Fue una negociación judicial signada por el más absoluto hermetismo entre la fiscal del caso Rafael Nahuel, Sylvia Little, y el abogado Matías Scharer. Fausto Jones Huala, procesado con prisión preventiva en enero pasado por los delitos de “resistencia a la autoridad agravada por haberse cometido a mano armada” y por la “usurpación” del predio de Villa Mascardi, recuperó su libertad tras haber sido condenado en un juicio abreviado a seis meses de prisión en suspenso.
El hermano menor de Facundo Jones Huala, quien permaneció 10 meses prófugo, se puso el jueves a derecho y se entregó en el Juzgado Federal de Bariloche a cambio del beneficio de ese trámite procesal y de ver reducida la pena de su condena. Evitó así el largo trajín judicial de tener que recurrir su procesamiento y llegar eventualmente a la instancia del juicio oral.
Esta mañana, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, homologó el acuerdo pactado entre la fiscal Lyttle y su defensor. Antes Jones Huala, de 25 años, reconoció su culpabilidad por los delitos que le había formalmente imputado el 9 de enero pasado el juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, y se comprometió a acatar una serie de pautas de conducta impuestas por la magistrada.
En la instancia de juicio abreviado, tal como prevé el Código Procesal Penal, otro magistrado, distinto al de primera instancia, debe revisar y homologar el acuerdo durante una audiencia.
Fausto Jones Huala es el activista mapuche que junto a su compañero Lautaro González, todavía prófugo y con pedido de captura internacional, bajó el cuerpo sin vida de Rafael Nahuel en Villa Mascardi el 25 de noviembre de 2017, tras un enfrentamiento armado con una patrulla del grupo Albatros.
Rafita, el joven mapuche de 22 años, murió por el disparo de una bala 9 mm procedente de una de las armas que portaban los cinco prefectos durante su patrullaje del predio desalojado, propiedad de Parques Nacionales, aunque las pericias balísticas hasta ahora no han logrado determinar de forma irrefutable quién percutió el arma homicida.
En esa causa, donde cinco Albatros fueron procesados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego con exceso en la legítima defensa, fallo ahora apelado, no pudo probarse de manera indubitable que los mapuches hubieran disparado armas de fuego. Ello a pesar de los residuos de pólvora hallados en las manos de Jones Huala y de su compañero González.
En el Ministerio de Seguridad, lejos de irritarse, se mostraron conformes con la resolución de ese caso en particular. “Es mejor que Fausto Jones Huala esté a derecho y creemos que este paso permite que avance el proceso para que se acredite que los prefectos repelieron una agresión armada por parte de los mapuches”, señalaron en esa cartera.
Fuentes judiciales vinculadas al conflicto mapuche en la Patagonia manifestaron a Infobae que el “atajo procesal” sirve para bajarle decibeles al conflicto indígena a través de una salida negociada de diálogo con imposición de reglas que “luego se verá si se cumplen”.
En tanto, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu continúa ocupando el predio de seis hectáreas que reclama Parques Nacionales en Villa Mascardi, a 30 km de Bariloche.
El menor de los Huala, en tanto, está imputado en otra otra causa, por lesiones y daños contra efectivos y patrulleros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Lof de Cushamen el 17 octubre 2017, cuando fue encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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