El Gobierno apeló hoy la libertad de Amado Boudou. En su rol de querellante de la causa Ciccone, la Unidad de Información Financiera (UIF) –que en el juicio oral había pedido la condena y arresto del ex vicepresidente- busca que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la decisión del Tribunal Oral Federal 4 que, en una votación dividida, excarceló la semana pasada primero a Boudou y luego a su amigo, José María Núñez Carmona.
En un escrito al que accedió a Infobae, Mariano Federici, titular de la UIF, advirtió que “los riesgos de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de este caso y de los conexos que se encuentran íntimamente vinculados con la resolución definitiva de éste y que fueron extensamente descriptos, evaluados y merituados oportunamente por el Tribunal (al momento de la condena), no se han modificado a la fecha”.
“En el caso que nos ocupa, no puede dudarse de que, quien ha detentado altísimos cargos en el Gobierno Nacional durante una considerable cantidad de años -más allá del período por el que fuera electo vicepresidente de la República-, no goce hasta la actualidad de las influencias nacionales y regionales que puedan contribuir a eludir el cumplimiento de la condena pronunciada”, afirmó.
“Sumado a ello –se añadió-, también debe ponderarse que Boudou cuenta con medios económicos suficientes para eludir el cumplimiento de la condena”.
La presentación se hizo ante el Tribunal Oral Federal 4. En agosto, el TOF había dictado las condenas de Boudou, Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Guido Forcieri y Alejandro Vandenbroele. Pero dispuso que inmediatamente quedaran arrestados Boudou y Núñez Carmona, que fueron a la cárcel de Ezeiza; y Ciccone, que recibió prisión domiciliaria por su edad.
La semana pasada, con otra composición, el TOF resolvió hacer lugar (por dos votos a uno) a otorgarle la excarcelación a Boudou, por entender que –después del fallo del juez Ariel Lijo en la causa conocida como Ciccone 2 en donde no se habían dictado prisiones preventivas- ya no había riesgos de entorpecer la investigación. Las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti también dijeron que Boudou no tenían vínculos con el gobierno de Mauricio Macri y que, por su rol de opositor, no correspondía aplicar en este caso la denominada “doctrina Irurzun”.
Le dieron así al ex vicepresidente la libertad bajo una caución de un millón de pesos, una tobillera electrónica y la orden de no salir del país ni moverse más allá de 100 kilometros de su casa. La misma suerte corrió Núñez Carmona.
Apenas se conoció la noticia, distintas voces del Gobierno, como el ministro de Justicia Germán Garavano o la gobernadora María Eugenia Vidal, salieron a cuestionar la decisión.
Ahora, la UIF busca revertir la liberación desde tribunales. Los jueces de la Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, que integran la Sala IV, deberán revisar la condena dictada en la causa Ciccone, porque el fallo aún no está firme, pero la querella busca que Boudou y Núñez Carmona vuelvan a la cárcel mientras eso se analiza.
“Todos los hechos en los que se encuentra involucrado el condenado (Boudou), tanto los que se investigan en este caso, como en los conexos, importan delitos de corrupción que atentan contra el sistema democrático”, afirmó la querella en el escrito al que accedió Infobae.
“El desprecio por el normal, legal y buen funcionamiento de las instituciones públicas, la desobediencia al mandato de ser honesto y cumplir fielmente con las funciones públicas que se le confiaron, la defraudación a la expectativa social depositada en quien tiene a cargo administrar la cosa pública, en interés de todos y no en su propio interés particular, fue ponderado en este proceso para imponer una condena ejemplar que debe conllevar su prisión preventiva, en tanto los riesgos procesales señalados se encuentran intactos desde el momento en que se dictó el fallo condenatorio, y que persisten hasta el día de la fecha”, añadió.
Incluso, Federici sostuvo: “Los actos de corrupción imputados son complejos y trascendentes, han tenido un desarrollo temporal extenso, han contado con complicidades de varios estamentos, algunos actores han sido juzgados en este proceso y otros se encuentran aún en etapa de dilucidación (por ejemplo, la etapa de financiación para la adquisición de la empresa) y la medida no puede ser abordada sin una mirada integral del contexto y de los diversos frentes procesales aun abiertos, con similar interés punitivo e íntimamente vinculados al presente”.
Así las cosas, la UIF afirmó: “Solicitamos a la Excma. Cámara Federal de Casación Penal haga lugar a nuestro recurso en todo lo que se solicita según la interpretación expuesta, casando la resolución recurrida, revocando la excarcelación concedida, y ordenando la inmediata detención de Amado Boudou, tal lo ordenado oportunamente por el Tribunal Oral Federal Nº 4 en su sentencia del 7 de agosto de 2018”.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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