El porqué de la Comunicación Pública Gubernamental

Diversos oportunistas se han estado expresando los últimos días sobre la “necesaria desaparición de la pauta pública” como condición para la libertad de expresión. Respaldados en el dispendio que el Estado ha hecho estos años, no solamente de los presupuestos publicitarios sino de todo el erario público, y la manipulación de la opinión mediante el uso de la censura indirecta, beneficiando a los medios “amigos” y perjudicando a los “opositores”, se pretende instalar que la publicidad estatal no debería existir.

Y la premisa es falsa. Lo que no debe existir es la extorsión, ni ninguna limitación a la libertad de prensa, máxima expresión y basamento de la democracia republicana, y único derecho con doble tutela constitucional. Pero el Estado Nacional no debe y no puede, dejar de rendir cuentas sobre su labor, ni tampoco, omitir darle al ciudadano las herramientas necesarias para valerse de las políticas públicas en su beneficio.

Para eso, es sustancial entender de que se trata la comunicación estatal. La comunicación pública no es otra cosa que el modo en que el Estado —que somos todos— se pone justamente, al servicio de todos. Es el camino que utiliza el mandatario para contarle a los ciudadanos cómo está cumpliendo con ese mandato y de qué modo gestiona esa cesión de facultades que se ha efectuado al momento de votar, pero que encierra una condición sustancial: el elector debe saber qué, cómo y por qué; y quien se lo comunique debe ser justamente aquel que recibió el mandato.

Está bajo responsabilidad del órgano encargado de la comunicación pública el llevar adelante un servicio democrático fundamental: que el pueblo sepa de qué se trata, qué se hace con sus fondos y sus destinos, y otorgarle las herramientas para el necesario control social a los actos de gobierno.

En estos tiempos la comunicación pública está muy lejos de tener como fin “encauzar el pensamiento político” de los ciudadanos o guiar su concepción ideológica, sino que debe proveer a la necesaria rendición de cuentas que su gobierno les debe, alertarlos sobre cuestiones que pueden prevenir con su propio accionar, o ilustrarlos sobre aquellas mecánicas con las que el Estado le devuelve sus impuestos, y con las que puede tener una mejor vida. Este es el fin democrático extraordinario que le cabe a la comunicación pública del siglo XXI.

Así, debemos partir de la premisa básica de que los ciudadanos tienen el pleno derecho a gozar de la información, pero considerando también que ellos deben ser protagonistas de su propia historia, que ese protagonismo está en la genética social de estos tiempos, en los que los agentes sociales —lejos de constituirse en pasivos receptores— buscan ser parte. El sistema de comunicación pública gubernamental es el responsable de brindarles los canales para que dicho protagonismo se materialice, de modo de satisfacer sus expectativas desde la propia administración, haciendo uso de todas las herramientas a disposición, entre ellas las nuevas tecnologías, que mixturan la participación abierta, con la cercanía más inmediata y la información ofrecida.

Podemos decir entonces que la comunicación pública gubernamental es, a la vez, un derecho del ciudadano y un deber de la administración. Consistente en mantener informado al soberano sobre las acciones del gobierno que ha elegido, los mecanismos para controlarlo y beneficiarse de sus medidas, y las circunstancias de las que debe prevenirse —y cómo hacerlo—. En síntesis, es el canal fundamental por el que el Estado informa de qué modo y en qué medida cumple su rol.

Es natural que al ciudadano no le resulte suficiente con que la administración diseñe y ejecute políticas públicas en su beneficio, sino que debe además conocerlas íntegramente, saber sus modos de ejercicio y sus efectos. De nada sirve una política que nadie conoce. Por ejemplo, si se crea una nueva línea crediticia para los ciudadanos con salarios más bajos, implementada por un banco estatal y nadie sabe que dicha línea existe, entonces la medida no sirve. Una adecuada política fracasa si no existe una adecuada comunicación de la misma.

Además, el mensaje que se comunica debe ser direccionado, porque si dicha línea de créditos es, por ejemplo, para productores agropecuarios inundados, de nada sirve un mensaje generalista que no identifique el sector social al que va dirigido y que no lo canalice por las vías adecuadas para que el receptor lo reciba y comprenda.

De tal modo, el responsable estatal de transmitir el mensaje debe velar porque el mismo sea oportuno; por seleccionar adecuadamente los canales para que se llegue al sector al que va dirigido y, a la vez, a la mayor cantidad de individuos posible de dicho sector; y porque todo ello ocurra al menor costo posible para las arcas públicas.

Terminar con publicidad estatal, tiende a esconder, a ocultar, a mantener privilegios de casta a espaldas del pueblo. Se la llama “pauta” en sentido peyorativo, buscando darle una connotación negativa, pero es en realidad un canal democrático de comunicación con el contribuyente.

Por cierto, debe ser bien usada, como deben serlo los fondos para la construcción de caminos o represas, sin condicionamientos ni fines espurios, como la administración de cualquier área del Estado.

Pero “terminar” con la comunicación pública del Estado seria un error imperdonable al que pretenden inducirnos detrás de una presunta ola moralizadora, que parece rezar que todo debe desaparecer para no funcionar mal. Para que algo no funcione mal, hay que administrarlo bien, no desaparecerlo. Una buena administración, con acento en la absoluta libertad de expresión, es lo que se requiere.