El 1 de septiembre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudió al recinto de la Cámara de Diputados para entregar al Congreso el cuarto informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y mientras desfilaba por los pasillos de San Lázaro, se suscitó un encuentro con el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el cual resultó llamativo por la forma amistosa en que se saludaron mientras intercambiaban comentarios al oído.
El afable trato que dispensó el titular de Segob al líder priista, quien en las últimas semanas ha sido atacado por Morena a través de una larga serie de audios que dan cuenta de una presunta corrupción mientras el último fue gobernador de Campeche, causó sorpresa, sin embargo, Adán Augusto López declaró que no debía extrañar pues se trató de una cortesía entre políticos.
Tras inaugurarse el nuevo periodo ordinario de sesiones, el primer dictamen que se votó en el Pleno de la Cámara de Diputados fue la iniciativa presidencial para integrar formalmente a la Guardia Nacional al Ejército, a la que el líder priista se opuso.
“Mi voto es EN CONTRA de la militarización de la Guardia Nacional. No seremos cómplices de que México caiga en un desequilibrio de fuerzas por la incapacidad del Gobierno de Morena”, aseveró el campechano.
Sin embargo, mientras se debatía y votaba el proyecto de Morena sobre la Guardia Nacional, la diputada priista Yolanda de la Torre Valdez, presentó, “a título personal”, una iniciativa para modificar el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional con el que se creó la GN, para extender hasta 2028 el periodo en que el titular del Ejecutivo Federal pueda disponer de las Fuerzas Armadas para ejercer labores de seguridad pública.
El plazo original de la reforma de 2019 señala que a raíz de la creación de la GN, en lo que esta se desarrolla y consolida, el presidente de México cuenta con cinco años (hasta 2024) en los que puede emplear a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad con el aval del Congreso.
Aunque en el discurso Alejandro Moreno, dirigente nacional, y Rubén Moreira, coordinador de los diputados tricolores, se oponen a la militarización del país, ninguno de ellos ha rechazado públicamente la iniciativa de Yolanda de la Torre, incluso, invitaron al PAN y al PRD a considerar la iniciativa para extender el plazo del Ejército y la Marina en labores de seguridad hasta 2028.
La sorpresa para muchos fue que Morena, partido que posee mayoría en el Congreso, permitió que la Sección Instructora que deberá dictaminar la petición de desafuero de Alito Moreno ante las acusaciones de la Fiscalía de Campeche, esté integrada por dos morenistas Jaime Humberto Pérez Bernab y Leonel Godoy, además del panista José Elías Lixa Abimerhi y finalmente el priista Rubén Moreira.
El hecho de que dos diputados de Morena voten a favor del desafuero de Alito y dos de la Alianza Va por México voten en contra, llevaría a un empate técnico, lo que implicaría que se estanque el juicio político y con ello la salvación del líder nacional del PRI ante el proceso penal.
La Sección Instructora es la encargada de analizar la petición de desafuero, y en caso de considerar la procedencia, debe elaborar y votar el dictamen, que de ser aprobado por tres de los cuatro diputados, pasará al Pleno de San Lázaro para que sea votado.
De acuerdo con algunos analistas, la sorpresiva postura del PRI a favor de extender la presencia del Ejército en las calles hasta 2028 resulta contraria a su discurso en contra de la militarización en medio del debate por la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que lleva al PAN y al PRD a plantearse si Alejandro Moreno cumplirá su palabra de mantenerse leal a los objetivos de la Alianza Va por México o si en su lugar abrió una posibilidad para que el priismo apoye a Morena en este tema a cambio del perdón al líder nacional del tricolor.
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