El 26 de mayo, el Ejército de Chile sufrió un ciberataque. Mediante un ransomware, una organización de cibercrimen conocida como Rhysida secuestró miles de datos de la institución castrense y exigió un rescate por su liberación. Entre los documentos liberados se encuentran algunos que revelan el rol y las labores del Ejército durante los días de estado de excepción durante el estallido social, así como su preparación ante eventuales nueva protestas.
Estos documentos, calificados como secretos, contienen planes de acción, estrategias para resguardar infraestructura crítica y planes de enlace para una reacción rápida y eficiente en caso de ataques a los cuarteles militares. Aunque la mayoría de la información es de naturaleza general, algunos archivos contienen puntos de vista y versiones sobre los participantes en las manifestaciones durante el estallido social chileno.
Un documento clave es el Plan Saturno 2, fechado el 9 de agosto de 2021 en Concepción, el cual detalla los elementos estratégicos y tácticos para enfrentar eventos similares al estallido social de 2019, que requieran la intervención de las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. El Ejército señala en este documento la creciente presencia de eventos de “naturaleza híbrida”, los cuales son acciones hostiles que combinan métodos y capacidades convencionales y son ejecutadas tanto por agentes estatales como por grupos u organizaciones no estatales. Estas acciones pueden incluir desinformación, ciberataques, terrorismo, sabotaje e insurgencia, entre otros.
El documento también resalta la importancia de que los soldados se preparen no solo en términos de equipamiento y entrenamiento, sino también en el conocimiento de las reglas del uso de la fuerza y el respeto irrestricto a los derechos humanos de la ciudadanía. Durante el estallido social, las reglas del uso de la fuerza fueron objeto de controversia, ya que no fueron establecidas por el poder civil, lo que generó discrepancias en cuanto a los niveles de discrecionalidad y letalidad de las acciones militares frente a diferentes amenazas.
El informe hackeado también destaca la importancia de que Carabineros, la fuerza policial de Chile, sea responsable del mantenimiento del orden público, mientras que el Ejército se enfoque en la protección de infraestructura crítica, cadenas de suministro, logística y cuarteles. Asimismo, se subraya la necesidad de brindar apoyo psicológico a los soldados, incluso mediante Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), para enfrentar eventos críticos que puedan generar un impacto emocional y prevenir consecuencias negativas para su moral.
La revelación de estos documentos pone en evidencia los desafíos a los que se enfrenta el Ejército de Chile en cuanto a futuros estallidos sociales y amenazas híbridas. Es fundamental que las instituciones competentes adopten medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar el respeto absoluto de los derechos humanos durante situaciones de crisis.
A medida que se avance en la investigación y se tomen las acciones correspondientes, la sociedad chilena estará atenta a las medidas implementadas para abordar las vulnerabilidades identificadas y asegurar la seguridad y el bienestar de la población en general. El manejo responsable de la información y la protección de los derechos humanos serán aspectos cruciales para restaurar la confianza y preservar el orden democrático en el país.
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