ERC, Junts, CUP y Comuns han pedido en el Parlament la retirada de las imputaciones por terrorismo vinculadas al caso ‘Tsunami Democràtic’ y han condenado la “persecución política” de los movimientos populares independentistas.
Lo han hecho en una declaración de apoyo a los encausados en este caso que la vicepresidenta de la Cámara, Alba Vergés, ha leído en la Diputación Permanente que se ha celebrado este viernes.
En el texto, el Parlament expresa su defensa del derecho a la protesta “como un mecanismo esencial para alcanzar cambios sociales y defender propuestas políticas legítimas, como el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán”.
También condenan el uso de la justicia “en una nueva persecución política contra las movilizaciones sociales y el ejercicio de derechos fundamentales, en particular contra el movimiento independentista”.
Además, rechazan cualquier equiparación del independentismo con terrorismo y lamentan la “represión” que el Estado ejerce contra el independentismo y la movilización popular.
MODIFICACIONES
En la declaración se emplaza al Gobierno y al Congreso a hacer las modificaciones legales pertinentes “para que nunca más se pueda equiparar la disidencia política al terrorismo”.
Para los impulsores del texto, las imputaciones por terrorismo representan una injerencia del poder judicial sobre el legislativo “que debilita la democracia y la voluntad de la ciudadanía”.
Así, consideran que las investigaciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo suponen “un ataque directo al ejercicio de los derechos fundamentales”.
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