María Macarena Chávez, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al ejecutivo federal a que promuevan las acciones necesarias para liberar los recursos destinados en el PEF 2022 a la Red Nacional de Refugios a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM).
Específicamente, la propuesta solicita a la Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría del Bienestar a que trabajen de manera coordinada para que se pueda disponer del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en beneficio de las mujeres que necesitan instalarse en un lugar seguro y ajeno al lugar en el que son víctimas de agresión.
Esta iniciativa, además de abonar a la agenda de promoción de derechos humanos, aborda una temática con perspectiva de género en favor de la generación de espacios libres de violencia para las mujeres, ya que en numerosas ocasiones, las parejas sentimentales o familiares directos hombres son quienes ejercen este tipo de conductas en detrimento del sano desarrollo de niñas, adolescentes y mujeres.
Dicha red tiene una relevancia singular, pues atiende a mujeres violentadas, así como a sus hijas e hijos, ya que es una organización que tiene como sus principios rectores a los derechos humanos, la igualdad sustantiva, perspectiva de género, democracia, unidad, transparencia y la rendición de cuentas de manera integral, por lo que integra a las víctimas en su conjunto ara generar mejores condiciones de vida.
La iniciativa fue turnada a la Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, para su estudio y dictamen y especifica que son más de cinco meses sin que el Gobierno Federal libere los recursos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados con esta finalidad.
Chávez Flores ponderó en su exposición de motivos que México atraviesa una crisis de crimen masivo lo que ha incrementado la violencia en contra de las mujeres, por lo que no debe desatenderse esta situación y mucho menos dejar sin recursos a los refugios que atienden a las víctimas de agresiones.
“Por la falta de recurso su operación ha sido mediante endeudamiento y con escasez de insumos materiales y humanos para atender a quienes acuden en busca de protección para salvaguardar su vida, muchas de ellas acompañadas de sus hijas e hijos”
Precisó que en el PEF 2022 se etiquetó una partida para este fin por 420 millones 203 mil 440 pesos dentro de la Secretaría de Bienestar; sin embargo, la Segob buscó trasladar este programa a la CONAVIM.
“La liberación del recurso ha sufrido un retraso debido a la burocracia y a la decisión tomada por el Ejecutivo federal, en el que tras una orden desapareció al Instituto Nacional de Desarrollo Social, institución a la que había sido transferido el programa”
Al respecto, destacó que los refugios y centros de ayuda han apoyado en los últimos tres años a más de 100 mil mujeres, niñas y niños que buscaron atención y resguardo ante la violencia.
Finalmente, en materia legislativa, Manuel Vázquez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), planteó que el Estado garantice el derecho a las personas a ser buscadas, esto para atender los casos de desaparición forzada, trata de personas o extravío haciendo uso de las diversas instituciones y mecanismos.
Para materializar este propósito, Velázquez Arellano planteó la modificación al Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El legislador planteó la necesidad de elevar a rango constitucional este derecho para poder hacer frente, especialmente, al delito de desaparición forzada, uno de los crímenes que dañan más el tejido social en México.
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