En medio de la “tormenta” financiera que derivó en el pedido de auxilio “preventivo” al FMI por parte del Gobierno Nacional, un sector del gabinete económico de Mauricio Macri le reclamaba que frenara la reducción del 0,5% mensual que comenzó a regir en enero de este año sobre el régimen de derechos de exportación a la soja, algo que el presidente debió rechazar en varias ocasiones. Bajo este cronograma, para agosto la alícuota se ubica en el 26% para el poroto y 23% para los derivados. Pero imaginemos por un instante: ¿qué impacto tendría la eliminación de las retenciones a este cultivo?
Un estudio de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) revela que, si la actual administración decidiera anular los derechos de exportación sin que se vieran afectadas las cuentas públicas, el volumen de producción debería alcanzar las 91,3 millones de toneladas. El trabajo destaca que “de modificarse la estructura de utilización de dicho cultivo, el volumen requerido puede reducirse. Así, si se destina a la industria una mayor proporción de soja, los impuestos adicionales que lleva asociado ese incremento en el valor agregado permitirían reducir la brecha fiscal con una menor producción en toneladas”.
Impacto fiscal
Claro que esta hipótesis dista mucho de la realidad actual, en la que la reducción de las alícuotas determina una baja directa en los ingresos fiscales a través de los derechos de exportación de alrededor de $ 13.000 millones. Según el informe elaborado por Agustina Ciancio y Adrián Gutiérrez Cabello, la disminución de las retenciones produce un incremento en el precio interno del grano que permite obtener una mayor recaudación por medio de otros impuestos como el IVA, Débitos y Créditos Bancarios, Ingresos Brutos (IIBB) y Ganancias, entre otros.
Los autores sostienen que este incremento en la recaudación fiscal compensa parcialmente el efecto de la disminución en las alícuotas de los derechos de exportación, y agregan que si se consideran el impacto positivo en los impuestos nacionales y provinciales, la caída en los ingresos tributarios sería de poco más de $ 7.000 millones. A esto, desde la UNSAM destacan que la brecha fiscal puede reducirse a partir de impuestos generados a través de la inversión en maquinarias e implementos agrícolas. En diálogo con Infobae, Gutiérrez Cabello advirtió que “ese efecto no se ve de manera directa. El crecimiento en la producción te lleva a que inviertas más en maquinarias. El salto que pegaron las ventas después de la quita de retenciones fue considerable. Eso también termina generando recaudación que no se tenía prevista” previo a la eliminación de las alícuotas a la exportación.
Por otro lado, el economista agregó que “otra clave para que se achique la brecha fiscal es la generación de puestos de trabajo en servicios agropecuarios y sobre todo en el transporte. No olvidemos que con tres millones de toneladas de soja adicionales se hacen alrededor de 100.000 viajes más” y esa mayor actividad también genera una mayor recaudación en el resto de la estructura impositiva.
En definitiva, el impacto impositivo de mantener el cronograma prometido por el Gobierno es “relativamente bajo” y explica el 0,06% del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para todo este año. Los analistas de la UNSAM calcularon que la producción de soja y sus derivados que se necesita para neutralizar los efectos fiscales negativos que genera la reducción de los derechos de exportación, teniendo en cuenta las proporciones actuales de consumo y utilización, debería alcanzar este año los 57,85 M tn. Ciancio y Gutiérrez Cabello enfocaron la mirada en el año que viene, y estimaron que la pérdida de recaudación llegaría a los $ 25.900 millones, siguiendo en línea con los valores vigentes a julio de 2018.
Sin embargo, si se considera el pago del Impuesto a las Ganancias por el ingreso adicional que percibiría tanto el sector agrícola como el industrial, la caída se reduce a los $ 15.000 millones. Por último, y teniendo en cuenta un crecimiento de la economía del 3% para 2019, el efecto fiscal de la reducción de las retenciones significaría el 0,13% del PBI, mientras que la producción necesaria para paliar dicho “rojo” fiscal rondaría las 62,7 Mtn.
¿Es posible alcanzar esas metas productivas para compensar la reducción de los derechos de exportación?. Gutiérrez Cabello ve muy difícil dicho escenario por varias cuestiones. Por un lado, destaca la necesidad de poner en marcha el Plan Belgrano de manera de reducir los gastos para trasladar la producción, más allá de la denominada Zona Núcleo. “En el norte del país, los costos de los fletes frenan bastante la expansión de la frontera productiva para el caso de la soja. Si estuviera operativo a pleno el sistema ferroviario se haría mucho más productivo el NOA (Noroeste Argentino)”, afirma. Además, el analista de la UNSAM aseguró que “la productividad mejoraría considerablemente con una nueva Ley de Semillas” que reemplace a la todavía vigente de la década de los años `70.
Trigo, a todo o nada
Gutiérrez Cabello consideró que “la decisión de eliminar las retenciones a los granos y mantener la quita gradual en el caso de la soja, tuvo dos componentes: por un lado, la política económica; y por el otro, la necesidad de cumplir con la promesa de campaña”. Lo cierto, es que los productores argentinos demostraron que si el Gobierno eliminaba ese impuesto “poco inteligente”, como lo definió el propio Macri durante la Exposición Rural en Palermo la semana pasada, los volúmenes de cosecha y la intención de siembra iban a reemplazar y superar lo que el Estado iba a dejar de cobrar por la alícuota para exportar.
Otro estudio de la UNSAM, analiza el impacto económico de la eliminación de los derechos de exportación al maíz y trigo. En el caso de este cereal, se tomó en cuenta que en la última campaña sembrada con vigencia de las retenciones se lograron 11,5 Mtn, y luego de la salida del sistema que gravaba las ventas externas, ese volumen trepó a las 18 Mtn. Hoy, calculan un ciclo 2018/19 con un piso de 20 Mtn, y en ascenso.
Respecto a la cuestión tributaria, en el trabajo también de Ciancio y Gutiérrez Cabello, se estima que la recaudación fiscal nacional para la próxima temporada fina, teniendo en cuenta IVA, Ganancias, Débitos y Créditos Bancarios, y el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), se ubica en los $ 12.300 millones en forma directa por medio de las compraventas del sector. A esto hay que sumarle el efecto multiplicador de este cultivo, que le suma $ 0,67 por cada peso de valor agregado que genera la actividad en el resto de la economía; lo que suma ingresos tributarios por arriba de los $ 20.500 millones.
Cabe recordar que los autores tuvieron en cuenta para la confección del trabajo la estructura de costos representativa para un productor del Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe, con una distancia media de 230 km de la zona portuaria y productiva de Rosario.
La investigación destaca que el incremento en la producción favorece además la mayor demanda de empleo directo e indirecto con la creación de unos 35.000 puestos de trabajo durante la campaña de trigo, abarcando la producción primaria, industrial, comercio y servicios. “Suponiendo que en promedio este efecto se mantiene por tres meses, se genera un ingreso en salarios de aproximadamente $ 2.000 millones que, por el efecto multiplicador, implica que el gasto se transforme en $ 3.500 millones”, señala el trabajo; y aclara que “de acuerdo a la presión fiscal del 33%, se espera que esta vía se general adicionalmente $ 1.160 millones, tanto por tributos nacionales, provinciales y municipales”.
Más maíz
En el caso del maíz, Ciancio y Gutiérrez Cabello calcularon la recaudación fiscal para la siguiente campaña a partir de una cosecha proyectada en casi 49 Mtn, con una producción media de 31 Mtn y un volumen de exportación superior a las 17 Mtn. Por consiguiente, en forma directa a través de las compraventas del sector se llegaría a los $ 25.500 millones, sumado el efecto multiplicador de $ 0,33 por cada peso de valor agregado inherente a la actividad, el saldo impositivo total ronda los $ 33.900 millones.
Para este cultivo, la mayor actividad sectorial implica que por un incremento en la producción crezca temporalmente el empleo en casi 29.000 puestos de trabajo en toda la economía. Y suponiendo tres meses en promedio de actividad, se generan ingresos adicionales por $ 1.500 millones. Si se aplica el adicional de 33 centavos por cada peso, la cifra asciende a $ 2.700 millones, que generan una recaudación adicional por el mayor consumo de la población en $ 900 millones, tanto para Nación, provincias y municipios.
Como conclusión, los especialistas de la UNSAM afirman que “la eliminación de los derechos de exportación tuvo un efecto fiscal positivo debido a la mayor actividad económica que permitió generar, no sólo medido por el mayor volumen de las cosechas, sino que además favoreció a un importante número de actividades proveedoras de bienes y servicios de la actividad agrícola”.
Por otra parte, desde la Escuela de Economía y Negocios de esa alta casa de estudios, destacan que “se generó un incremento en las exportaciones de U$S 2.800 millones de maíz y trigo, que representan aproximadamente 0,5% del PBI de la Argentina. No sólo fue positivo desde el punto de vista económico, sino también del social, al generar mayor actividad hacia el interior del país, alentando a las economías regionales”, aseguran.
Para finalizar, Ciancio y Gutiérrez Cabello vaticinan que “en una primera estimación para ambos cultivos, se generan ingresos fiscales netos por aproximadamente $ 4.600 millones, a los que habría que adicionarles casi $ 5.000 millones más en concepto de impuestos provinciales, a través de IIBB. Asimismo, la recaudación se incrementa en mayor proporción si se considera el crecimiento del empleo y la expansión de sectores como el de maquinaria agrícola”.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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