El proyecto de Ley de Presupuesto 2023 faculta al Gobierno a modificar las alícuotas de retenciones a las exportaciones, una facultad que había quedado en duda el año pasado tras el fracaso del tratamiento de ese proyecto legislativo. La atribución, incluida en el articulado del proyecto, puso en alerta a las organizaciones rurales. Desde el Gobierno, mientras tanto, sostienen que no está en agenda ninguna modificación.
El alerta surgió de parte de Fundación Barbechando, una entidad que sigue las cuestiones agropecuarios en el ámbito del Congreso de la Nación. En un comunicado, la organización advirttió que en el artículo 96 del Presupuesto se señala lo siguiente: “Sustitúyese el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, por el siguiente: “El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2023″. La normativa que se menciona en dicho artículo es la Ley De Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que el Congreso aprobó días después de la asunción de Alberto Fernández en 2019, que le otorgaba al Gobierno la potestad de fijar retenciones hasta el 31 de diciembre del año pasado al tiempo que se estipulaba un tope de 33% en los derechos de exportación de la soja, y del 15% para el trigo y maíz.
Fuentes oficiales, ante una consulta realizada por este medio, precisaron que no es un tema de agenda de las actuales autoridades de Economía y Agricultura introducir aumentos en las actuales alícuotas de retenciones. De hecho trascendió en las últimas horas, que en los despachos de las mencionadas áreas del Gobierno, se analizan posibles bajas y eliminación de algunas retenciones en las economías regionales.
Cabe que como el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 fue rechazado en el Congreso el año pasado se generó un reclamo de entidades del campo ante la justicia para que se declaren “inconstitucionales e ilegales” a las retenciones. Tal es el caso de la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María, que elevaron el reclamo en los tribunales federales de la provincia de Córdoba. Hasta el momento no hubo un pronunciamiento de los jueces al respecto.
Por otro lado, en agosto pasado el juzgado federal de Junín declaró la inconstitucionalidad del decreto 851/2021 vigente a partir del 1° de enero de 2022, que permitía aplicarle las retenciones al sector agropecuario. Al respecto, el fallo indica: “Hacer lugar a la acción de amparo promovida por Gustavo José Longinotti y Barbieri Hermanos SS, representada por Alejandro Agustín Barbieri, contra el Estado Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas-, declarando inconstitucional y, por ende, inaplicable a las operaciones de venta que los actores realicen o hayan realizado con posterioridad al 1 de enero de 2022, las disposiciones del Decreto 851/2021, conforme lo dispuesto en los considerandos que anteceden, con costas (arts. 12, 14, ss y cc de la ley 16.986; 68 y cc del CPCCN)”.
Una vez conocida la noticia, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que desde el 1º de enero del presente año “no existe marco legal que permita el cobro de derechos de exportación”, y recordó que por dicho motivo se presentó ante la Justicia de Córdoba para que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad del cobro.
“Es el Congreso quien tiene que dar el debate para cualquier medida tributaria y por eso rechazamos el presupuesto del año que viene que fija atribuciones al Poder Ejecutivo para reglamentar este impuesto de la misma manera que le pedimos a los legisladores, que debatan el tema en cuestión. Es irresponsable andar delegando facultades de otro poder como si se sacaran la responsabilidad de encima”, agregó el dirigente, quien sostuvo que una vez más el Gobierno “pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas impositivas que imponen gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.
Rechazo
Ante la aparición en el Proyecto de Presupuesto 2023 de la facultad para modificar el esquema de las retenciones, los integrantes de la Fundación Barbechando expresaron en un comunicado que “creemos firmemente que el camino para el desarrollo de nuestro país son las políticas públicas que generen previsibilidad, estabilidad, con una mirada de largo plazo, que genere dinamismo en las actividades productivas. Los Derechos de Exportación son un gravamen que afecta la generación de empleo, el desarrollo federal y, en definitiva, la capacidad de nuestro país para producir alimentos de calidad para los argentinos y el mundo. Seguimos trabajando constructivamente para generar las propuestas que permitan estabilidad fiscal y un desarrollo sostenible”.
Eb lo que va de la gestión presidencial de Alberto Fernández, se aumentó en marzo del 2020 las retenciones a las exportaciones de soja, pasando del 30 al 33%. Además, en febrero pasado en medio del ataque de Rusia a Ucrania, y luego de expresar su intención de subir retenciones para desacoplar los precios internacionales de los granos de los precios locales de alimentos, en titular del Poder Ejecutivo anunció la creación de un Fondo para subsidiar el precio de la harina con destino a las panaderías, el cual recibe el aporte del incremento que se determinó de dos puntos de las retenciones al aceite y harina de soja, que ahora tributan como el poroto un 33% de derechos de exportación.
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