El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé que las pensiones contributivas se revaloricen en torno a un 4% en 2024 como consecuencia de la inflación media entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, según establece la primera parte de la reforma de las pensiones impulsada por José Luis Escrivá. Fuentes del ministerio contemplan una horquilla de incremento de los precios en el citado periodo entre el 3,5% y el 4,5%, por lo que plantean que el escenario más probable es el 4%.
De la misma manera, fuentes ministeriales aseguran que también subirán las pensiones no contributivas y las mínimas, según lo contemplado en la segunda parte de la reforma de las pensiones, incluso aunque no haya Presupuestos Generales del Estado para 2024, aunque no han confirmado si esto se efectuará mediante un real decreto-ley. La reforma establece un incremento mayor de este tipo de pensiones vinculado al umbral de pobreza para eliminar progresivamente la brecha existente.
De esta manera, las pensiones mantendrán el poder adquisitivo pese a las subidas de precios, uno de los criterios principales que exigía Bruselas en el Plan de Recuperación a la hora de efectuar la reforma de las pensiones. Esto no fue así en la década anterior como consecuencia del Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) introducido por la reforma de 2013, que permitía que los precios pudieran subir más que estas prestaciones.
Sin embargo, este blindaje del poder adquisitivo de los pensionistas conlleva aumentos del gasto público que se suman a la tensión que introduce en el sistema la jubilación de la generación del baby boom, una cohorte especialmente numerosa. Por ello, el Gobierno introdujo nuevas medidas para incrementar los ingresos del sistema de la Seguridad Social: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el aumento de las bases máximas de cotización, principalmente.
Según el informe de proyecciones publicado este martes por el ministerio, el gasto medio en pensiones alcanzará una media del 12,4% del PIB entre 2022 y 2050. Gasto que, en ausencia de las medidas de ingresos, se elevaría hasta el 14,2%. No obstante, ambas cifras están calculadas sin tener en cuenta la revisión del PIB que publicó el INE en septiembre. Si se tiene en cuenta dicha corrección, el gasto medio en pensiones contando ya con las medidas de ingresos de la reforma se situará en el 11,9% del PIB, según el ministerio. Además, el informe también contempla que las medidas de ingresos logren un impacto del 1,8% del PIB en el periodo 2022-2050.
Si ambas cifras se cumplieran, tanto la del impacto de los ingresos como la del gasto medio, las cuentas del sistema de pensiones se ajustarían a lo establecido en la cláusula de cierre de la reforma de pensiones (la disposición adicional segunda) y no sería necesaria la aplicación del mecanismo de ajuste. Dicha disposición establece que el gasto medio bruto público en pensiones no debe superar el 15% del PIB en el periodo 2022-2050.
El Gobierno descarta la activación del mecanismo de corrección
Cabe recordar que otras instituciones, entre ellas la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España, no tienen escenarios tan positivos sobre la evolución del sistema de pensiones. Ambos consideran que los ingresos previstos en la reforma no compensarán los gastos récord derivados no solo de ligar las pensiones al IPC y de aumentar las más bajas, sino también del envejecimiento de la población.
El supervisor bancario español estima que las medidas de ingresos de la reforma supondrán un 1,4% del PIB de 2050, la misma cifra que estima la AIReF y casi igual que la del ministerio (1,5%), aunque prevé una mayor dimensión de lo que supondrán los gastos. Mientras la entidad dirigida por Cristina Herrero cifra estos en un 2,3% sobre el PIB de dicho año y el ministerio los cifra en un 2,4%, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos calcula un 3,7% sobre el PIB de 2050.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social atribuyen estas diferencias a que su cartera tiene un escenario de proyecciones macroeconómicas algo más optimista, sobre todo en cuanto al efecto de la migración en el empleo al reponer a la población activa que se jubile y también en lo que se refiere al aumento de la productividad. El Gobierno prevé que esta mejore notablemente en las próximas décadas como consecuencia de las reformas e inversiones asociadas al Plan de Recuperación y a los fondos Next Generation.
En cualquier caso, 2025 será la primera fecha clave para comprobar si las cuentas de las pensiones cuadran. La AIReF tendrá que evaluar si la senda de los gastos y el impacto de los ingresos se ajusta al escenario requerido para que el sistema de pensiones sea sostenible basándose en los datos del informe de envejecimiento que publique la Comisión Europea. El Gobierno confía en superar esta fecha sin que sea necesaria la activación del mecanismo de ajuste, aunque la AIReF ya ha avisado de que hará sus propias proyecciones “independientes” al margen del mencionado informe de la Comisión Europea porque en su confección participan los propios estados miembros.
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