El Artículo 5º de la Constitución mexicana establece la libertad que tienen todas las personas para dedicarse a la profesión u ocupación que elijan. Sin embargo, en la práctica, eso no ha resultado tan sencillo para algunos oficios. Uno de ellos: el trabajo sexual. Y aunque no está prohibido, se tuvo que recurrir a recursos como amparos e incluso hasta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dejar claro que es un trabajo legal y, como tal, contaba con beneficios de parte del Estado. Lo anterior como resultado de una lucha emprendida hace más de 10 años. Pero ese sector aún no logra llevar esa victoria a su día a día.
La historia la ha vivido en carne propia Elvira Madrid. No es trabajadora sexual pero durante 32 años ha encabezado una organización que les brinda apoyo: la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ‘Elisa Martínez’, A.C., de la cual actualmente es presidenta. Esa asociación, hasta finales del año pasado, brindaba atención a unas 27 mil trabajadoras sexuales cis y trans a lo largo y ancho de México.
Con evidente orgullo, esta mujer cuenta a Infobae que el mayor logro de la asociación que dirige es el reconocimiento del trabajo sexual no asalariado. Todo ocurrió a raíz de la ley de trata del 2007, que según detalla Elvira, empezó una “persecución en contra de las compañeras que ejercen el trabajo sexual”, puesto que no diferenciaba la trata de personas del trabajo sexual. Específicamente, la activista apunta un episodio ocurrido en La Merced, en el que, mediante un operativo, los policías se llevaron detenidas a casi 100 trabajadoras sexuales haciéndolas pasar por víctimas de trata.
“Dijimos ‘ya basta, nos amparamos’, y ganamos un amparo”, el 112/2013. La jueza que dictó la sentencia, recuerda Elvira, reconoció que el gobierno había fracasado al no ofrecerles alternativas de educación, vivienda, salud, así como en la generación de empleos, para quien optara por no ejercer dicha actividad.
El amparo logrado por el equipo legal que opera con Brigada Callejera prácticamente derogó un artículo de la Ley de Cultura Cívica, indicando que este limitaba el trabajo sexual a cuestiones de juicios morales que, hasta ese momento, lo establecían como una actividad “deshonesta”.
Arlen Palestina, abogada y asesora jurídica de la organización, explica a Infobae que si bien el amparo está dirigido a la Ciudad de México, se ganó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo sienta un precedente para aquellas personas que se dedican al trabajo sexual en cualquier otro estado del país.
Entonces con eso se logró que se reconociera la necesidad de considerar a las trabajadoras sexuales en la categoría de trabajadores no asalariados en la legislación local. Mediante una tarjeta, toda persona dedicada al trabajo sexual que así lo solicitara, quedaría registrada oficializando datos como su punto de trabajo o su horario, a fin de evitar persecuciones por parte de elementos locales. Además quedaban como beneficiarias de prestaciones otorgadas por el gobierno.
Por ejemplo, subraya Arlen, para esa categoría de trabajadores el gobierno capitalino otorga apoyos de hasta 3 mil pesos mensuales y a raíz de la pandemia podían solicitar un tipo de seguro de 2 mil pesos en caso de contagiarse de COVID-19.
Sin embargo, detalla la abogada, el camino no ha sido fácil. Incluso ahora advierte que lejos de avanzar, desde la organización tienen la frustrante sensación de que van en retroceso. Las cifras le dan la razón. Desde que se estableció la entrega de tarjetas, su emisión ha disminuido año con año: en 2014 fueron concedidas 113; en 2015 ese número bajó a 53; fueron 35 las emitidas en 2016; 34 en 2017 y solamente una en 2018.
Desde la organización apuntan a la “poca voluntad por parte de las autoridades” para cumplir con lo que quedó establecido. Arlen explica que la emisión de las tarjetas quedó a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (Styfe). Pero esa dependencia, en una acción distinta a lo establecido en el amparo, empezó a remitir todas las solicitudes de tarjetas a la alcaldía en la que cada solicitante señala trabajar.
Así, prácticamente las Alcaldías tienen la última palabra. Y en la mayoría de los casos, advierten desde la asociación, han rechazado otorgar esas tarjetas sin argumentar algún motivo. ¿Por qué? Ambas coinciden en que hay una especie de mafia alrededor de las lagunas legales en el trabajo sexual, que mantiene toda una cadena de corrupción que llena los bolsillos de funcionarios, policías, dueños de hoteles… a costa de la extorsión y persecución de las trabajadoras sexuales.
Palestina señala que, solamente en la zona de La Merced, en el corazón de la capital mexicana, la derrama económica del trabajo sexual es millonaria, motivo por el cual, advierten, conseguir los derechos laborales de las trabajadoras sexuales serán aún más difícil de lo que parece. Además, “las autoridades no están interesadas porque es meterse con personaje que pondrían en riesgo su seguridad, así como manchar su carrera”, dice respecto a la doble moral con la que aún es visto el trabajo sexual.
“Mientras no cambie este sistema podrido, donde reina la impunidad y la corrupción, no va a haber cambio”, lamenta Elvira.
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