El Gobierno busca extender la 'migración circular' para garantizar flujos ordenados y la cobertura de empleos vacantes

Los programas de migración circular que el Gobierno ha suscrito con Mauritania y Gambia durante la gira que el presidente Pedro Sánchez está realizando esta semana por estos países son “una herramienta más” de las disponibles para garantizar flujos ordenados y ayudar a las empresas españolas a cubrir los puestos vacantes.

Según explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata de “una herramienta más disponible para sectores con dificultades de cobertura de vacantes” que permite la contratación en otros países de trabajadores para que vengan a cubrir temporalmente ese puesto y regresen posteriormente a su país de origen.

La idea, tal y como ha insistido Sánchez en Banjul este miércoles, es “facilitar una migración segura, ordenada y regular” y que beneficia a los ciudadanos en ambos países. Desde el departamento que encabeza Elma Sáiz, que acompaña a Sánchez en su gira, reivindican que “es un ejemplo paradigmático de migración regular, ordenada y segura que ofrece una ‘triple ganancia'”.

Por una parte, “permite a las personas encontrar oportunidades en el extranjero sin romper los vínculos con su país en origen”, al tiempo que “favorece que empresas encuentren los perfiles cualificados que requieren” y, desde el punto de vista bilateral, constituye “una herramienta de cooperación y relación entre países a nivel internacional”, puesto que en muchos casos incluye la formación de los trabajadores y el consiguiente beneficio para sus comunidades cuando regresan.

Con ello, se contribuye a cubrir las demandas del mercado laboral español, defienden desde Inclusión. Según diversos estudios de la ONU, Comisión Europea, el FMI, la Airef o el Banco de España, España necesita del orden de 300.000 trabajadores migrantes al año para sostener el estado del bienestar.

A esto se refirió precisamente Sánchez la víspera en Mauritania. “Para nosotros el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad”, sostuvo, incidiendo en que “también es un asunto de pura racionalidad porque la contribución de los trabajadores migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también al sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones”.

CÓMO FUNCIONA

Pero, ¿cómo funciona la migración circular? La Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio se pone en contacto con la Embajada de España en el país en cuestión con el que ya existe un acuerdo en la materia para poner en conocimiento las ofertas de empleo concretas que tienen empresas españolas en determinados sectores. Entonces, si el país considera que puede satisfacer esa demanda, pone en marcha el proceso de selección de trabajadores.

Esta contratación podrá realizarse para cubrir puestos de naturaleza estacional, de temporada o campaña, a través de migración circular y solo con aquellos países con los que España tenga acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios.

Gracias a la reforma del reglamento de extranjería, los procedimientos se han simplificado y ahora se otorga a los beneficiarios, a través de un contrato fijo discontinuo, una autorización de cuatro años de duración, que habilita a trabajar un máximo de nueve meses al año.

Con ello, explican desde Inclusión, estos trabajadores pueden venir todos los años a España y regresan a su país tras ese periodo con las garantías establecidas en su contrato de que serán convocados en la siguiente estación o temporada. Antes de dicha reforma, estos proyectos tenían que tramitarse año a año por lo que el cambio reduce de manera muy relevante todas las cargas administrativas para empresas y para las personas que migran.

En Moncloa reconocen que por ahora las cifras de migrantes que consiguen llegar por esta vía legal a España en lugar de tenerse que jugar la vida en un cayuco o una patera son modestas, pero ponen de relieve que van en aumento y confían en seguir impulsando este modelo de éxito.

REGULADOS POR LEY POR EL GOBIERNO AZNAR

España lleva a cabo programas de este tipo desde 2000, cuando se incluyeron en la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En 2022, se firmaron convenios con países como Marruecos, Colombia, Honduras y Ecuador, y vinieron 19.100 trabajadores a España. Posteriormente, en 2023, se amplió a otros tres países más –Senegal, Argentina y Uruguay–, y se beneficiaron unas 17.200 personas.

Con Mauritania y Gambia serán ya once los países con convenios en funcionamiento: Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Guatemala, Uruguay, Argentina, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia.

Según Inclusión, en lo que va de año se calcula que ha habido 20.515 trabajadores que han llegado en virtud a estos acuerdos.

También hay Estados con los que existen instrumentos de colaboración en esta materia: Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Mali, Níger, México, El Salvador, Filipinas y Paraguay.

EL EJEMPLO DE LA FRESA DE HUELVA

Uno de los ejemplos de éxito es el proyecto ‘Wafira’ destinado a mujeres marroquíes empleadas en la recogida de frutos rojos en Huelva y que incluye formación en emprendimiento del que se han beneficiado ya 173 mujeres. Iniciado en octubre de 2021, se extenderá hasta febrero de 2025 y tiene un coste total de 3,25 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea a través del mecanismo Migration Partnership Facility (MPF).

Una vez finalizado el programa, las trabajadoras participantes regresan a su país, donde reciben asistencia tanto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como de las instituciones marroquíes para la puesta en marcha de los negocios en sectores como comercio, restauración, explotaciones agrarias y ganaderas, entre otros.

“Los programas de migración circular son una ganancia para todas las partes implicadas”, ha sostenido Saiz, para quien constituyen “un extraordinario ejemplo de nuestra política migratoria: procuramos la mano de obra que necesitamos en sectores de difícil cobertura, protegemos los derechos de los trabajadores, y, además, facilitamos el retorno de estas personas a sus países de origen, con los beneficios que pueda acarrear en el desarrollo de sus comunidades”.