La etapa decisiva en la que ingresó el juicio a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública promete profundizar la grieta entre los que consideran a la vicepresidenta víctima de una persecución judicial, bajo la etiqueta de lawfare, y los que sostienen la legalidad de todo el proceso y creen que ella es la responsable de una maquinaria delictiva destinada a recaudar desde millones de pesos de fondos públicos.
Esa fractura social, que se agravó en las últimas semanas e incluyó escraches y violencia callejera, coexiste con una situación económica signada por la inflación y el aumento de la pobreza a niveles históricos; y una situación política de extrema debilidad del gobierno que preside Alberto Fernández y disputas internas en el seno de la coalición opositora de Juntos por el Cambio.
Como si se tratara de ejemplo perfecto de la paradoja del gato de Schrödinger -ese experimento de física cuántica que hablaba de un felino encerrado en una caja que estaba en teoría vivo y muerto al mismo tiempo- depende quién analice el tema, Cristina Kirchner es víctima o victimaria, culpable o inocente. Es que, al igual que en el ensayo científico, el observador modifica el objeto observado.
Es que para el fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación, está probado que la ex presidenta fue la jefa de una asociación ilícita que perjudicó al Estado por miles de millones de pesos, por lo que correspondería aplicarle una pena durísima de prisión, inhabilitación perpetua y decomiso de sus bienes. Mientras que para el kirchnerismo, nada de eso existió, sino que todo se trata de un caso de lawfare que busca proscribirla, como ocurrió antes en Argentina con Juan Domingo Perón y, ahora en Brasil con Lula Da Silva y en Bolivia, con Evo Morales.
Al mismo tiempo, culpable e inocente.
Como anticipó el domingo Infobae, Luciani al concluir el alegato tiene previsto pedir una dura sanción penal debido a que consideró probado que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner encabezó un armado ilegal para adjudicarle al empresario Lázaro Báez obra pública en Santa Cruz durante 12 años, que en gran parte no terminó pero cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.
En el adelanto del periodista Martín Angulo se destacó que, de acuerdo al artículo 174 del Código Penal, el delito de fraude en perjuicio de la administración pública prevé una pena de dos a seis años de prisión y establece que el culpable “si fuere funcionario o empleado público sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. En el caso de la asociación ilícita, la condena para la persona que sea considerada jefa de la organización delictiva se le asigna un mínimo de 6 años de prisión y un máximo de 10 años.
Pese a que para la acusación los fiscales Luciani y Sergio Mola agotaron ocho jornadas extensas, donde detallaron chats, documentos, testimonios y hasta un testamento, desde el Frente de Todos consideraron que todo se trata, en realidad, de una “persecución judicial”. Hubo comunicados, tuits, declaraciones públicas, entrevistas, programas de televisión y radio y solicitadas impugnando la tarea de los fiscales y los jueces, desde la primera instancia y hasta la Corte Suprema, que intervinieron en una causa que lleva años y recién ahora está en juicio oral.
“Lo que antes se impuso por medio de la violencia ilegal perpetrada por el Estado -desde los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955 hasta la trágica experiencia del terrorismo militar- hoy intenta abrirse paso bajo la simulación de un proceso judicial”, se publicó en una solicitada.
En el mismo sentido se expresaron los diputados del Frente de Todos: “Desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra (…) No habrá acción en su contra que la aleje del amor genuinamente ganado en el corazón de millones de argentinos y argentinas. Cristina amplió los derechos de los sectores populares y eso es irreversible en la memoria del pueblo”.
Por último, el canciller Santiago Cafiero, hombre de estrecha confianza de Alberto Fernández -que ayer tuiteó por el Día de la Niñez- advirtió en Twitter: “Quieren proscribir a Cristina Kirchner. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Morales y Lula Da Silva. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”.
En medio de todo, está el llamado a organizar una “pueblada” que hizo la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y las advertencias con sello de La Cámpora: “Jueces macristas no jodan con Cristina”.
Massa y el rumbo del Gobierno
Ajenos a ese paisaje y controversias, en el equipo del ministro Massa el anuncio de Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica -que incluyó un tuitero arrepentimiento de agravios pasados- se tomó como la confirmación de un rumbo de centro, en línea con la definición general de mayor austeridad y control de las variables fundamentales de la economía.
En términos políticos, Massa finalmente destrabó una designación que generaba resistencia en los sectores más duros del kirchnerismo, que condenaban más las ideas económicas que sus tuits. En el cristinismo más ultra, la digestión de la noticia tenía un regusto a amarga derrota conceptual.
Sin embargo, había enorme cuidado en las filas massistas de que la llegada al Palacio de Hacienda de Rubinstein no fuera interpretada por fuera del marco general de acuerdo con la vicepresidenta. De hecho, subrayan la medida más “dolorosa” en términos ideológicos para ellos -el fuerte aumento en las boletas de luz, gas y agua- fue conversada entre ambos. ¿De eso hablaron en su última reunión en el Senado? No saben ni contestan, obvio.
Massa trabajó durante las últimas semanas para el anuncio -desde este lunes- de una batería de medidas que apuntan a reforzar el orden fiscal, apurar la marcha de los sectores a los que denomina “las fábricas de dólares”, y avanzar con el sendero declinante de la “inflación Guzmán”, el desempleo y la caída de reservas.
Sobre el orden fiscal, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el jefe de Asesores, Leonardo Madcur, avanzaron en diálogo con los gobernadores para un techo presupuestario 2022 para empezar a desactivar la inercia de mayor inflación, más ingresos nominales y aumento del gasto público. En el mismo sentido -con indisimulable tono de ajuste- se harán anuncios sobre la asistencia del Tesoro y el congelamiento de vacantes y contrataciones al Estado. “Hay que dar señales de que el esfuerzo y la austeridad tiene que empezar desde la política”, explicaron.
Esta cuestión afecta, en primer lugar, la relación política con los gobernadores, quienes participaron con Axel Kicillof como anfitrión de una reunión donde hubo más lamentos que festejos. Ante una merma inevitable de esas transferencias es que apuran -con aval de al menos un opositor- una ley para suplir vía aumento de impuestos locales el ajuste tolerable.
Y sobre la cuestión de la “fábrica de dólares”, habrá novedades en varios sentidos. Negociaciones con el campo para impulsar las exportaciones de granos retenidos, anuncios para que la minería tenga un formato similar al del petróleo para impulsar las inversiones, y en materia de Economía del Conocimiento cambiar el actual régimen que impide cobrar servicios a clientes del exterior.
En cada una de esas mesas de negociación se mezclan, en dosis equivalentes, los intereses y protagonistas económicos y políticos. Mientras preparan el viaje que Massa tiene previsto hacer a Washington y Houston -centros político y petrolero de Estados Unidos- en el Frente Renovador interpretan que de a poco empiezan a registrarse señales de un orden recuperado en el funcionamiento del gobierno y la económica. “Por eso en la oposición los halcones están ganando terreno. Algunos empiezan a ver que quizás el partido del 2023 no esté terminado”, explican.
De hecho, en el último Índice de Confianza en el Gobierno que difunde la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella aparece un dato clave. La encuesta se realizó cuando Massa ya había sido confirmado como ministro de Economía. “El ICG de agosto fue de 1,18 puntos, con un aumento de 5,9% respecto al mes de julio. En términos interanuales el índice tuvo una variación negativa de 36%. El nivel de confianza actual es 40% menor al de la última medición del gobierno de Mauricio Macri (diciembre de 2019), y 49% inferior al del primer mes completo del gobierno de Alberto Fernández (enero de 2020)”, indica el informe.
Después de un derrumbe continuo, la encuesta mostró un freno a esa caída, después de que en julio que se registrara el valor más bajo del ICG durante la presidencia de Fernández, con 1,12 puntos. “La variación del ICG de agosto respecto del mes pasado fue positiva en cuatro de sus cinco componentes: Preocupación por el interés general (1,17 puntos, 17,7%), Eficiencia en la administración del gasto público (0,84 puntos, 9,8%), Capacidad para resolver los problemas del país (1,32 puntos, 7,6%) y Evaluación general del gobierno (0,78 puntos, 7,1%). Por el contrario, Honestidad de los funcionarios (1,80 puntos, -3,5%) presentó una variación negativa.
La oposición y un día clave
El miércoles, en el sindicato de los gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio empezará a mostrar si el rechazo a Cristina Kirchner es suficiente argumento para sostener una unidad resquebrajada por el recelo y la desconfianza.
La metralla verbal de Elisa Carrió no fue, ni por asomo, la causa eficiente de esas desavenencias. En verdad, la líder de la Coalición Cívica expuso conflictos larvados entre los socios de la alianza opositora, tanto por los vínculos con Massa como por los posicionamientos de cara a las presidenciales del próximo año.
Mauricio Macri, que en principio estará presente en el encuentro de pasado mañana, evitó una condena a los dichos de Lilita similar a las contundentes declaraciones de Patricia Bullrich y Gerardo Morales, presidentes del PRO y la UCR, respectivamente. Más aún, después de recorridas con “aroma” de campaña, ahora se confirmó que el presidente publicará un nuevo libro, después de “Primer Tiempo”, con otro título sugestivo: “¿Para qué?”. Si no se está encaminando a una candidatura, se le parece bastante.
“Nosotros estamos trabajando y nos estamos preparando para unas PASO con Mauricio”, decía días atrás ante Infobae un importante dirigente porteño del PRO, que masticaba la bronca por los dichos de Carrió. “A este ritmo, la Coalición Cívica se tendrá que armar su propia lista, como lo hicieron López Murphy y los radicales. Y si saca menos de 3% tal vez se queda sin nada”, desafiaba.
Sin embargo, la líder de la Coalición Cívica mostró que su poder de fuego está intacto. Forzó a Horacio Rodríguez Larreta a anular el oscuro negocio de las grúas porque le prometió una derrota segura en la Legislatura. Y se mostró el fin de semana activa con sus colaboradores, sobre todo por la publicación de una nota que refrendó sus acusaciones contra Cristian Ritondo.
Es el rival que tiene Diego Santilli como candidato a gobernador, el único que todavía no tuvo foto con Macri, quien sí se sacó con Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), y, claro, el propio Ritondo. Este último quiere ser quien presida el Interbloque de JxC en la Cámara de Diputados. Hasta ahora no tiene acuerdo para un cargo clave para la bancada opositora en la Cámara baja, un tema que podría discutirse el miércoles: “Es importante definirlo, porque en algunos temas a veces no sabemos cómo hay que votar y nos mostramos divididos. Ya nos pasó con la ley de HIV y de industrias culturales”, recuerda un dirigente.
El ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal -”yo no la defiendo más”, se le escuchó decir a Carrió entre sus íntimos- está entre otras cosas metido en la sucesión del clan Moyano en Independiente, un club donde toda la política parece interesada en jugar su partido. Volviendo a la líder de la Coalición Cívica, el miércoles y jueves se mostrará en lo que más le gusta hacer: dar charlas políticas a los alumnos y socios del centro de estudios Hannah Arendt. El próximo 25, a las 19 y por Zoom, estará con el siempre lúcido Juan José Sebrelli para hablar sobre la libertad, aunque con Lilita Carrió todo puede pasar.
SEGUIR LEYENDO
Sé el primero en comentar en"El juicio a Cristina Kirchner y el país que se pelea con los hechos"