El fiscal general defiende que "se ha salvaguardado" el deber de reserva en el caso de la pareja de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido en una carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española que “se ha salvaguardado” el deber de reserva en el caso de Alberto G.A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Incontrovertidamente alejado de la verdad queda que el objetivo y voluntad de la Fiscalía pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal”, sostiene García Ortiz en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, el jefe de la Fiscalía incide en que “la concreta propuesta de conformidad de ocho páginas, fechada el día 2 de febrero de 2024 y dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública”.

SE COMUNICARON DATOS INDISPENSABLES

Así las cosas, García Ortiz entiende que “se ha salvaguardado” el deber de reserva y que en la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid “solamente se comunicaron aquellos aspectos (conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales”, cuya “profesionalidad y honorabilidad” debe “proteger y defender” como fiscal general.

El jefe del Ministerio Público responde así a la “declaración institucional en defensa del respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad” que el Consejo General de la Abogacía Española adoptó el pasado viernes en relación con la denuncia de la Fiscalía contra Alberto G.A.

En un comunicado, también recogido por esta agencia de noticias, el órgano condenó la supuesta “difusión del contenido concreto de comunicaciones” entre la defensa de Alberto G. A., y la Fiscalía Provincial de Madrid, señalando que esto suponía “una clara vulneración de la garantía de confidencialidad” entre las partes. Y reclamó una investigación “para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda”.