El Gobierno acordó pagarle 1,93 millones de dólares a un bonista que formaba parte de una causa por su deuda en default del 2001 que había planteado una demanda en Estados Unidos.
De este modo, el acreedor desistió de la demanda en las últimas horas, según la decisión conocida a través del analista de deuda Sebastián Maril. Expertos en cuestiones de deuda destacaron que es el primer pago de este tipo desde el cambio de gobierno en 2019 y que forma parte de la agenda de normalización financiera que comenzó el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.
En el escrito del Distrito Federal de Nueva York se indicó que “considerando que el 19 de diciembre de 2006, el demandante Roberto Fiore, entre otros, presentó una Demanda Enmendada contra la República Argentina (la “República”) basada en su propiedad de intereses efectivos en bonos emitidos por la República (los “Bonos”); considerando que el demandante ha resuelto sus reclamaciones y, en consecuencia, ya no tiene ningún interés en los Bonos que son objeto del caso arriba mencionado”.
“Ahora por lo tanto, el demandante, por sus abogados Melchionna, PLLC, y la República, por sus abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, estipulan y acuerdan que se desestiman los reclamos del demandante de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil; Procedimiento Civil 41(a)(1)(A)(ii) con perjuicio y sin costas”, indicó la decisión judicial.
El demandante, por sus abogados Melchionna, PLLC, y la República, por sus abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, estipulan y acuerdan que se desestiman los reclamos del demandante
El caso comenzó a 2006, cuando un grupo de acreedores de deuda argentina en default que no entró en el canje del 2005 para salir del default denunciaron a la Argentina en un tribunal de Nueva York, ni al del 2010. Tampoco aceptaron la resolución implementada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri para salir de la cesación de pagos.
La jueza Loretta Preska, en un documento fechado este lunes, declaró que Fiore llegó a un acuerdo con Argentina y ya no tiene “ningún interés en los bonos”, por lo que ordenó desestimar su denuncia.
Según dijo el analista Sebastián Maril a Infobae “este caso es uno de los cinco que habían recurrido a los embargos para cobrar. Beltramo buscaba activos del Estado en la sucursal del Banco Nación en Nueva York. Finalmente el Gobierno pagó. Los otros casos son Aerolineas Argentinas, Bainbridge Capital (holdout), Attestor Master Value (holdout) y WeBuild (la ex Impreglio)”.
Orden al Banco Nación
Maril también indicó que el acreedor había solicitado cobrar “mediante un proceso de embargo de activos que el Estado tiene en el Banco (de la) Nación” en Nueva York.
A fines de junio Preska le ordenó al Banco Nación en Nueva York, entregar información para embargar activos y pagarle a este bonista, que estaba en cesación de pagos y que tenía una sentencia favorable.
Maril informó que la jueza Preska, quien heredó las causas que llevó adelante el juez Thomas Griesa, le ordenó en junio a la sucursal del Banco Nación en Manhattan que brinde “documentos, mails, información sobre cuentas o cualquier objeto, para iniciar una inspección (Discovery) con el propósito de embargar activos y para pagar una sentencia a un acreedor con bonos en default”, en la causa caratulada como “Renzo Beltramo versus la República Argentina”.
Según los documentos entregados por la defensa de Argentina al tribunal, el Gobierno pagó la sentencia a este denunciante, que tenía bonos denominados en euros, a principios de agosto. Según las agencias internacionales, en 2016, Argentina ya alcanzó acuerdos por valor de 6,7 millones de dólares con una decena de los bonistas en la causa, dirigida por el juez Thomas Griesa y que en 2017 fue heredada por la magistrada Preska.
(EFE)
En los canjes del 2005 y 2010, el gobierno argentino logró sumar al 93% de los acreedores que cayeron en default luego de la declaración de cesación de pagos del gobierno argentino a fines del 2001. En 2011, luego de 10 años de esa decisión argentina, el juez Thomas Griesa empezó a dictar sentencias cuando el gobierno argentino le cerró la puerta al resto de los bonistas -los denominados “fondos buitre” e inversores institucionales e individuales que sí querían negociar- con una “cláusula cerrojo”.
En 2014, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dejó en firme los fallos contrarios al país porque la presidenta Cristina Kirchner y el ministro Axel Kicillof decidieron cancelar a último momento un acuerdo al que habían llegado el Banco Central y un grupo de bancos nacionales y extranjeros para solucionar el problema.
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri retomó las negociaciones con los fondos que tenían fallos favorables y acordó por medio del equipo del ministro Alfonso Prat Gay una salida negociada con una quita cercana al 30% –convalidado por el Congreso– y un importante recorte en los intereses devengados desde fines del 2001.
En 2020, el gobierno de Alberto Fernández realizó a través del ministro Martín Guzmán otra reestructuración de la deuda con los acreedores privados, que logró una amplia adhesión del 99% de los participantes, aunque, al no generar pagos inmediatos y no llevarse adelante en un clima de recuperación de la confianza de los inversores, no se tradujo en una mejora de la situación financiera local en los mercados, tal como se refleja en los débiles precios de los bonos argentinos, tanto bajo ley nacional como extranjera, con un riesgo país que el viernes cerró en 2458 puntos básicos.
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