Con 382 votos a favor y 118 en contra, la Cámara de Diputados brasileña acaba de aprobar una reforma que muchos han calificado de histórica. “Brasil tendrá su primera reforma tributaria desde el inicio de la democracia. Es una gran victoria para el país”, dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para Josué Gomes, presidente de la FIESP, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, “muchos merecen un aplauso, fue una batalla que duró décadas”. La nueva reforma pasa ahora al Senado. Si se aprueba, entrará definitivamente en vigor a partir de 2033, tras un periodo de transición que comenzará a partir de 2026.
Como ha señalado la prensa brasileña, esta reforma se ha politizado desde el principio, restando espacio para un análisis objetivo de su contenido y posibles implicaciones en la economía del país. La polarización se hizo patente. Algunos calificaron la votación como una victoria del nuevo gobierno, otros como una derrota del expresidente Jair Messias Bolsonaro, quien incluso se enfrentó con el gobernador del estado de San Pablo, Tarcisio de Freitas, su antiguo aliado político. De hecho, el texto que luego fue aprobado sólo se distribuyó en su forma definitiva a los parlamentarios unas horas antes del inicio de la votación. Por ello, muchos se preguntan hasta qué punto la votación estuvo motivada por el conocimiento detallado de la propuesta o si prevalecieron los intereses políticos y económicos. Unas horas antes, Lula había entregado otros 5.400 millones de reales, unos 1.100 millones de dólares, de fondos públicos a los diputados para que la votaran.
El objetivo central de la reforma es la simplificación de los impuestos federales, estatales y municipales. Según el texto, cinco impuestos existentes serán sustituidos por dos Impuestos sobre el Valor Añadido (IVA). Uno será gestionado por la Unión y el otro con administración compartida entre estados y municipios. La buena noticia es que el país realmente necesitaba una simplificación tributaria para alinearse con los parámetros ya vigentes en gran parte del mundo. En Brasil, según datos de 2019 del Banco Mundial, una empresa mediana dedica casi 1.500 horas al año a calcular y pagar impuestos. Es una enormidad comparado con Estados Unidos, donde el tiempo que se tarda en hacer lo mismo se ha calculado en 175 horas. Además, hasta ahora era bastante habitual que algunas empresas brasileñas con operaciones en varios estados tuvieran que recurrir a grandes equipos de contables y abogados para gestionar las diferencias entre los distintos impuestos locales aplicados.
El Gobierno, por su parte, ha intentado tranquilizar diciendo que la reforma no aumentará la presión tributaria total del país. Pero si se mantiene sin cambios, cualquier aumento en un sector se verá inevitablemente compensado por reducciones en otros. El sector servicios, en particular, teme una subida de impuestos, como denunciado por la Confederación Nacional de Comercio, Bienes, Servicios y Turismo. Además, el texto no especifica el tipo definitivo del IVA, ni el Gobierno ha hecho declaraciones al respecto. Algunos estudios indican una posible alícuota del 25 % pero en la reforma sólo se especifican los tres tipos de IVA: el único como norma general, otro reducido del 60% y un “tipo cero” para determinados bienes. Además, el impuesto se recaudará “en destino”, es decir en el lugar donde se consuma el bien o servicio, y no “en origen”, como ocurre actualmente. Entre los sectores que recibirán un tratamiento fiscal diferenciado figuran las transacciones inmobiliarias, los servicios financieros, los seguros, las cooperativas, los carburantes y lubricantes y los seguros de salud. La última versión del texto también incluye los servicios hoteleros, los parques de atracciones y temáticos, los restaurantes y la aviación regional.
Uno de los puntos más criticados por su ambigüedad en el texto es el de la cesta básica, la canasta de alimentos que garantiza la supervivencia alimentaria de millones de brasileños. Hasta ahora estaba exenta de impuestos. El texto aprobado confirma el tipo cero, pero no define qué productos serán clasificados como productos de la cesta básica. Este punto, junto con otros, puede crear una inseguridad jurídica que perjudica tanto a los pobres como a las clases medias. Por ejemplo, si bien la reforma tributaria aumenta el poder del gobierno central para recaudar impuestos, también deja total discrecionalidad a los municipios para cambiar por decreto la base de cálculo del impuesto sobre la propiedad, que en Brasil se denomina IPTU. La especialista en derecho tributario Patricia Fudo explicó al sitio de noticias G1 que “el Ejecutivo abre así un resquicio para imponer aumentos de este impuesto con mayor facilidad y frecuencia, imponiendo una mayor carga tributaria a los propietarios de inmuebles, especialmente a los que tienen potencial de revalorización”. Es importante recordar que el IPTU es un impuesto universal en Brasil y también se paga en muchas favelas donde la población ya ha sentido la carga de los aumentos en el pasado.
La nueva reforma también autoriza a los estados y al Distrito Federal a crear un nuevo impuesto local para financiar inversiones hasta 2043. La autorización se incluyó en la llamada “enmienda aglutinadora” presentada en el pleno durante la votación y también apodada “Caballo de Troya” por el potencial negativo que conlleva. Se trata de 34 páginas en las que da carta blanca a los gobernadores para crear nuevos impuestos como el que grava los productos primarios y semielaborados que se producen en sus estados. Esta facultad, hasta ahora, era prerrogativa de la Unión. Según Luiz Bichara, del bufete Bichara Advogados, se trata de una aberración constitucional porque, de hecho, la enmienda crea una nueva competencia constitucional, permitiendo a los estados crear nuevos impuestos. “Estamos ciertamente ante un dispositivo que gravará las exportaciones”, dijo Bichara, “mañana los estados podrán gravar el petróleo, la energía, los minerales con este nuevo impuesto”. La “enmienda aglutinadora” también beneficia a los sectores más diversos, no necesariamente útiles para el crecimiento económico de Brasil. Por ejemplo, a petición del grupo evangélico de la Cámara, se amplió la inmunidad fiscal de los “templos de cualquier culto” para incluir a “sus organizaciones de beneficencia y caridad”, contrariamente al intento realizado en los últimos años de reducir estas exenciones.
Aunque el texto aprobado también grava jets y aviones y promueve cierta progresividad en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la renta de hecho no se toca, a pesar de los eslóganes de campaña de Lula de que con su gobierno los pobres volverían a ser el centro de atención de la economía. Además el hecho que grave el consumo pero no la renta ni los grandes patrimonios ha suscitado muchas críticas. El Ministro de Economía, Fernando Haddad, ha prometido que la reforma tributaria sobre la renta llegará en el segundo semestre del año, pero en una entrevista concedida a CNN Brasil el pasado mes de marzo, el Secretario del Ministro de Economía, considerado uno de los padres de esta reforma, Bernardo Appy, afirmó que “no está en la agenda del gobierno en este momento gravar los grandes patrimonios”.
De hecho, la tributación de los grandes patrimonios sigue siendo un tema tabú en un país caracterizado por una profunda división social desde la época colonial. El ministro de Economía Paulo Guedes del Gobierno Bolsonaro intentó proponer gravar los dividendos percibidos por las empresas, exentos en Brasil, pero el Congreso se opuso con dureza. Hoy en Brasil se asiste a la paradoja de que la clase media paga más impuestos en relación a sus ingresos que los multimillonarios, gracias a la no tributación de los dividendos, la baja tributación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otras maniobras fiscales que facilitan la elusión. Tanto es así que una entrevista concedida hace unos meses al diario Estado de São Paulo por uno de los CEO más famosos del país, Sérgio Zimerman, que dirige una famosa cadena de tiendas de animales, Petz, causó revuelo. “Yo, como director general de mi empresa, pago menos impuestos que una de nuestras cajeras. Es una vergüenza”, afirmó. Gravar a los súper ricos podría recaudar al año 292.000 millones de reales, unos 60.000 millones de dólares, según sostienen instituciones como la Federación Nacional de Auditores Fiscales de Estados y Distritos (Fenafisco) y la Asociación Nacional de Auditores Fiscales de Brasil (Anfip), que en el pasado presentaron 11 propuestas legislativas.
En los próximos seis meses es probable que todo el país se beneficie de la aprobación de esta reforma por la imagen que da Brasil de haber votado algo que no había podido aprobar en treinta años, lo que también puede atraer más inversiones. Pero a medio y largo plazo, el impacto real de esta reforma corre el riesgo de ser devastador para los más pobres y las clases medias, sobre todo si se malinterpretan las ambigüedades que deja abiertas el texto.
Por último, llamó la atención que el ministro de Economía Haddad pidiese al Congreso, según el Estado de São Paulo, la creación de un artículo, el 19, que beneficiaría a las empresas del Norte, Nordeste y Centro-Este. Entre ellas está la china BYD, con sede en Shenzhen, que produce coches eléctricos y está en conversaciones para comprar la fábrica de Ford en Bahía. BYD, vinculada al gobierno chino, ha sido acusada en un informe del Australian Strategy Policy Institute de utilizar mano de obra esclava procedente de los uigures, comunidad musulmana perseguida por el régimen de Pekín. Ayer, sin embargo, a petición del Partido Liberal de Bolsonaro, el artículo fue retirado.
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