La decisión de Alberto Fernández de incumplir la orden de la Corte Suprema de devolverle a la ciudad de Buenos Aires los fondos de la coparticipación de impuestos recortados en plena pandemia lo dejó expuesto a consecuencias institucionales y políticas irreversibles. Fue una acción política que el primer mandatario tomó empujado por un kirchnerismo alborotado contra la Justicia, después de la condena de prisión e inhabilitación que recibió Cristina Kirchner por corrupción con la obra pública de Santa Cruz.
El presidente -que anoche insistió en definirse como “un hombre de derecho”- firmó un comunicado con argumentos jurídicos discutibles que, en concreto, le desconocen al máximo tribunal su condición de intérprete último de la constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. Se trata de una acción que no reconoce antecedentes y que generó el rechazo unánime y rotundo de la oposición de Juntos por el Cambio.
Más allá de que es una discusión que afecta a los porteños y a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y uno de los presidenciables de la coalición opositora, tanto el ex presidente Mauricio Macri, la titular del PRO, Patricia Bullrich, la UCR, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, y los principales líderes opositores cerraron filas y advirtieron la gravedad institucional del episodio.
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Se trata de una historia en progreso, que tendrá este viernes dos capítulos clave: una conferencia de prensa del Ejecutivo porteño, y una definición inminente del procurador del Tesoro, el ultra kirchnerista Carlos Zannini, que como abogado del Estado tendrá a cargo la estrategia defensiva del gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
La disputa por la coparticipación es, en el fondo, una pelea por los recursos que la política del oficialismo y la oposición tiene a mano para hacer campaña. Eso explica, en sí, por qué Cristina Kirchner sale en auxilio de Kicillof: como un juego de suma cero, lo que le sobre a Larreta le faltará al gobernador bonaerense para defender la provincia de Buenos Aires, última colina que el kirchnerismo no está dispuesto a entregar.
Kicillof y Capitanich
La publicación del comunicado de Presidencia se tomó después de una reunión tensa en el primer piso de la Casa Rosada entre 14 gobernadores y Alberto Fernández, donde abundaron las quejas airadas contra los cuatro jueces de la Corte que le ordenaron al presidente elevar al 2,95% la coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires. Esa medida cautelar buscó compensar parte de los fondos que el mismo Alberto Fernández le quitó por decreto al Estado porteño para destinarlos a la provincia de Buenos Aires, que enfrentaba en ese momento un amotinamiento policial.
Fue una medida intempestiva tomada a instancias de Cristina Kirchner que significó la ruptura sin retorno de la relación política que habían cultivado el presidente y el jefe de Gobierno durante la peor etapa de la pandemia de coronavirus.
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En esa reunión, y antes en los medios, las voces principales que se escucharon fueron las de Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires -por obvias razones, al ser el principal afectado- y el chaqueño Jorge Capitanich. Ambos modulan con mayor fidelidad el pensamiento de CFK, que no acumula una apretada serie de condenas, resoluciones contrarias y fallos adversos, como la contrarreforma del Consejo de la Magistratura.
Además de Kicillof y Capitanich por videoconferencia, estuvieron Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), y de manera virtual Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).
Hubo cuatro ausencias de peso del universo peronista: Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe), el salteño Gustavo Sáenz y el puntano Alberto Rodríguez Saá. Y, claro, ningún radical: Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes). Tampoco dos que suelen ser circunstanciales aliados: Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro).
Más allá de que el argumento principal de Capitanich y Kicillof, que Alberto Fernández hizo propio, apunta a una supuesta afectación del federalismo, las ausencias de los cuatro peronistas y dos aliados, confirman que la embestida contra los jueces por la coparticipación responde más a una lógica partidaria e, incluso, electoral.
“El poder corporativo y económico, que tiene cooptado el Poder Judicial, decidió que Larreta sea su candidato a presidente y por eso le dio este financiamiento”, fue uno de los argumentos que pronunció Capitanich en público y también en esa reunión con los gobernadores, Alberto Fernández, Eduardo “Wado” De Pedro, Vilma Ibarra, Juan Manuel Olmos y Julio Vitobello.
Luego, en C5N, el Presidente repitió la idea: “No sé si el objetivo de la Corte es financiarle la campaña a Larreta, pero lo va a lograr”, afirmó sin pretensión alguna de originalidad.
Zannini, el “cerebro” jurídico
El fallo de la Corte Suprema ordenó al Estado Nacional girarle a la ciudad de Buenos Aires, de manera inmediata y automática, los fondos coparticipables correspondientes a la nueva proporción del 2,95%. La fijación sin explicación de ese porcentaje es el argumento principal que esgrimió Alberto Fernández para encontrar una diagonal que le permita ganar tiempo y no cumplir el fallo sin caer en flagrante desacato.
“La Corte dispone que le tenemos que entregar el 2,95% en concepto de coparticipación. ¿Por qué ese porcentaje? No lo entendemos, porque no hay ni un solo cálculo de cómo se llega a eso. Y este dinero no está en el Presupuesto nacional que no fue aprobado para que el Gobierno le envíe 2,95% a la Ciudad”, afirmó el primer mandatario.
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En el comunicado presidencial se informó la decisión de “instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA (NdR: las mayúsculas pertenecen al original) y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.
En esa actuación tendrá un rol clave como titular de la Procuración del Tesoro de la Nación Carlos Zannini. El polémico funcionario, que es el jefe de los abogados del Estado, es la principal espada jurídica de Cristina Kirchner. Sus escritos suelen mezclar con suerte dispar la argumentación jurídica y la superpoblación de barroquismos literarios.
Según pudo saber Infobae, de lo que defina el “cerebro jurídico” de la vicepresidenta saldrá la decisión política fundamental que seguirán el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Consecuencias personales y políticas
Ante el anuncio de que no acatará el fallo de la Corte, Carrió confirmó que presentará con su partido, la Coalición Cívica, una denuncia penal contra el Presidente y los funcionarios que no cumplan con la disposición del máximo tribunal por alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público. “Quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr”, afirmaron.
La denuncia la firmaron Carrió, el presidente de la CC Maximiliano Ferraro; el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic. También acompañarán con su firma los legisladores porteños de la CC Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, además del presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.
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El abogado constitucionalista Félix Lonigro, ante una consulta de Infobae, advirtió que entre las implicancias que puede tener una desobediencia de parte de Alberto Fernández del mandato de los jueces lo primero que le cabría es el juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Pero también Alberto Fernández podría tener que asumir una responsabilidad penal por el delito de desobediencia. En términos procesales podría también tener que enfrentar una “ejecución de la medida cautelar”, que puede contemplar embargos sobre el patrimonio.
Son consecuencias que en términos personales podría enfrentar el Presidente por la decisión que tomó de desoír lo dispuesto. Pero, según Lonigro, toda la estrategia judicial tiene debilidades prácticas y, sobre todo, conceptuales.
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Es que la recusación a los jueces supremos es procesalmente extemporánea pero, sobre todo, no hay causa concreta para reclamar el apartamiento. En cuanto al recurso de revocatoria o de reconsideración -porque se intenta que el mismo tribunal que dictó la medida, la reconsidere y la revoque- las chances de que tenga una respuesta favorable después de dos años de trámite son menos que nulas.
El último de los ítems incluidos en el comunicado, explica Lonigro, referido a la solicitud que hicieron los gobernadores de ser tenidos como parte, la Corte ya los había desconocido cuando se presentaron como amicus curiae. ¿Por qué los jueces habrían de cambiar de opinión ahora?
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