El nuevo Código Procesal Penal no debe fracasar

El nuevo Código Procesal Penal Federal, que está próximo a entrar en vigencia en la Argentina, propone cambios fundamentales en la forma en que se llevan adelante las investigaciones penales. Significará una modernización que ha sido demandada largamente por la sociedad y también por los operadores del sistema de Justicia. Con este nuevo Código, cambiará sustancialmente el rol de los operadores del sistema penal. Serán ahora los fiscales los encargados de llevar adelante todas las investigaciones y los responsables de la suerte de estas frente al debate oral y público. El nuevo sistema sacará al proceso penal del paradigma del autocontrol del juez, que hoy es guardián de sus propios actos, para llevarlo a uno en el que el fiscal pide y el juez decide.

Los jueces penales, quienes actualmente definen el rumbo del proceso, actuarán como garantes —desde un lugar de imparcialidad— de la legalidad de las investigaciones. Muchos países de la región y del mundo han dado hace años el paso hacia esta modalidad, al igual que la mayor parte de las provincias argentinas, en sus sistemas de Justicia locales. El procedimiento acusatorio que ahora llegará al nivel nacional y federal logrará juicios más rápidos, más transparentes y con mayores derechos para las víctimas. Desde el inicio hasta el final de las causas, las resoluciones se tomarán en audiencias orales y públicas, de manera inmediata, con lo que los trámites serán más transparentes y creíbles para las víctimas, para los imputados y para la sociedad en su conjunto. Se trata de un giro necesario para hacer frente a las formas cada vez más complejas que adquieren las organizaciones delictivas y para los reclamos de una ciudadanía que, como en otros países, tiene un significativo grado de desconfianza en el funcionamiento de las instituciones en general.

Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en los últimos años nos hemos puesto como una de nuestras prioridades la capacitación de los operadores del fuero penal para la transición hacia el nuevo sistema. Destacados especialistas de la Argentina y del exterior han compartidos sus conocimientos y sus experiencias de campo a través de cursos en los que jueces, fiscales, defensores y funcionarios del sistema nacional y federal demostraron su avidez por conocer con el mayor detalle el nuevo funcionamiento del proceso.

Precisamente por las expectativas generadas y, especialmente, por la urgencia de contar con una Justicia mejor que la sociedad reclama a diario, no podemos permitir que el sistema fracase. El nuevo Código fue sancionado con un amplio consenso de los distintos sectores políticos y con el apoyo de los magistrados del Poder Judicial y los Ministerios Públicos. Pero su adecuada implementación es casi tan importante como su regulación. Resulta indispensable, en ese sentido, que entre en vigencia con los recursos humanos, materiales y de infraestructura necesarios para garantizar el éxito de la reforma.

Hoy, luego de varias postergaciones por dificultades prácticas, se anuncia que será puesto en vigencia el próximo lunes 10 de junio en las provincias de Salta y Jujuy. Será un momento histórico para nuestra Justicia; un primer paso para que luego el sistema acusatorio se extienda gradualmente, desde el norte hacia el resto del país. Pero lo que en principio es una buena noticia puede transformarse en una frustración, ya que la multiplicación de audiencias y la velocidad con la que habrán de tomarse las decisiones plantean desafíos múltiples. Si el sistema no está preparado para afrontar esa significativa carga extra, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

De los 17 cargos de jueces que existen en Salta y Jujuy, hay cinco que están vacantes. Los propios magistrados de esas dos provincias ya han pedido la contratación de nuevos funcionarios y empleados para atender la transición hacia el nuevo sistema, que no será fácil. Advirtieron, también, que son necesarias desde nuevas salas de audiencias y videoconferencias hasta elementos tan básicos como sillas, escritorios y armarios. Señalaron además que el sistema carcelario padece los mismos problemas que motivaron al Ministerio de Justicia a declarar recientemente la emergencia del sistema penitenciario en todo el país.

Cuando se sancionó, en 2016, el régimen procesal de flagrancia, que obliga a los jueces a tomar decisiones en plazos extremadamente breves sobre el encarcelamiento o la liberación de los detenidos al momento de cometer un delito, los magistrados advertimos que para su adecuada implementación hacían falta inversiones en infraestructura, tecnología y recursos humanos. Esas inversiones no se realizaron, el régimen entró en vigencia y, si hoy vemos que funciona con aceptable éxito, es gracias a los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, quienes lo están sacando adelante con base en un enorme sacrificio personal. No podemos darnos el lujo de que suceda lo mismo con la implementación del Código Procesal Penal, porque la improvisación no debe convertirse en una política de Estado y porque las horas de descanso de los judiciales no pueden ser la variable de ajuste.

Esto no debe ser considerado como una oposición a los cambios; lo que no queremos es el fracaso. Por eso, señalar y observar las falencias en la implementación de nuevos proyectos importa una conducta responsable. Los esfuerzos que realicen jueces, fiscales y defensores no serán suficientes si no se cubren las necesidades para que el sistema funcione. El fracaso de una reforma legislativa podría dañar aún más la imagen y el prestigio de las instituciones de nuestro país, ya altamente cuestionadas. Y, lo que es todavía más grave, resonar negativamente en una sociedad que hoy reclama, con razón, mejores respuestas de parte de los poderes del Estado.

El autor es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS