El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la tercera revisión del programa stand-by con la Argentina y autorizó el envío de USD 10.870 millones, previo haber reducido la meta fiscal de superávit de junio en 0,1% del PBI, revisar la tasa de caída del PBI de 1,7 a 1,2% este año. También subió las perspectivas de inflación al 30% y reconoció la mayor volatilidad que generará la incertidumbre electoral, pero defendió el actual programa monetario.
En el comunicado de la decisión del directorio, la directora Ejecutiva del fondo, Christine Lagarde, reconoció que “los resultados en términos de la inflación han decepcionado”. Y el staff report que fue presentado para su aprobación había dicho que “reducir la inflación será un proceso prolongado, que requerirá una política monetaria y fiscal conservadora durante el tiempo que sea necesario para anclar las expectativas de inflación y reducir la configuración de los salarios y precios“.
El FMI defiende, entonces, la política monetaria actual y la zona de no intervención que impide al Banco Central vender o comprar divisas para lidiar con la volatilidad cambiaria.
“El objetivo de lograr el balance primario y el programa monetario está diseñado para asegurar la estabilidad macro. La dolarización es normal antes de las elecciones. El programa monetario debería darle al Banco Central suficiente capacidad de reacción. Si hablamos de shocks mayores, será una discusión que tendremos que tener. Pero al 5 de abril, el plan podrá garantizar la estabilidad en los próximos meses”, le explicaron a Infobae fuentes oficiales del FMI.
Reconocieron que la volatilidad subió cuando sorprendió el nivel de inflación del primer bimestre. “Es parte de la realidad, sobre todo de Argentina”, dijeron, y señalaron la incertidumbre política. Pero creen que la credibilidad del Banco Central se ajusta a “la determinación del control monetario”.
El FMI también encontró “decepcionantes los ingresos fiscales de los últimos meses”, debido a “la débil actividad económica y las dificultades de la administración”, por lo que se revisó a la baja el superávit a alcanzar en junio pero mantuvo el déficit cero para el año.
“El staff recomendó medidas de ingresos de contingencia en caso de déficit de ingresos adicionales. Las autoridades señalaron que, dado el limitado espacio de maniobra durante el año electoral, las reducciones en el gasto de capital son probablemente la única opción“, dice el reporte.
Las claves del reporte del staff report: lo que piensa los técnicos
– Revisó el crecimiento económico de -1,7 a -1,2%. Espera una recuperación gradual a partir del segundo trimestre, con el consumo privado apoyado por el aumento del ingreso disponible real (luego de los aumentos salariales y la indexación de las pensiones y los beneficios sociales) y las exportaciones agrícolas.
– Espera una inflación del 30% en 2019. Son 10 puntos por encima de la revisión anterior, debido a salarios nominales más altos, aumentos de tarifas y el aumento de las expectativas de inflación.
– Las elecciones de octubre representan el riesgo más visible a corto plazo. Así lo entiende el organismo. Cree que el anuncio de los candidatos presidenciales en junio “podría aumentar la ansiedad del mercado, alimentando potencialmente una dolarización mayor a la esperada y salidas de capital que, a su vez, debilitarían el peso y crearían nuevas preocupaciones sobre la dinámica de la deuda y las fuentes de financiamiento presupuestario”.
– Cambió el sendero de metas trimestrales. La meta acumulada del segundo trimestre se reduce a la mitad, a un superávit de $ 20.000 millones (0,1% del PBI), y la meta acumulada del tercer trimestre pasa a $ 60.000 millones (0,3% del PBI)
– Redujo la previsión de ingresos fiscales en un 1,7% del PBI. “Si bien la mayoría de las pérdidas de ingresos por impuestos a la exportación se estima que son permanentes, se espera que otras pérdidas de ingresos se recuperen a medida que el crecimiento repunte en 2020”.
– Cumplimiento del déficit cero. Los técnicos señalaron que tienen la intención de cerrar el déficit fiscal restante (de 0,4% del PBI) mediante reducciones en el gasto de capital y ahorros de eficiencia en gastos de asistencia social (que no están cubiertos por los ajustadores).
– Lograr el nuevo objetivo para el segundo trimestre requerirá un recorte mayor en el gasto primario, en particular para el gasto de capital. “Los mayores recortes en el gasto de capital significan que alcanzar el objetivo de déficit primario cero implicará un impulso fiscal ligeramente más negativo para todo el año”.
– Pero ayudará la inflación por encima de lo proyectado en 2019, que reducirá el gasto en pensiones y los salarios en un 4% del PBI. Y las subastas entre productores y distribuidores de gas, en conjunto con los aumentos en las tarifas deberían reducir los subsidios. Y que se reducirán las transferencias automáticas por coparticipación a las provincias.
– Ajustador del gasto social. Pasará de 0,2 a 0,3% del PBI (unos $ 60 mil millones) incluye una ampliación de la definición del piso del gasto social y la cobertura del ajustador del gasto social. Ahora abarca: (i) programas de salud, incluida la provisión de medicamentos en centros de salud públicos cuyos usuarios a menudo carecen de otra cobertura de salud, (ii) programas activos del mercado laboral, y (iii) alimentos directos y asistencia en la garrafa social.
– Espera nuevas medidas de la AFIP. Reducir la brecha de cumplimiento del IVA y disminuir los costos de cumplimiento de los contribuyentes. Llevar a cabo una evaluación para identificar a los contribuyentes que están incorrectamente registrados bajo el régimen de Monotributo. Entre otras.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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