El Gobierno anunciará esta tarde un aumento en su participación dentro de la empresa Impsa, el holding fundado por la familia Pescarmona, que superará el 60 por ciento. De esa manera, el estado nacional pasa a ser el accionista principal de la tradicional empresa metalúrgica.
De acuerdo a fuentes oficiales, la capitalización incluirá USD 20 millones por parte del Estado Nacional y otros USD 5 millones por parte de la provincia de Mendoza, ambos en capital de trabajo. Así, la provincia rondará el 20% de las acciones y un 15% quedará en capitales privados. De esta forma, la participación de la familia fundadora se reduciría al 5% del total del grupo empresario.
En agosto del año pasado, la empresa solicitó al Gobierno Nacional asistencia financiera ante la imposibilidad de reestructurar su deuda
“Es el modelo Invap”, aseguraron fuentes cercanas a la negociación para describir el perfil de la nueva “Impsa estatal”, en referencia a la sociedad del Estado especializada en energía nuclear.
La compañía, que fue creada hace más de 100 años como una empresa metalúrgica, fue ampliando sus negocios a rubros como soluciones y equipos para la industria de generación de energía hidroeléctrica, eólica y nuclear. En 2018 logró salir de una profunda crisis financiera, que la había puesto al borde de la desaparición. Desde entonces, adoptó un nuevo esquema societario y los acreedores tomaron el control y el management de la compañía. Enrique Pescarmona, nieto del fundador y cuarta generación en la compañía, y Francisco Valenti, uno de los directores de la empresa, estuvieron involucrados en la llamada causa de los cuadernos.
Según pudo saber Infobae, la management seguirá siendo el mismo. El actual presidente de la empresa es Juan Carlos Fernández, una ingeniero electromecánico con posgrados en Stanford y Harvard, que trabajó entre 1979 y 2016 en los departamentos de Ingeniería, Planeamiento y Comercial, y fue presidente de IMPSA Asia y de IMPSA Energy.
En agosto del año pasado, la empresa solicitó al Gobierno Nacional asistencia financiera ante la imposibilidad de reestructurar su deuda. Desde entonces, el ministerio de Desarrollo Productivo venia trabajando para lograr que el Estado Nacional pueda capitalizar la compañía.
En la última asamblea de Impsa, el 16 de marzo, el 100% de los accionistas votaron a favor de la emisión de nuevas acciones y, a su vez, decidieron en forma unánime no ejercer su derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones, para permitir que se ofrezca la suscripción total de dichas acciones al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Durante abril, la legislatura mendocina convirtió en Ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de esa provincia, a través del cual se autorizó a Mendoza a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. Esta autorización quedó condicionada a la efectiva participación del Estado Nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas Acciones Clase C de la empresa.
El Ministerio de Desarrollo Productivo ya viene asistiendo a Impsa desde diciembre, cuando aprobó su ingreso al “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP), a través del cual pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa.
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