El Gobierno de Argentina reprocha la convocatoria a una huelga general

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- El Gobierno de Argentina reprochó este viernes a la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, el haber convocado a una huelga general en protesta contra las amplias reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, quien lleva tres semanas en el Ejecutivo.

“Nos pareció llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas que proponemos para el mundo del trabajo cuando la situación económica es crítica”, afirmó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, quien reivindicó la necesidad de modernizar la normativa laboral.

El jueves, la CGT resolvió hacer una huelga general y una concentración frente al Congreso de la Nación el próximo 24 de enero, un día antes de la fecha en la que el Ejecutivo pretende que se vote en el Parlamento el polémico paquete de reformas.

La central sindical, de raigambre peronista y que no lanzaba una medida de este tipo desde el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), ya se había movilizado el miércoles para protestar contra un decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, un instrumento que entró en vigencia este viernes.

El vocero presidencial llamó la atención sobre el hecho de que la CGT no hubiera convocado huelga alguna durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) cuando, en su opinión, esa Administración dejó a los trabajadores con “malos salarios” y en buena parte en la informalidad.

“No hay precedente de haber llamado a un paro general de una manera tan rápida desde la asunción de un nuevo Gobierno, cuando la herencia que ha recibido este Gobierno es absolutamente brutal”, enfatizó el portavoz.

Al decreto presidencial se sumó el pasado miércoles el envío al Parlamento por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley en virtud del que se declara una emergencia pública en Argentina hasta finales de 2025 -prorrogable por otros dos años-, período durante el cual se delegan al presidente amplias facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.

El proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras, una flexibilización laboral y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas y tomar deuda pública.

Además, entre sus 664 artículos, la iniciativa incluye uno que aprueba en su totalidad el decreto del pasado 20 de diciembre.

Este viernes, el gobernador de la norteña provincia argentina de La Rioja, Ricardo Quintela, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el decreto y disponga la suspensión total de sus efectos.

Al respecto, Adorni aseveró que el decreto es “legal, constitucional y está enfocado íntegramente en la suma de libertades” por lo que “no hay ninguna razón para que judicialmente se declare inconstitucional”.

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- El gobernador de la norteña provincia argentina de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió este viernes solicitar a la Corte Suprema que declare inconstitucional el decreto firmado por el presidente argentino, Javier Milei, el pasado día 20 para avanzar en una amplia desregulación de la economía.

El mandatario provincial, del opositor Partido Justicialista (peronismo), anunció mediante un mensaje en redes sociales que instruyó a los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni, exmiembro de la Suprema argentina y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia una “acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad” del decreto de Milei.

Diez días después de asumir la Presidencia argentina, Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía que incluye la derogación de varias leyes.

Según Quintela, el decreto, que entró en vigencia hoy, produce “perjuicios irreparables a la ciudadanía” por resultar “contrario” a varios artículos de la Constitución Nacional de Argentina y al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que compromete al desarrollo progresivo para la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas, invalidando la regresión en materia de derechos.

Además, el gobernador de La Rioja ha pedido a la Corte Suprema que dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos del decreto y ha solicitado también que ordene al Poder Ejecutivo “no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”.

En su mensaje en la red social X (antes Twitter), Quintela afirma que con la vigencia del decreto “se lesiona gravemente el federalismo, la inconstitucionalidad de la república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”.

“Por eso, este reclamo que hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del Estado de derecho y consolide los valores de nuestra democracia”, añade el mandatario provincial.

El decreto ya ha sido objeto de otras presentaciones individuales y colectivas en diversas instancias judiciales, pero la anunciada este viernes por el gobernador de La Rioja es la primera ante la Corte Suprema, que aceptó estudiar la solicitud de Quintela pero una vez terminado el receso judicial de enero.

“Esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial de enero”, dijo en máximo tribunal en una resolución a la que tuvo acceso EFE.

Además del decreto de urgente necesidad (DNU) de la semana pasada, este miércoles Milei remitió al Parlamento un proyecto de ley por el que se declara la emergencia pública en Argentina hasta finales de 2025 -prorrogable por otros dos años-, periodo en que se delegan al presidente amplias facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.

Este proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras, una flexibilización laboral y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas y tomar deuda pública.

Entre sus 664 artículos, la iniciativa incluye uno que aprueba en su totalidad el DNU del pasado 20 de diciembre.