El régimen chino inició un juicio secreto contra dos destacados defensores de derechos humanos

Dos destacados defensores chinos de los derechos de los ciudadanos y del Estado de Derecho en China fueron juzgados por subversión esta semana en lo que, según sus familiares, fue un proceso legal opaco diseñado para ocultar a la gente la difícil situación de los defensores de los derechos humanos en el país.

Xu Zhiyong, figura fundadora del Nuevo Movimiento Ciudadano, que aboga por el constitucionalismo en China, y Ding Jiaxi, otra figura destacada del movimiento, fueron juzgados el miércoles y el viernes, respectivamente, en el condado de Linshu, en el este de China, según familiares y simpatizantes.

Los dos fueron acusados de dirigir una organización ilegal con la intención de derrocar el sistema político chino. Entre las acciones citadas como prueba en un auto de acusación de agosto de 2021 figuraban la filmación de un documental ilegal, la organización de sesiones de formación sobre la no violencia y la celebración de “reuniones secretas” en las ciudades de Yantai y Xiamen.

Luo Shengchun, la esposa de Ding, que ahora vive en Estados Unidos, describió el proceso como algo que se llevó a cabo en la “más absoluta oscuridad”. Los abogados de su marido dijeron que no podían proporcionarle más información sobre el caso. Los simpatizantes que intentaron asistir al juicio fueron expulsados de sus habitaciones de hotel en mitad de la noche. Lo único que recibió Luo fue un mensaje de texto en el que se le informaba de que se estaba celebrando la vista.

“Cada vez es peor”, dijo en una entrevista. “El poder de los abogados defensores se ha reducido a cero, y a cada paso deben firmar un acuerdo de no divulgación. Incluso llamar a este caso secreto de Estado no tiene ninguna base legal, porque todo lo que hicieron fue organizar dos reuniones privadas. Sí, hablaron de derechos humanos, pero eso debería estar permitido por la libertad de expresión”.

Ni el Ministerio de Justicia de China ni el tribunal donde se celebraron los juicios respondieron a las solicitudes de comentarios.

Bajo el mandato de una década del presidente chino Xi Jinping, la intolerancia hacia la defensa de los derechos humanos ha crecido hasta el punto de que incluso los acontecimientos privados pueden dar lugar a duros castigos, y estos casos, que a menudo se consideran que afectan a la seguridad nacional, se desarrollan cada vez más casi totalmente a puerta cerrada.

El renovado control del Partido Comunista Chino sobre el sistema legal también significa que los abogados que esperan defender a los activistas deben luchar por derechos básicos como reunirse con sus clientes o poder revisar los archivos del caso.

Incluso en 2015, cuando las fuerzas del orden chinas lanzaron una ofensiva nacional contra los defensores de los derechos humanos, los detenidos pudieron revelar algunos detalles de los procedimientos a través de sus abogados o familiares, pero esa defensa ya no es posible, dijo Wang Yu, un abogado de derechos con sede en Beijing que fue detenido durante esa redada.

“No hay atención pública, sus familias no pueden protestar, [y] sus abogados no pueden montar una buena defensa”, dijo. “¿Cómo van a emitir un veredicto justo en este caso? Es simplemente imposible”.

Antes de Xi, el movimiento liderado por Xu parecía estar ganando una tracción limitada pero significativa. En 2003, Xu fue un raro candidato independiente elegido para el Congreso Popular del Distrito de Haidian de Pekín. A lo largo de la siguiente década, su defensa de la igualdad de derechos en la educación y la participación civil atrajo la atención de los medios de comunicación chinos, y un creciente escrutinio oficial.

En 2014, tras una campaña en la que pedía a los funcionarios que revelaran su riqueza, Xu y Ding fueron encarcelados acusados de reunir a una multitud para alterar el orden público. En aquel momento, el juicio de Xu atrajo una amplia atención, incluso en los medios de comunicación chinos.

En cambio, la vista del último miércoles se desarrolló en un silencio casi absoluto. Sus abogados, bajo amenaza de inhabilitación, no pudieron hablar con la prensa. Las peticiones de otros abogados chinos de derechos humanos para que los juicios de Xu y Ding se abrieran al público fueron ignoradas. El tribunal no hizo ninguna declaración sobre las audiencias.

Tras su liberación en 2017, Xu mantuvo un perfil bajo. Durante un año, escribió una historia del “movimiento ciudadano” y de sus ideas, que se publicó en su blog en 24 capítulos. Poco a poco y en silencio, empezó a reunirse con otros activistas. Junto con Ding, organizó dos reuniones casuales, incluida una en la ciudad costera del sur, Xiamen, en diciembre de 2019.

Esa reunión desencadenó una cacería a nivel nacional de Xu y sus colegas. Tras semanas de huida, Xu fue finalmente capturado en febrero de 2020, en la ciudad sureña de Guangzhou, donde había estado escondido en casa de un amigo.

A la causa contra Xu se suma probablemente una carta que dirigió a Xi y que publicó mientras estaba prófugo, en la que decía que Xi, el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, no era “lo suficientemente inteligente” para gobernar y le pedía que dimitiera.

“Por supuesto, es fácil para cualquiera que se rodea de aduladores desarrollar un sentido exagerado de sí mismo. Esto se ve agravado por un sistema que censura las opiniones discordantes y sólo deja espacio para la aprobación aduladora. No hay voces que se atrevan a discrepar”, escribió Xu.

A medida que se alarga el mandato de Xi, la represión contra los abogados y activistas de derechos chinos no ha dado señales de disminuir. Las acusaciones más severas por una defensa similar han significado castigos más duros, dejando a los familiares cada vez más preocupados por la salud de sus seres queridos encarcelados. Estos temores se ven a menudo agravados por el continuo secretismo, incluso después de que se dicten las sentencias.

Uno de estos casos es el del activista contra la discriminación Cheng Yuan, que fue encarcelado en 2020 por subversión. Shi Minglei, la esposa de Cheng, dijo que teme que su delgado marido no pueda soportar el trabajo físico habitual en las cárceles chinas.

“Desde que fue trasladado a una nueva prisión, sus cartas cesaron y no se le permite hacer llamadas telefónicas”, dijo en una entrevista telefónica desde su casa en Estados Unidos. Al igual que en los casos de Xu y Ding, a Shi se le ha impedido ver cualquiera de los documentos judiciales relacionados con el juicio de su marido, que están clasificados como secreto de Estado. “Pedimos una explicación, pero siempre nos dicen que ‘no hay ninguna razón, simplemente no pueden verlo’. Todo el proceso del juicio tuvo lugar dentro de una caja negra”.

(c) 2022, The Washington Post

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