Ella es doctora, él era chofer de limusina y juntos intentaron cerrar un acuerdo de 30 millones de dólares para vender armas

Especial para Infobae de The New York Times.

EUREKA, Misuri — Después de enemistarse con su socio en una empresa de limusinas en los suburbios de San Luis, Martin Zlatev buscó hace poco una nueva oportunidad lucrativa de negocio: vender 30 millones de dólares en cohetes, lanzagranadas y municiones al Ejército ucraniano.

Zlatev y su nueva socia, una osteópata local, hicieron sus pininos en la compra y venta de armas a nivel internacional. Documentos de contratos y otros registros que obtuvo The New York Times muestran que el acuerdo dependía de capas de intermediarios y transporte a través de siete países. Y existe en un área gris legal, diseñada para evitar las reglas sobre la exportación de armas de otros países.

“El tiempo es esencial”, hace poco escribió el par al Ministerio de Defensa de Ucrania. Describieron un plan para venderle armas estadounidenses, búlgaras y bosnias a Ucrania.

Desde la invasión rusa en febrero, el gobierno del presidente Joe Biden ha acelerado de manera discreta la aprobación de cientos de millones de dólares en ventas de armas privadas a Ucrania, con lo cual reduce el proceso de semanas a unas cuantas horas. En tan solo los primeros cuatro meses del año —los últimos datos disponibles— el Departamento de Estado autorizó más de 300 millones de dólares de acuerdos privados con Ucrania, según muestran documentos gubernamentales. Durante todo el año fiscal 2021, el departamento autorizó menos de 15 millones de dólares de este tipo de ventas a Ucrania.

Esto ha ayudado a abrir otro flujo de armas hacia el frente de batalla ucraniano, pero también ha seducido a actores como Zlatev y su socia, Heather Gjorgjievski, a ingresar en un mercado sombrío. Las armas que se venden mediante comerciantes privados son mucho más propensas a terminar en el mercado negro y resurgir en manos de los adversarios de Estados Unidos, según asesores del gobierno y académicos que han estudiado el comercio. Una experiencia reciente en Afganistán y Siria muestra que, sin políticas estrictas de rastreo, las armas pueden terminar en agrupaciones terroristas o fuerzas militares hostiles.

Esta venta de armas privadas es una nimiedad en comparación con los más de 17.500 millones de dólares en metralletas, misiles antitanques y otra ayuda de seguridad que le ha enviado la Casa Blanca a Ucrania. No obstante, esos acuerdos tienen estrictos requisitos de rastreo para que se pueda garantizar que las armas llegan a las manos de la gente deseada. Las ventas privadas tienen menos supervisión. Los vendedores, los compradores y las armas se mantienen fuera del escrutinio público.

Así como ha reducido el tiempo de aprobación para los acuerdos a menos de un día, el Departamento de Estado también ha acelerado el proceso de registro para nuevos vendedores de armas.

“Por lo general, es un proceso que tarda 60 días”, escribió Zlatev en una carta al Ministerio de Defensa ucraniano. “Nos aprobaron en siete días”.

Un martes reciente, en su casa ubicada en una calle cerrada de un vecindario suburbano, Zlatev, de 45 años, respondió a la puerta y negó tener conocimiento de algún acuerdo para vender armas. “No sé de qué me están hablando”, comentó cuando se le presentaron copias de los contratos que redactó su empresa para vender cohetes, lanzagranadas y balas al Ministerio de Defensa de Ucrania.

Cuando se retiraba de su consultorio médico ese día, Gjorgjievski, de 46 años, reconoció que sabía del acuerdo, pero no quiso hablar sobre el tema.

Richard El-Rassy, el abogado de la empresa de Zlatev, envió después un correo electrónico en el que explicó que la empresa buscaba “facilitar potenciales transacciones de compra y venta de productos de defensa con naciones extranjeras aliadas”. El-Rassy mencionó que el Departamento de Estado había aprobado la solicitud de la empresa para seguir adelante con un acuerdo.

Con una comisión típica para un comerciante de armas, el par saldría ganando más de 2 millones de dólares.

Los registros muestran que el acuerdo estaba en sus etapas finales y ambas partes habían revisado y corregido el contrato.

Sin embargo, después de que el Times les preguntó a El-Rassy y al gobierno ucraniano por qué el acuerdo dependía de documentos falsificados para evadir leyes internacionales de exportación, el abogado envió una nueva declaración en la que decía que el acuerdo se había cancelado. Tanto Bosnia como Bulgaria, dos fuentes clave de armas en el acuerdo, han declarado en público que no permiten las exportaciones de armas a Ucrania.

El gobierno de Biden promueve los acuerdos con el sector privado por varias razones. Le ahorra al Pentágono una mayor merma de su propio arsenal después de meses de enviar armas a Ucrania. Además, los vendedores privados pueden proporcionar armas que el gobierno no puede: como las armas estilo soviético que ya usan los soldados ucranianos.

No todas las ventas privadas conllevan los mismos riesgos. Por ejemplo, los gobiernos extranjeros suelen comprar armas de importantes contratistas estadounidenses de defensa. Los acuerdos como el que propuso Zlatev son distintos. En vez de vender directamente, involucran ventas de armas desde otros países, con varios intermediarios entre las partes.

Los registros muestran que Zlatev y Gjorgjievski planeaban proveer a Ucrania de balas producidas en Estados Unidos, así como de armas de Bulgaria y Bosnia.

Cada uno de los muchos intermediarios en el acuerdo es un punto donde se pueden desviar las armas, según expertos. Esto sucede bastante cuando se hacen acuerdos con países como Ucrania y Bulgaria que padecen una corrupción bien documentada y armas del mercado negro que fluyen sin restricciones.

“Todos los riesgos —el desvío, la escalada, la corrupción— se magnifican por el hecho de que no tenemos visibilidad en esos acuerdos del sector privado”, comentó Elias Yousif, investigador del Centro Stimson, un grupo de investigación de Washington que estudia el comercio de armas. “Se fomenta toda esta economía entera que existe en esa área gris a través de las fronteras y con gente con motivos cuestionables”.

Aunque los abogados aseguran que han percibido un influjo de nuevos comerciantes, un vocero del Departamento de Estado declaró que la agencia no había recopilado información para 2022 como para confirmarlo. Sin embargo, el vocero mencionó que los acuerdos de armas que se habían realizado como los que Zlatev propuso representan una pequeña fracción del comercio de armas autorizados por Estados Unidos.

El Departamento de Estado tiene un programa de rastreo que examina una porción de los acuerdos, para buscar riesgos de desviación de armas, entre otros asuntos. De las 19,125 solicitudes de exportación que autorizó el departamento en el año fiscal 2021, el programa de rastreo identificó 281.

Zlatev, quien es originario de Bulgaria, entró en el negocio de las armas en diciembre pasado durante un momento de peligro en casa y en el extranjero. Los soldados rusos se estaban acumulando cerca de la frontera ucraniana. La pandemia destruyó los viajes de negocios a San Luis, lo cual aniquiló la industria de las limusinas, y Zlatev tuvo un desacuerdo con su socio.

Zlatev decidió que la sede de su negocio, BMI US LLC, sería Eureka, una pequeña ciudad a las afueras de San Luis. La empresa comparte una dirección con un centro de entrenamiento de armas de fuego, al lado de un restaurante mexicano. Un entrenador dijo que Zlatev renta el espacio porque las regulaciones federales les exigen a algunos vendedores de armas que tengan una dirección física.

Documentos corporativos presentados después muestran que Gjorgjievski es una socia. El membrete de BMI tiene miras sobre la “I”.

El momento fue perfecto. Las autoridades ucranianas pronto exploraron el mundo en busca de armas, para gastar a toda prisa lo que fuera necesario para apuntalar las vanguardias. Por ejemplo, una empresa propiedad del Estado ucraniano comenzó a contactar a comerciantes de armas estadounidenses, pues quería comprar tanques, morteros y aviones de combate MiG-29 estilo soviéticos, según cartas que obtuvo el Times.

Los documentos muestran que el lado estadounidense del acuerdo de BMI fue relativamente claro. Una vez que el gobierno ucraniano depositara unos 25 millones de dólares en la cuenta de la empresa en Bank of America, BMI le pagaría a un intermediario para comprarle 2,2 millones de dólares en rondas de un excedente de municiones militares estadounidenses y transportarlas en avión a Polonia. Desde ahí, las balas llegarían en camión a Ucrania.

Por otro lado, BMI iba a comprar 540 lanzagranadas autopropulsados antitanques y 22 morteros de un productor bosnio. Estas armas iban a viajar en un convoy de camiones a través de Croacia, Eslovenia, Austria, Eslovaquia y Polonia hasta la frontera ucraniana, según los documentos del acuerdo.

Zlatev también planeaba enviar 900 cohetes aire-superficie desde Bulgaria, a través de Polonia, hasta Ucrania.

Las balas, los cohetes, los morteros y los lanzagranadas que Zlatev planeaba enviar era improbable que inclinaran de manera significativa la guerra en favor de Ucrania, comentó Yousif, el investigador. No obstante, el proceso de establecer intermediarios, rutas comerciales y agentes con documentos falsificados podía tener un impacto duradero.

Según Yousif, una vez que termine la guerra, Ucrania podría convertirse en un centro de venta de armas del mercado negro: “El mercado ilícito provendrá de este país durante los siguientes 30 años, como ocurrió después de la Guerra Fría”.