(Washington, Estados Unidos) En momentos en que la dictadura de Nicaragua aumenta la persecución contra la oposición, los países de las Américas negocian una resolución para ser aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la próxima semana en Washington, en la que le reclaman a Daniel Ortega que “libere de manera inmediata e incondicional” a todos los presos políticos, “que cese la represión y la detención arbitraria de líderes de la Iglesia católica” y que deje sin efecto las normas que privan de la ciudadanía a los opositores deportados.
La OEA creó en 2018 un grupo de seguimiento de la crisis nicaragüense que es liderado por Chile y Canadá y acompañado por Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Panamá y Perú. Desde que se creó el grupo, los gobiernos de algunos de esos países cambiaron de color político. Por ejemplo, en Chile asumió el gobierno izquierdista de Gabriel Boric pero lejos de que eso implique una reducción de las críticas a la dictadura de Ortega y su esposa Rosario Murillo, la condena ha continuado.
“Chile quiere recordar que la crisis de la que estamos hablando ha costado la vida a al menos 355 personas. Ha sometido a prisión política a más de 1.600 ciudadanos y ha provocado la emigración de cientos de miles de nicaragüenses. Para Chile esto es significativo y muy urgente”, dijo el embajador chileno Sebastián Kraljevich la semana pasada en el Consejo Permanente de la OEA, al presentar una actualización del trabajo del grupo de seguimiento.
Según dijo el representante permanente del gobierno de Boric, la historia de Chile y “el trauma” generado por el golpe de Estado del que se cumplen 50 años, hicieron al país aprender “la importancia de la solidaridad internacional”. Por ello entienden que la historia obliga a Chile a “sostener una combinación de denuncia y diálogo en defensa de los derechos humanos y la democracia”.
La mayoría de los países que integran ese grupo de seguimiento habló en la sesión del Consejo Permanente de la OEA del pasado 7 de junio. Pero hubo un silencio que llamó la atención: el de Brasil. Así lo hizo notar el ex representante de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields Yescas en un columna publicada en Infobae.
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El ex embajador, que sorprendió en marzo de 2023 con una intervención ante la OEA en la que denunció la dictadura de su país, cuestionó ahora el silencio de Brasil en la sesión de la semana pasada. “Durante los últimos cinco años, Brasil había sido vocal y valiente sobre los abusos de Ortega. Ya no más”, escribió McFields Yescas.
El silencio de Brasil es una incógnita y no está claro qué postura tendrá el gobierno de Lula Da Silva. El mes pasado, el presidente brasileño defendió a otro dictador de izquierda de la región, cuando dijo que lo de Venezuela era una “narrativa” y lo invitó a una cumbre en Brasilia con los otros jefes de Estado de Sudamérica. Esos dichos le generaron críticas no solo de muchos opositores venezolanos, sino también de otros presidentedes de la región como el uruguayo Luis Lacalle Pou y el chileno Boric.
El texto de la declaración que negocian
Canadá, junto con Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos redactó un proyecto de declaración para la Asamblea General de la semana próxima que además de llamar al diálogo, condena duramente al gobierno de Ortega.
El texto, que fue puesto a consideración del resto de los países y pretenden que sea aprobado por aclamación y no sea necesario ponerlo a votación, evita la palabra “dictadura” pero habla de una “profunda alarma” por la “represión, el cierre del espacio cívico, las violaciones a los derechos humanos, incluida la denegación de derechos civiles y políticos básicos de la ciudadanía nicaragüense, así como la violación del derecho a la propiedad y seguridad social, por medio de la confiscación de bienes y activos y la denegación de pensiones para aquellas personas privadas de la nacionalidad”.
La iniciativa de resolución muestra la preocupación por “las denuncias de violación grave y sistemática del derecho a la libertad religiosa en el ámbito público y privado mediante, entre otras cosas, la detención arbitraria, el hostigamiento y la expulsión injustificada de miembros y clérigos de comunidades religiosas; el cierre forzoso de centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria creados por la Iglesia católica; el cierre de entidades dedicadas a obras de caridad y asistencia social; la denegación de acceso a lugares de culto y el impedimento de la difusión de creencias religiosas mediante la supresión de medios de comunicación católicos”.
Además, la mayoría de los integrantes de esa comisión de seguimiento proponen “instar al gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta en contra de las personas en el país y al total restablecimiento de los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas, y el Estado de derecho y a que detenga toda forma de intimidación y acoso contra periodistas, medios de comunicación, comunidades religiosas y organizaciones no gubernamentales, respetando su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Solicitan también que se implementen medidas para garantizar la “independencia” e “imparcialidad” de la Justicia, insta a cesar los ataques a la Iglesia católica y cuestiona “la privación arbitraria de la nacionalidad, que socava el disfrute de los derechos humanos” a cientos de ex presos políticos que fueron deportados.
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