El presidente Alberto Fernández prorrogó por otros 180 días la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, de esta manera, también ratificó a Cristina Caamaño al frente del organismo, mientras el oficialismo espera que avance el proyecto de ley para regular su actividad. La medida fue anunciada a través del Decreto 359/2021, el cual fue publicado en un suplemento del Boletín Oficial del viernes.
Con la firma del mandatario nacional y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se extendió el plazo durante el cual la AFI continuará bajo la órbita de Presidencia y dirigida por Caamaño, como lo está desde el 21 de diciembre de 2019.
Entre los considerandos, las autoridades nacionales aseguraron que durante el tiempo que lleva la intervención, se observó “la implementación de aquellos cambios necesarios para profesionalizar y democratizar el sistema de inteligencia”.
Además, sostuvieron que se están “fortaleciendo mecanismos de transparencia en el manejo de recursos, con el fin de reducir las partidas confidenciales al mínimo indispensable y generar un programa de rendición de cuentas, lo que se vislumbra sobre la base de la publicidad de la información presupuestaria”.
Todos esos argumentos son los mismos que se utilizaron en las pasadas prórrogas, en las que, al igual que ahora, se destacó que desde que se intervino la ex SIDE “se han comenzado a disponer modificaciones esenciales” destinadas a consolidar “los principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”.
De la misma manera, como ocurrió en las ocasiones anteriores, el Poder Ejecutivo volvió a opinar que durante la gestión de Cambiemos se vio interrumpida la “tendencia hacia la democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Al respecto, consideró que el manejó que tuvo el organismo en la presidencia de Mauricio Macri “implicó un notorio retroceso institucional en la materia, que se ha traducido en la práctica en un funcionamiento desviado de las finalidades” de la AFI y se profundizaron “los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”.
Asimismo, se recordó que el 22 de junio de 2020 el Gobierno envió un mensaje al Senado en el que informó que “se propicia la designación de la doctora Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz al frente” de la ex SIDE, por lo que ratificó que la funcionaria sigue siendo su principal candidata para ser designada como directora general del organismo.
Paralelamente, el oficialismo continúa impulsando en el Congreso el proyecto para modificar la Ley Nacional de Inteligencia, con el objetivo de “dotar al país de una herramienta indispensable para mejorar la calidad de las decisiones, en el contexto de la configuración de las relaciones internacionales y la preservación de sus intereses en un mundo en transformación”.
Según el texto, la nueva normativa establecerá un marco jurídico que regulará las actividades de inteligencia y contrainteligencia nacional conforme a la Constitución Nacional y a los tratados de Derechos Humanos suscriptos y que suscriba la Argentina.
La intervención de la AFI fue una promesa de campaña de Alberto Fernández, que él mismo ratificó el 10 de diciembre del 2019, en lo que fue su primer discurso ante la Asamblea Legislativa tras haber asumido al frente de la Casa Rosada.
“Como paso inmediato dispondré la derogación del Decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras primeras y penosas medidas que la administración anterior promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado”, agregó en aquella oportunidad el jefe de Estado.
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