Entre las muchas taras que nos han dejado las nueve décadas en las que el Partido Militar y el Partido Populista han gobernado casi ininterrumpidamente el país se encuentra el destacable nivel de ignorancia institucional en que ha caído la sociedad argentina. ¿Qué espera el Gobierno para meter presa a Cristina? ¿Por qué permiten que liberen a Amado Boudou? ¿Por qué no echan de una vez a los jueces corruptos? Estas preguntas increíbles, en las que se trasluce un desconocimiento monumental del funcionamiento de la Constitución, me llegan cotidianamente a través de las redes. No de enfervorizados populistas que creen que la división de poderes es un rezago político listo para ser desguazado y reemplazado por tribunales del pueblo, como propuso Cristina en Ferro; sino de votantes de Cambiemos, un espacio político cuyo principal punto de acuerdo es la necesidad de reconstruir la República. En algún lugar del fascista que —después de casi un siglo de deseducación cívica- todos llevamos adentro, se impone la idea de que violar las reglas está mal si lo hacen los otros, pero está justificado cuando es nuestro turno. Nada que el tráfico de las ciudades argentinas no explicite cada día del mes.
Antikirchneristas que piden kirchnerismo, republicanos de ocasión, apóstatas constitucionales de todo tipo y color, parecen creer que en 2015 no se eligió un presidente de la República sino un monarca que todo lo puede, sin importar que la oposición peronista haya conservado —por decisión soberana de los argentinos— la mayoría en ambas cámaras y el control de cuatro de cada cinco provincias. Para no hablar del monopolio del control de los sindicatos, los movimientos piqueteros y los punteros barriales; ni de la mayoría peronista que impera en el Poder Judicial.
Durante un cuarto de siglo, la ciudadanía argentina votó delincuentes a sabiendas, y después de que quedara claro que lo eran, volvió a elegirlos con porcentajes de apoyo aún mayores. Carlos Menem sacó más votos en 1995 que en 1989. Cristina, más votos en 2007 que Néstor en 2003, y muchos más en 2011 que en 2007. Y el otro poder decisivo en la designación de jueces, el Senado, tiene mayoría peronista desde 1983. El resultado es una Justicia peronista. Por ejemplo, once de los doce jueces de instrucción de Comodoro Py que están a cargo de los principales procesos judiciales han sido designados por Menem, Néstor o Cristina. Once de doce. ¿Tendrá esto algo que ver con que hayan hecho la plancha sobre los expedientes elevados contra un gobierno peronista durante doce años? Más importante: ¿qué influencia tienen en los altos estrados de la Patria los vaivenes políticos actuales del peronismo que merodea el aparato judicial?
Diga lo que se diga, con avances y con retrocesos, el número de políticos corruptos presos es hoy mayor que en cualquier otro momento de la Historia argentina; y acaso, mayor que la sumatoria total de políticos presos en la Historia nacional. Los empresarios que circulan por tribunales es, también, inédito; como es inédito el hecho de que la lista incluya a los propietarios de las mayores fortunas argentinas y al primo, el hermano y el padre del presidente en ejercicio. Quienes siguen creyendo que “en este país no va preso nadie” y quienes intentan seguir escondiéndose detrás de los rótulos “gobierno de los CEO” y “persecución política” han entrado en una zona de la distorsión cognitiva terminal. Sin embargo, un breve repaso de los tiempos de la Justicia ofrece buenas razones para la preocupación.
Nada cuesta comprobar que las causas que habían dormido una década se activaron durante el período en que el gobierno de Cambiemos parecía tener garantizada la reelección en 2019, y se frenaron y hasta retrocedieron cuando esa seguridad entró en discusión. Prisiones preventivas y quitas de fueros no fueron seguidas de la aceleración del proceso y el pasaje a juicio y a sentencia. Sujetos deplorables con condena fueron enviados a sus casas en el médano y tocan hoy la guitarra en tristes escenarios del nacionalismo rock&pop.; Una atmósfera de desensillemos hasta que aclare campea en los tribunales de la Patria, mientras el peronismo amontonado que jamás será juzgado supera agravios e insultos para elegir como sus representantes en el Consejo de la Magistratura a Graciela Camaño y Wado de Pedro. Barrionuevo y La Cámpora. Recicladores y Restauradores. La parte de adelante de la Plaza del escarnio y los hijos de los imberbes que Perón echó. Los herederos políticos de Rucci y los herederos políticos de los que lo mataron. La Biblia y el calefón.
¿Terminará todo esto en un Nunca Más de la corrupción o en una nueva frustración con la Justicia, con prescripciones como la que benefició a Menem y prisiones preventivas revocadas por los mismos jueces que dejaron morir las causas? La duda carecía de sentido hace algunos meses, pero se hace cada día más real. “Si yo fuera Presidente, indultaría a los empresarios que fueron afectados por los cuadernos. Tenemos que rodear de prestigio a aquellos que han laburado toda la vida. Los necesitamos para la gesta productiva”. Son declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde del 19 de diciembre. Un día después, la Cámara Federal dictó la falta de mérito en el delito de asociación ilícita de 22 de los 25 empresarios procesados por Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos, disminuyendo las penas a las que se arriesgan de 3 a 10 años (por asociación ilícita) a de 1 a 6 años (por cohecho). ¿Mera coincidencia? ¿Simple casualidad?
Más preocupante, si esto es posible, es lo que acontece en la Corte Suprema. Los vientos de renovación que había levantado la designación de Carlos Rosenkrantz han amainado y una nueva mayoría peronista, por si faltara alguna, parece haberse hecho con el control. Comprensiblemente preocupado por el manejo discrecional de los recursos de la Corte durante el decenio Lorenzetti, el triunvirato peronista integrado por el propio Lorenzetti, Rosatti y Maqueda decidió que esos recursos debían pasar al control colegiado de la Corte. Al hacerlo, se cargaron una ley nacional: la 11672, que en su artículo 4º dispone: “Autorízase al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reasignar los créditos de su presupuesto jurisdiccional… Tendrá la libre disponibilidad de los créditos que le asigne la Ley de Presupuesto, sin más restricciones que las que la propia ley determine en forma expresa”. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato peronista? ¿Quién controla a los controladores? La vieja paradoja de la filosofía política ha encontrado en la Justicia peronista su más renovada expresión.
La reciente resolución de la Corte sobre el caso Blanco, sobre el índice de actualización de las jubilaciones, recuerda lo sucedido en noviembre, cuando con los votos del triunvirato Lorenzetti-Maqueda-Rosatti, la Corte falló a favor de la provincia de La Pampa, obligando al Estado Nacional a devolver 2 mil millones de pesos retenidos como fondos coparticipables desde 2001. En otras palabras, la Corte peronista obligó a Cambiemos a pagar al gobierno peronista de La Pampa lo que el peronismo le había quitado entre 2001 y 2015, en sus 14 años de poder nacional. Esto, a su vez, recuerda lo sucedido en noviembre de 2018, cuando con la presidencia del doctor Lorenzetti la Corte decidió que el gobierno que se venía, el de Cambiemos, tenía que devolverles a tres de las provincias lo que un gobierno nacional peronista les había sustraído desde 2009. Momento en el cual la todavía presidente peronista, Cristina, después de seis años de quedarse con el pan y con la torta y una semana antes de dejar el poder, dictó un decreto por el cual extendía el beneficio a las 20 provincias restantes, con un impacto en el presupuesto nacional de más de 95 mil millones de pesos anuales y por un total acumulado en cinco años de 310 mil millones de pesos. Así, año tras año y gracias a la Justicia peronista, el gobierno de Cambiemos devuelve lo que el peronismo se llevó.
Senado con mayoría peronista. Cámara de Diputados con mayoría peronista. Corte Suprema con mayoría peronista. Sindicatos, piqueteros, gobernadores provinciales, el Papa. Todos peronistas. Lanzamiento de la nueva mesa de la renovación peronista, con los gobernadores feudales en la cabecera y Sergio Massa volviendo al redil para aplaudir un fallo de la Corte que corrige los despropósitos cometidos contras los jubilados en su paso por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Todos unidos alrededor de la nueva consigna: el peronismo amontonado jamás será juzgado. Menem libre. Los fueros de Cristina, intactos. Boudou, a casa. Duhalde pidiendo amnistías y anticipando mucho de lo que puede venir. Peronism and business as usual (Peronismo y negocios, como siempre) o Nunca Más de la corrupción. Las elecciones de 2019 no solo se han convertido en una bisagra en la que se juegan las próximas décadas políticas del país, sino un punto de inflexión que decide la continuidad o la interrupción de la impunidad que en estos 25 años de hegemonía del partido “justicialista” supimos conseguir.
El autor es diputado nacional.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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