Si bien los nuevos avances en la investigación del Caso Ayotzinapa han supuesto un rayo de esperanza para la ciudadanía que lleva casi ocho años en la búsqueda de justicia, el actuar tanto de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador como de las autoridades competentes ha dejado algunos cabos sueltos que continúan causando incertidumbre, o al menos así lo considera María Amparo Casar, analista política de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En un artículo de opinión publicado en el portal web de la organización civil, la analista política colaboradora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuestionó el actuar de las autoridades en el momento de la detención de Jesús Murillo Karam pues, de acuerdo con testimonios, al ejecutar la orden de aprehensión el agente judicial intentó leerle sus derechos, sin embargo, no logró recordarlos de memoria.
Dicha situación, sumada a un par de inconsistencias más, provocaron que el juez de control reprendiera a los representantes de la Fiscalía General de Justicia (FGR) durante la audiencia inicial del proceso que se lleva a cabo en las inmediaciones del Reclusorio Norte.
“Hay un desorden, no vienen debidamente preparados […] a la siguiente voy a requerir a sus superiores jerárquicos”, advirtió el juez de control de acuerdo con reportes de la prensa local.
Pese a ello, Amparo Casar afirmó estar de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el hecho de que debe tenerse en cuenta que el Caso Ayotzinapa se divide en dos acciones. La primera, refirió la analista política, tiene que ver con la muy lamentable desaparición de los 43 estudiantes y los responsables de ella; la segunda evoca a la actitud de las autoridades y a cómo se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos.
Aunque ambas acciones suponen delitos gravísimos y merecen la imposición de penas considerables, cada uno es de naturaleza muy distinta. Bajo ese tenor, Amparo Casar explicó que no es lo mismo mandar a desaparecer -y posiblemente asesinar- a 43 estudiantes que encubrir la verdad.
Justicia y funcionarios públicos
Jesús Murillo Karam y autoridades federales son acusados por haber obstruido la justicia a través del montaje conocido y denominado por el exprocurador como “La Verdad Histórica”, misma que consistió en la alteración y manipulación premeditada de evidencia, no obstante, al alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto también se le imputan los delitos de tortura y desaparición forzada, explicó Amparo Casar.
El artículo de la analista política de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) alcanza un punto álgido al mencionar que en lo que no coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador es en que estamos frente a una “situación inédita, porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad, pero eso se terminó”.
Amparo Casar señaló que aunque suena impresionante que la Policía Federal Ministerial haya cumplimentado una orden de aprehensión en contra del exprocurador, será cuestión de tiempo para saber si Jesús Murillo Karam cumplirá algún tipo de sanción por los actos que se le acusan pues, durante la última década, en México se han detenido a decenas de funcionarios públicos señalados de haber cometido algún delito.
“El problema es que en su mayoría han sido actos políticos y no actos de justicia”, acusó la analista política de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Amparo Casar.
De acuerdo con lo expuesto por la analista política, en la mayoría de los casos de funcionarios públicos detenidos no se ha respetado el debido proceso por lo que lo verdaderamente inédito sería que a las y los servidores públicos acusados de incurrir en algún tipo de delito se les siguiera un proceso judicial sin tintes de venganza política y “midiéndolos con la misma vara”.
Dichos precedentes llevaron a Amparo Casar a cuestionar si los nuevos avances en el Caso Ayotzinapa de verdad traerán justicia a los padres y familiares de los 43 normalistas desparecidos pues aseguró que el camino parece más político que promisorio de justicia.
Y es que la sucesión de los hechos habla por sí misma, puntualizó. A escasos días de cumplirse ocho años de la desaparición, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que contiene las indagatorias; el pasado 19 de agosto padres de los 43 normalistas cuestionaron la nueva verdad argumentando que “es una posición política de gobierno que quiere hacer ver que cumplieron… pero dista mucho de llegar a esos niveles de esclarecimiento”.
Esa misma tarde detuvieron a Jesús Murillo Karam y horas después la Fiscalía General de la República (FGR) informó la liberación de 83 órdenes de aprehensión en contra de mandos militares y personal de tropa en Iguala, contra autoridades administrativas y judiciales, contra policía municipales y del estado y contra 14 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Lo extraño, recalcó la analista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), es que dicha secuencia de hechos se dio en medio de la mayor crisis de inseguridad que se ha dado en el sexenio e, igualmente, enfatizó lo raro que es que de todas las órdenes de aprehensión únicamente se haya cumplimentado hasta el momento la de Jesús Murillo Karam.
“Ni siquiera el de los supuestos responsables (Guerreros Unidos) de la desaparición. ¿Vendrán?”, aseveró Amparo Casar.
Finalmente, la analista política mencionó que es de extrañarse que a pesar de que se han documentado decenas de casos de corrupción a lo largo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se ha llevado a la justicia a ningún alto funcionario.
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