La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), liderada por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, y la Federación Argentina de Prestadores de la Salud (FAPS) llegaron a un acuerdo por la paritaria con un aumento del 45%, en sintonía con el número que reclamaban los trabajadores del sector.
En las últimas semanas habían realizado paros y otras medidas de fuerza ante el fracaso de reiteradas negociaciones con las cámaras patronales, motivo por el cual el Ministerio de Trabajo tuvo que dictar la conciliación obligatoria. A partir de esta tarde, con la firma de la paritaria, se descomprime la crisis en el sector.
La recomposición del 45% será en cuatro tramos: 15% en el sueldo de julio, otro 15% en el de septiembre, 10% más en el de noviembre y el 5% restante en el de febrero de 2022. Para ese mes se acordó una cláusula de revisión, que prevé que las partes harán un monitoreo de la evolución de los precios y los salarios.
El acuerdo que se logró con la cartera conducida por Claudio Moroni alcanzará a la totalidad del personal asistencial de clínicas y sanatorios privados, en el marco de la pandemia del coronavirus que sigue manteniendo en vilo al sistema de salud del país, a pesar de que algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, llevan ocho semanas seguidas de descenso en el promedio de nuevos contagios.
El lunes pasado FATSA había anunciado una nueva medida de fuerza debido a la falta de acuerdo salarial. “Los trabajadores de Sanidad de todo el país paramos el jueves por 24 horas. Seguiremos adelante con nuestro Plan de Lucha Nacional hasta lograr nuestro objetivo”, había manifestado Daer tras otras negociaciones fallidas por la paritaria.
Por ese motivo, el Ministerio de Trabajo prorrogó la conciliación obligatoria. Lo hizo a través de una decisión de la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, quien exhortó a sindicalistas y empresarios a mantener “la mejor predisposición y apertura para continuar el diálogo y contribuir a la paz social y a mejorar en ese contexto las relaciones laborales”.
Sanidad calificó la decisión de la cartera de Trabajo de prorrogar la conciliación obligatoria dictada el 30 de junio hasta el 3 de agosto como “injusta e ilegítima”. “No se puede impedir la realización de medidas de fuerza, cuya única finalidad es lograr la actualización de los básicos del sector asistencial. El gremio negocia hace más de dos meses de buena fe, y los empresarios se niegan a formular una propuesta”, protestó FATSA a través de un documento difundido mediante sus redes sociales.
“No nos van a callar”, se plantó Daer en aquella oportunidad. “Si los trabajadores pelean contra la pandemia de coronavirus pueden hacerlo en rechazo de la mezquindad de los empresarios. Gobierno y patrones deben prestar atención y asumir las responsabilidades. Cuando una injusticia social alcanza esta dimensión es porque no son reales las prioridades declamadas”, agregó.
“Luego de largas negociaciones no se ha podido acordar una nueva escala en cada convenio colectivo”, expresó el sindicato de Sanidad mediante un comunicado. Y apuntó contra “los representantes patronales que se han negado sistemáticamente a concretar los justos aumentos salariales que reclamamos”
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