La noche del 30 de diciembre de 2004, cuando faltaba tan solo un día para recibir el Año Nuevo, ocurrió la tragedia de Cromañon en el boliche de Once, que dejó el hiriente saldo de 194 muertos, la mayoría adolescentes y jóvenes. Pasaron 18 años, pero el dolor sigue siendo el mismo, tan arrasador como el instante en que las madres que perdieron a sus hijos confirmaron el peor desenlace después de horas de incertidumbre y desolación. La única forma de transitar el punzante aniversario recae en la unión, y por eso el viernes la ONG Familias por la Vida dijo presente en el armado de un cronograma de actividades para homenajear a las víctimas.
La conmemoración, que además fue un reencuentro de padres, familiares y sobrevivientes, empezó a las 11 de la mañana en la Plaza Manuel Belgrano de José C. Paz, y culminó a las 22.50 con el tradicional encendido de velas y una suelta de globos en el Santuario ubicado frente al lugar en que tuvo lugar el recital. La hora, por supuesto que también tiene un motivo: a las once menos diez la banda Callejeros dejaba de tocar mientras se desataba el letal incendio por el encendido de las bengalas.
Yolanda Leyes, coordinadora de Educación de la ONG que preside Nilda Gómez -madre de Mariano Benítez, de 20 años, fallecido en la tragedia-, habló con Infobae mientras se dirigía a la misa en la Catedral Metropolitana, que se celebró a las 18. “La jornada comenzó en José C. Paz con el homenaje a las víctimas paceñas, ya que también tenemos un convenio en el municipio donde trabaja la Dirección de Prevención y Protección Integral a la Víctima que fue creada por la ONG; y era muy importante que no quedara solo en un homenaje a nivel Ciudad de Buenos Aires, porque muchas víctimas eran del Conurbano, como Mariano Benítez, hijo de la presidente de la Asociación Civil Familias por La Vida”, remarcó.
“Gracias a la iniciativa de la coordinadora del área de Cultura, Carolina Benítez, que convocó a un excelente artista plástico, Joaquín Quinteros, también se inauguró el mural muy representativo de estos casi 18 años, con diferentes palabras que tienen un gran significado para nosotros en este proceso”, agregó sobre el descubrimiento de la pared que tuvo lugar en la sede de Familias por la Vida, sobre la Avenida Bartolomé Mitre 2815.
“Han fallecido muchos papás integrantes de la ONG, porque la pandemia también nos marcó a todos, y hay algunos padres muy grandes que entre el encierro y la depresión fue un combo difícil”, reveló Yolanda con pesar. Y agregó: “Hay padres que no pueden salir, que están muy afectados y volver a empezar cuesta, pero la realidad es que estamos y nos acompañamos a la distancia, trabajando durante todo el año fuertemente; somos muchos, pero parecemos pocos”. En este sentido, a través de la cuenta de Instagram (@familiasporlavida.ong) publican las actividades y los talleres que van realizando tanto en ámbitos educativos como en los espacios virtuales tales como las transmisiones en vivo donde diferentes especialistas charlan con la comunidad.
Al tanto de que otras organizaciones de familiares de las víctimas participaron de actividades en calidad de homenaje frente al Obelisco, Yolanda aclara su postura: “Sabemos que durante el día de hoy otras ONG realizaron diferentes manifestaciones artísticas, que incluyen recitales, pero la verdad es que nosotros estamos lejos de todo eso, porque entendemos y tenemos muy claro en nuestra prevención de lo que es el derecho a la diversión que hay responsables por lo que pasó, y no lo decimos nosotros, lo dijeron los sobrevivientes, los expedientes y la Justicia”.
“Hay una historia, que es la única y desde ese lugar nos mantenemos firmes”, agrega con convicción. Durante todo el año lectivo los especialistas que trabajan en dictan talleres titulados “Prohibido Prohibir, Mejor Prevenir” en todos los niveles educativos. “Justamente hablamos sobre el derecho a la diversión, porque consideramos que todos los jóvenes tienen derecho a divertirse y conocer herramientas que les permitan cuidarse, y para eso el Estado debe regular que todo esté en condiciones y que no haya irregularidades”, sostiene. La ONG también recibe denuncias, y cuenta que antes de Navidad les llegó la información de un boliche del municipio de Ituzaingó que cerró sus puertas y hubo encendido de bengalas.
“Aún hoy pasan hechos lamentables, y por eso se trata de alertar a los jóvenes, para que sepan que si hay una sobrecapacidad de personas es importante no quedarse, denunciarlo, para volver a salir, porque si emitimos una denuncia y un agente gubernamental de control clausura el lugar, se trata de una medida momentánea, hasta que estén dadas las condiciones para que pueda ser abierto nuevamente en las condiciones que corresponden”, detalla. Asegura que se trata de un grupo mancomunado que trabaja en conjunto, teniendo presente el mensaje social que desean transmitir.
“Cada área de la organización tiene funciones determinadas: el área de salud mental trabaja y acompaña con especialistas y profesionales conteniendo a las víctimas, tanto los psicólogos que brindan terapia, y los profesores de yoga, entre otras actividades; mientras que Cultura acompaña con proyectos de arte vistos como herramienta para sanar; y desde el área de Educación trabajamos para que el derecho de diversión se entienda como tal, porque es inherente a cualquier ser humano. No prohibimos que alguien vaya a un bar, a un restaurante, a un recital, para nada; solo queremos que todos vuelvan a sus casas y que no vuelva a ocurrir un nuevo Cromañon”, sentencia. En este punto, se detiene en el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados por unanimidad el pasado 12 de octubre, que propone declarar la utilidad pública y la expropiación del predio donde ocurrió la tragedia, y que se convierta en “un espacio dedicado a la memoria”.
“La expropiación ahora debería ser tomada por el Poder Ejecutivo, porque ya pasó por Diputados y Senadores, ya se sancionó y queda pendiente que el Ejecutivo se ponga a trabajar para que se convierta justamente en un espacio de la memoria, donde deberíamos convivir todos los grupos, familiares y amigos de República Cromañón”, explica Yolanda. La ONG ya había presentado un proyecto de ley similar en 2019, poco después de que Rafael Levy, dueño de “Nueva Zarelux S.A.” y propietario del predio donde funcionaban Cromañon y el hotel contiguo, el Central Park -quien fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso- recibiera las llaves del lugar tras quedar en libertad.
Los familiares habían compartido el proyecto que idearon en conjunto con el Instituto Nacional de la Música, donde propusieron que el predio se transforme en un “Museo de la Memoria”, para que músicos con experiencia que ya no cuentan con lugares para brindar su arte, puedan volver a tocar, y a su vez puedan transmitir su legado de lecciones de vida en torno al ambiente artístico y las presentaciones multitudinarias. Yolanda lamenta que la decisión del Congreso todavía no haya sido reglamentada, y coincide con la presidenta de la ONG en que será una ardua tarea exigir que se avance en esa cuestión, porque pese al hito que significó conseguir la expropiación, consideran que ya es hora de que lo aprobado y sancionado se haga realidad.
“La corrupción, la negligencia y la codicia provocaron Cromañon. Era una tragedia evitable, la mayor tragedia que sufrió nuestro país por causas no naturales, y se podía evitar, en un lugar que no estaba en condiciones para ser habilitado. Hay que estar cuidados y el Estado es responsable”, reclama la coordinadora, en representación de todos los integrantes de Familias por la Vida. A las 22.40 se encendieron las 194 velas en el santuario, y diez minutos más tarde soltaron los globos en una jornada donde el lema quedó sellado en sus corazones: “No puedo olvidar, ni quiero”.
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