El Gobierno definió una política salarial que será confrontada por el mundo sindical

A diferencia de lo que sucedió en el 2016 y el 2017, cuando no hubo una política salarial definida en concordancia con las metas de inflación fijadas, esta vez el Gobierno ha establecido una política salarial que estima coherente con la meta de inflación del 15% para todo este año.

Quiere el presidente Mauricio Macri que los salarios que se negocien tengan un techo del 15%, mientras que propicia la eliminación de todas las cláusulas gatillo que varios sindicatos han venido firmando como parte de la renovación salarial.

Desde el punto de vista de tratar de lograr que los salarios no aumenten más allá de la meta de inflación, porque la comprometerían seriamente, es una decisión que tiene lógica interna, pero que también, lógicamente, el mundo sindical probablemente rechazará, dado que reduciría su poder de negociación.

También las cláusulas gatillo, que se disparan cuando la inflación de mercado supera la marca de la meta de inflación, generan un ajuste salarial automático que se traslada de inmediato a los precios. La indexación de los precios de la economía es totalmente incompatible con cualquier meta inflacionaria que se fije, por lo que se entiende por qué el Gobierno toma esa medida.

Muchos sindicatos están conformes con recibir un aumento de salarios del 15%, pero exigen que en los convenios respectivos se incluya esa cláusula de ajuste como condición fundamental para su aprobación, argumento que el Gobierno rechaza.

Frente a estas decisiones gubernamentales, el mundo sindical ya ha anunciado que está dispuesto a emprender un plan de lucha para voltearlas, porque existe la creencia generalizada de que la inflación real superará, y no por poco margen, la meta del 15%; creencia compartida por gran parte del mundo empresario y de los analistas económicos. Idea que compartimos.

De suceder este desvío y no ser compensado por un aumento salarial, el poder de compra de los salarios caería en forma marcada a lo largo del año, siendo un factor de primer orden que impediría lograr el crecimiento económico que el Gobierno espera para el 2018, fenómeno que impactaría de modo negativo en el déficit fiscal y reclamaría más endeudamiento para financiarlo.

La confrontación entre gobierno y sindicatos para nada es algo nuevo en la historia económica del país, y está históricamente demostrado que en ese enfrentamiento en general ha terminado cediendo el gobierno de turno, al punto tal que puede decirse que ningún plan de estabilización ha tenido éxito por la oposición sindical.

El plan de convertibilidad fue una excepción, porque fue el único que encaró un tratamiento de shock de la rampante inflación que existía, terminando con esta de un día para otro al aniquilar la mentalidad inflacionaria.

Pero en todo esquema gradualista, como el que prefiere el Gobierno, la debilidad de toda administración para consolidar la baja de la inflación es que tendrá que enfrentar una dura lucha contra los sindicatos.

Por lo menos hasta ahora todo parece indicar que habrá un año de múltiples conflictos con el mundo sindical, tanto oficial como privado, un clima de extendida conflictividad con huelgas, retiro de colaboración, movilizaciones que probablemente suscitarán el apoyo de todo el arco político opositor.

Este no es justamente el escenario más atractivo para los inversores extranjeros y tampoco para los nacionales, un factor de peso para que haya una salida al conflicto esperado. Sigue habiendo una profunda contradicción entre un techo para las subas salariales en paralelo con ajustes de tarifas que superan largamente ese porcentaje, contradicción que constituye el meollo del fracaso del Gobierno en lograr las metas de inflación que ha fijado.

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS