La compañía de supermercados Santy, con sede en España y Guinea Ecuatorial, se ha visto envuelta en un escándalo legal en días recientes. No solo se les acusa de haber modificado las fechas de vencimiento de sus productor para poder venderlos, sino que, además, se les señala de esclavizar a sus empleados. Ciudadanos colombianos estarían involucrados. De acuerdo con lo que han detallado medios de comunicación locales, a los trabajadores se les estaría reteniendo sus pasaportes para obligarlos a quedarse allí. Fue la polémica de las fechas de caducidad la que llevó a que se descubriera esta nueva problemática que, al parecer, se estaría dando, y ha estado siendo denominada como esclavitud.
“Comercial Santy nace en 1960 como una empresa familiar. Comienza desarrollando su actividad en Guinea Ecuatorial y España con varias tiendas propias de importación/exportación de productos de alimentación y artículos textiles respectivamente ( (…) se ha consolidado a través de los años y la experiencia como una empresaria dinámica, ofreciendo una respuesta ágil a las demandas del mercado actual en todos aquellos sectores y proyectos en los que se desarrolla y embarca”, comenta la vocería de la compañía en su portal web.
La denuncia inicial fue hecha, a través de las redes sociales, por parte de Norberto Agustín Díaz, un extrabajador español de esa compañía. El hombre dejó en evidencia, gracias a videos, la forma en la que se llevaba a cabo el aparente fraude de las fechas de vida útil y aprovechable de los productos. Esto, por supuesto, generó un debate respecto a los riesgos que esto traía a la salud pública. En efecto, luego de las denuncias, las autoridades investigaron los hechos y, tras una inspección, hallaron los artefactos con los que se etiquetaban los productos con fechas modificadas y diferentes a las reales.
Se lograron capturar, entonces, a seis empleados, todos inmigrantes: cinco ciudadanos colombianos y uno originario de la India. A las seis personas se les acusó de delitos respectivos a acciones en contra de la salud pública luego de “haber falsificado las fechas de caducidad de los productos que venden a la población”. Estos empleados, sin embargo, no actuaban solos, confesaron que hacían aquellas labores por orden del hijo del dueño de la empresa, es decir, el español Raúl Hanna Mendoza.
Uno de los capturados es Estiven Rodríguez, director del grupo Santy en Malabo. El hombre, de acuerdo con testimonios recopilados por AhoraEG, y otros medios locales, aseguró no saber nada de lo que estaba pasando. “Yo como director de la empresa Santy desconozco la existencia de estas máquinas. Los que adulteraban las fechas de los productos, lo hacían sin mi consentimiento”, recalcó.
Con el fin de aclarar esa información, el equipo periodístico de Diario Criterio habló con algunos de los colombianos que trabajaron para aquella compañía, y expuso varias situaciones. Uno de ellos, reconocido como Johan Hernando Piedrahíta. El hombre asegura haber llegado a Guinea Ecuatorial en el 2017, a la ciudad de Bata, específicamente.
“La oferta laboral me la hicieron a través de un correo electrónico. Solo tuve que enviarles copia del pasaporte y ellos me sacaron la visa y compraron los tiquetes”, dijo a ese medio de comunicación el hombre de 35 años. Confesó que aunque todo parecía estar en orden, le generaba desconfianza que le quitaran el acceso a su pasaporte. Con el tiempo, descubrió que estaría sin ese documento durante 18 meses, pues era el tiempo mínimo que tenía que pasar allá, a la fuerza, pues de no cumplirlo, no recuperaría sus papeles de identificación. “Quienes se iban antes del tiempo estipulado, tenían que pagar de su bolsillo los tiquetes aéreos”, argumentó.
La empresa, creada en 1960, según se describe en su página web, se defendió de las acusaciones y, a través de un comunicado dirigido a la opinión pública, aseguró que nunca “ha tenido problema alguno en el ejercicio de comercio con sus clientes no autoridades del ramo (…) son totalmente falsos, puesto que forman parte de una estrategia de chantaje, ya que días antes este exigía una entrega de una cierta cantidad para no publicar los video, o en su defecto, seguiría publicando otros, lo cual ha llevado a cabo ante la negativa de la empresa de aceptar el chantaje; lanzando así los videos en cuestión”.
“En relación a los pasaportes, nunca se ha retirado un pasaporte obligatoriamente, se les ofrece que depositen de manera voluntaria los mismos en la caja fuerte de la empresa como medida de seguridad ante robos y/o pérdida, la razón es que Colombia no tiene ni Consulado ni Embajada en Guinea Ecuatorial y la pérdida y/o robo del pasaporte puede conllevar muchas complicaciones con las autoridades locales. Nadie nunca podrá decir que no le ha sido entregado su pasaporte cuando lo ha solicitado y de esto pueden dar fe los actuales empleados y exempleados”, decía un correo enviado a Diario Criterio por parte de Raúl Hanna Mendoza, del Grupo Santy.
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