El drama de las ejecuciones extrajudiciales que pone en aprietos a la cúpula militar en Colombia

El cuerpo de Óscar Morales Tejada todavía yace en una fosa común de algún rincón de Copey, un pequeño pueblo del Caribe, luego de haber sido asesinado por miembros del Ejército para hacerlo pasar como guerrillero en medio de una estrategia contrainsurgente. Es una cifra más del conflicto armado en Colombia. Uno de los más de 8.000 casos de las ejecuciones extrajudiciales que hoy tiene acusados a la cúpula militar colombiana. Once años después de su muerte, sus padres Doris y Darío mantienen su lucha por la verdad.

Entre 2002 y 2010, durante la Política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jóvenes humildes, la mayoría de zonas rurales, eran sacados de sus casas bajo falsas promesas de trabajo y asesinados con un tiro de gracia por miembros de la Fuerza Pública, que los reportaban como bajas guerrilleras en medio de combates para recibir bonificaciones económicas, vacaciones y ascensos. Bajo esa práctica se inflaban las estadísticas de la lucha contrainsurgente para evidenciar su supuesta efectividad.

En su informe de 2016, el Centro Nacional de Memoria Histórica registró 60.630 víctimas de desaparición forzada en el país entre 1970 y 2015. De ese total, el oficial retirado de la Policía, Omar Eduardo Rojas Bolaños, sostiene en un libro que al menos 10 mil son casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’, un crimen de lesa humanidad que indignó a Colombia entera desde que en 2008 salió a la luz la práctica, realizada por quienes tienen la tarea de proteger a la ciudadanía.

Una noche de enero de 2008, cuando Doris Tejada se levantó abruptamente con un dolor de presentimiento en su estómago, tras un sueño en el que encontraba a su hijo Óscar en el suelo de un lote baldío y árido, tuvo la sensación de madre de que algo había pasado. Para entonces tenía días sin contestar sus llamadas. “Es uno de los recuerdos más vivos que tengo de él, lo vi como aparece en la foto que la Fiscalía me mostró años después como supuestamente había muerto en combate”, contó a Infobae.

Los primeros días de diciembre de 2007, Óscar se abasteció de ropa con el dinero de tres meses de trabajo que acaban de pagarle y se fue a venderla a Venezuela, cerca de la frontera con Cúcuta. El 26 de ese mes se encontró en esa ciudad con el menor de los seis hermanos, Carlos Morales. Acordaron entonces regresar juntos a donde sus padres en Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, a escasas horas de Bogotá. El último día del año fue la última llamada que Doris recibió de su hijo.

“Óscar me llamó el 31 triste porque no pasaría la fecha con nosotros, tuvo que quedarse unos días más en Cúcuta y no me dijo la razón, pero prometió que regresaría el fin de semana de Reyes Magos”, detalló Doris. Los días posteriores intentó contactarlo sin éxito. Así pasaron varios meses hasta que, por televisión, su esposo Darío vio a un grupo de madres que denunciaban que sus hijos habían sido desaparecidos y asesinados por militares para pasarlos como muertos en combates.

“Me eché la bendición y me fui a la Fiscalía a poner la denuncia formal por desaparición”, relató Doris. Entonces, le mostraron la foto devastadora. En la imagen a blanco y negro aparece Óscar tirado en un terreno boca arriba, con los ojos abiertos, vestido de camuflado y con un arma a uno de sus costados, sobre lo que parecía un charco de sangre. Recibió dos tiros, uno en la quijada y otro en la parte baja de la espalda. El batallón La Popa del Ejército lo registró como guerrillero abatido en un enfrentamiento el 16 de enero de 2008.

Por supuesta falta de reclamantes, su cuerpo fue enterrado en una fosa común junto con al menos 50 cadáveres más en Copey, un municipio del departamento del Cesar al norte del país, asediado por la violencia paramilitar, que registró 10.499 víctimas durante el conflicto armado según cifras del Registro Único de Víctimas. Óscar -de 26 años- fue asesinado junto a otros dos jóvenes, Octavio David Bilbao y Germán Leal Pérez, desaparecidos en Cúcuta a inicios de enero de 2008 cuando acudían a una oferta de empleo.

“Quedé devastada. No podía creer que lo que había visto en televisión le pasara a mi Óscar. No sé qué hacía en Copey, pero era la primera vez que iba allá, nunca se había ido por largos tiempos, solo un par de meses para quedarse con una tía en Venezuela. Sabía que no pertenecía a ningún grupo armado. Comenzó mi lucha por recuperar su cuerpo, que sigo ahora junto a los padres de los otros dos muchachos de Cúcuta. El padre de Germán acaba de morir el pasado 20 de enero sin saber nada de su hijo”, manifestó Doris entre sollozos.

La cúpula militar

Por estos crímenes de lesa humanidad han sido condenados más de 800 militares, la mayoría soldados. Y aunque el hecho ha estado latente en el país, su escándalo se revivió el pasado 27 de febrero cuando Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental dedicada a la promoción de los derechos humanos, reveló los vínculos con casos de ejecuciones extrajudiciales de la nueva cúpula militar nombrada por el presidente Iván Duque el 10 de diciembre de 2018.

“Son un grupo de militares con gran experiencia en inteligencia y contrainteligencia para recuperar territorios para que los colombianos sientan el más puro de los bienes públicos, la ausencia de miedo y la ausencia de violencia”, manifestó el mandatario durante el nombramiento.

HRW señala a nueve de esos militares en los crímenes. Entre ellos el Comandante del Ejército Nacional, Nicacio Martínez Espinel, que durante el primer gobierno de Álvaro Uribe fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre 2004 y 2006. Actualmente tiene abierta investigaciones en la Fiscalía por al menos 23 ejecuciones extrajudiciales; entre los que resalta el caso de Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años, según detalla la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

Los otros generales son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la jefatura de Estado mayor; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la jefatura de Estado Mayor de planeación y políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del comando de transformación del Ejército del futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la fuerza de tarea Vulcano; Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la fuerza de tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del centro nacional de entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la décima brigada blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Decimotercera brigada.

“Los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa; también deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”, advirtió en el documento HRW.

Expertos han implicado la situación en la estrategia de “mano dura” en la que el presidente Duque está basando su seguridad nacional, como lo hizo el líder del partido Centro Democrático al que representa, el ahora senador Álvaro Uribe.

“Confirma lo que muchos ya temían: que las fuerzas armadas colombianas están por encima de la ley. Los generales implicados pueden tener un historial criminal sin que esto sea un obstáculo para el avance en su carrera. (…) El nombramiento de estos generales seguramente irá ligado a la recuperación de otras tácticas del pasado sangriento de Colombia. (…) Armadas con la aparente impunidad, volverá a levantarse el fantasma de las violaciones a los derechos humanos”, afirmó la organización InSight Crime.

Continúa la lucha de las madres

Lo mismo piensa Doris Tejada, una de las líderes del colectivo Madres Ejecuciones Extrajudiciales Soacha y Bogotá (Mafapo), muchas de las cuales aún están buscando los cuerpos desaparecidos de sus hijos. “Se veía venir todo lo que pasa en este gobierno, las objeciones a la JEP nos alejan de conocer el paradero de nuestros hijos porque estos militares no tendrán la obligación de decir la verdad, y al subirlos de rango quedan protegidos y los casos seguirán en la impunidad. Es una impotencia”, dijo.

El colectivo Mafapo, que ha investigado por años casos de ejecuciones extrajudiciales por cuenta propia, ha advertido que los crímenes se siguen realizando. Esta semana, de hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió en su último reporte sobre la situación de derechos humanos que la Fuerza Pública de Colombia siguió cometiendo ejecuciones extrajudiciales contra civiles.

Según sus cifras, entre enero y agosto de 2018 se presentaron 27 casos de muerte intencional de civiles que dejaron 34 víctimas. Una de ellas fue Ciro Alfonso Manzano, campesino asesinado por miembros del batallón número 26 del Ejército, en el que la Fiscalía determinó que la muerte no se dio durante una confrontación. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelette, también alertó de 11 ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2018 por la Policía (6) y el Ejército (5).

“Mientras no sepamos la verdad el dolor va a continuar. Ya son 11 años… Yo soy berraca pero a veces es inevitable sentirse vulnerable. Solo quiero poder enterrar a mi hijo Óscar y tener un lugar donde llorarlo”, concluyó María Doris Tejada.

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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS