La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, insistió en que el retraso de la edad mínima de jubilación y el aumento a 43 años del periodo de cotización para tener la pensión completa son ya algo innegociable, a pesar del descontento y las protestas sociales.
“No, eso ya no es negociable”, respondió tajante Borne en una entrevista publicada este domingo por la emisora France Info, porque “es necesario para asegurar el equilibrio del sistema”.
En la antesala de una nueva jornada de protestas convocada por los sindicatos para este martes -la segunda tras la huelga y las multitudinarias manifestaciones del pasado 19 de enero-, la primera ministra se mostró inflexible sobre los ejes principales de la iniciativa, que empezará a ser examinada en la Asamblea Nacional a partir del 6 de febrero.
“Este es el compromiso que nos hemos propuesto”, confirmó la primera ministra a menos de 24 horas de la primera revisión del texto en la Asamblea Nacional este próximo lunes.
Borne también recalcó, frente al descontento y las críticas que suscita la reforma, que el Gobierno ha oído “muchas inexactitudes” e informaciones falsas. En concreto, rechazó que los cambios vayan a perjudicar especialmente a las francesas (más afectadas por las interrupciones de carrera) y reivindicó que “dos tercios” de los jubilados que se van a beneficiar de una revalorización por la subida de las pensiones mínimas son precisamente mujeres.
También recordó que el tope de los 67 años para disfrutar de la pensión completa -independientemente de los años cotizados- es un parámetro que el Gobierno no contempla cambiar.
La reforma impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron contempla como ejes principales el aumento de 62 a 64 años para 2030 de la edad mínima de jubilación y el adelanto a 2027 de la subida de 42 a 43 años de cotización para poder disfrutar de una pensión completa (hasta ahora previsto para 2035).
También propone acabar con los regímenes especiales de jubilación, más ventajosos que el del sistema general y utilizados en muchas ocasiones por empresas del sector público, como la eléctrica estatal EDF.
La opinión pública francesa está mayoritariamente contra la reforma y esa opinión se ha ido reforzando en los últimos días. El instituto demoscópico Elabe publicó esta semana una nueva encuesta, según la cual se opone a ella un 72 % de los preguntados, seis puntos más que hace una semana.
(Con información de EFE)
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