La ex diputada Elisa Carrió presentó hoy una denuncia penal contra el presidente de la Nación Alberto Fernández y tres miembros de su gabinete por no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia también apunta al ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Economía Sergio Massa.
El escrito lleva las firmas del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López, y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad, Paula Oliveto y Mariana Zuvic. A su vez, firmaron los legisladores porteños de la CC Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, como así también el presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.
“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, dice la denuncia. Y agrega: “Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”.
El miércoles, a través de una medida cautelar, la Corte Suprema resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires.
Luego de una reunión con 14 gobernadores (10 en forma presencial y 4 conectados a través de una videoconferencia), el Gobierno anunció mediante un comunicado la decisión de presentar un recurso de apelación ante el Máximo Tribunal y de recusar a todos los jueces.
Varios constitucionalistas consultados por Infobae aseguraron que la recusación no se puede presentar ya que deben ser planteadas en un determinado tiempo, básicamente antes de que se dicte una sentencia. Y la cautelar dictada por la Corte es una sentencia definitiva que debe cumplirse.
Los constitucionalistas consultados también consideran que la Corte rechazará el pedido de revocatoria in extremis de la cautelar que anunció el Gobierno. La revocatoria suele pedirse en casos en los que se cometió un error en el momento de dictar una sentencia y se le solicita al Tribunal que lo cometió que lo subsane. La Corte no suele admitir revocatorias porque sus sentencias son de carácter definitivo. Solo en casos de errores materiales en las sentencias se puede revocar en sentido de corregir el error.
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