El recorte en el presupuesto de la Rama Judicial es “inaceptable”, afirmó el presidente de la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, se refirió al anuncio de un recorte en el presupuesto de la Rama Judicial que hizo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de que la Corte Constitucional tumbara un artículo de reforma tributaria que, según advirtió el presidente Gustavo Petro, abrió un boquete de $6,5 billones en el presupuesto de 2024.

El magistrado Castillo, en su intervención en la Gran Cumbre de la Justicia, Premios Excelencia en la Justicia de la Universidad Javeriana, advirtió que la independencia de la justicia es un principio rector de las democracias liberales y que es esta una suerte de talanquera contra el despotismo y el autoritarismo. Sobre el anuncio del recorte en el presupuesto de la Rama Judicial dijo que es “inaceptable”.

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“La independencia judicial protege a la sociedad del despotismo y el autoritarismo, la concentración de poder y la arbitrariedad. Para pensarlo bien, el déficit institucional y los ataques a la justicia ponen en riesgo la independencia judicial. Anunciar un recorte en el presupuesto de la Rama Judicial como consecuencia de una decisión de una alta corte es inaceptable”, dijo el magistrado Castillo, que recordó: “La independencia judicial garantiza que nadie está por encima de la ley independientemente del nivel del poder que pueda ostentar”.

También recordó que “es deber del Estado proteger a los jueces; atacarlos causa fisuras en los pilares y valores que sostienen su actuación. No pueden los jueces, fiscales, investigadores y magistrados actuar si en la palestra pública se está cuestionando su actuación, que no es otra que aplicar las leyes consignadas en la Constitución y en los códigos en los que se basan sus decisiones”.

El magistrado Fernando Castillo insistió en que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben “dar ejemplo de confianza en el poder judicial y respeto por sus decisiones”, pues, no hacerlo “atenta” contra la autonomía y debilita la confianza del ciudadano en la administración de justicia, advirtió el magistrado Castillo.

“Lo contrario es un actuar antidemocrático. Los principios de independencia de la judicatura, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, determinan que los jueces resolverán los asuntos que conozcan sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas e intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.

El presidente de la Corte Suprema advirtió que la Rama Judicial requiere más presupuesto y no recortes, pues con más recursos se podrá suplir la necesidad de jueces de la República, por esto espera que el Gobierno nacional “empiece a dar las garantías para comenzar a subir en presupuesto en 3% del presupuesto de rentas, que es muy importante para la Rama Judicial, que tiene que llegar a todo el país y tiene que llegar de manera certera. Los jueces tienen que estar en las regiones. Necesitamos jueces en todo el territorio nacional”.

Sobre el recorte en el presupuesto de la Rama Judicial, la vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, en el Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, en Cartagena, dejó entrever que este anuncio del Gobierno nacional, así como eliminar la Procuraduría General de la Nación y atacar a la Fiscalía no es el camino para construir la paz ni combatir la corrupción:

“Eliminar la Procuraduría General de La Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de La Nación y hoy disminuirle los recursos a la Rama Judicial no es el camino para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, para combatir la corrupción ni para conseguir la paz”.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, también criticó el anuncio de un recorte en el presupuesto de la Rama Judicial: “Es nefasta para la Rama Judicial, necesitamos mayores recursos para poder garantizar un mayor acceso a la administración de justicia a nivel de distritos y juzgados en todo el país. Sería una pésima noticia para el Estado Social de Derecho”.