Madrid, 13 jun (EFECOM).- El déficit en los pagos compensatorios que tienen que abonar operadores por el incumplimiento de la obligación de alcanzar un porcentaje de biocarburantes para transporte en la gasolina y el diésel ascendió a 581,05 millones de euros en 2023.
Así lo recoge una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica por la que se procede a anotar los certificados definitivos de biocarburantes correspondientes al ejercicio 2023, que señala que en 2023 fueron 17 los sujetos obligados con déficit de certificados con relación al cumplimiento del objetivo obligatorio mínimo de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte.
El mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte establece que los sujetos obligados deben contar con certificados de consumo y venta de biocarburantes que permitan cumplir con los objetivos de ventas y consumo de biocarburantes que se fijan y el Ministerio para la Transición Ecológica es la entidad de certificación responsable de su expedición.
Los sujetos obligados deben acreditar la titularidad de un número de certificados de biocarburantes que permita el cumplimiento del objetivo obligatorio mínimo establecido para el ejercicio.
En caso de no disponer de certificados, se establece un pago al fondo compensatorio y cada certificado se valora en 1.623 euros.
A finales del año pasado, el Ministerio decía en el real decreto-ley de 27 de diciembre, de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, que era necesaria una revisión urgente de algunos artículos de la Ley del Sector de Hidrocarburos, al detectarse “crecientes prácticas fraudulentas”.
Entre ellas, citaba el incumplimiento de las obligaciones sectoriales respecto al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS).
También la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que ha denunciado un fraude en el IVA por parte de algunos operadores mayoristas, que cifra en unos 1.000 millones de euros en 2023, ha señalado la existencia de otro fraude, el cometido al no incorporar el objetivo obligatorio de biocarburantes, que coloca a los que lo cometen en una posición de ventaja competitiva.
Estos operadores se ahorrarían el sobrecoste que supone su incorporación, al ser más caros los biocarburantes que los combustibles fósiles.
En el real decreto de 27 de diciembre de 2023, el Gobierno decía que “el incumplimiento por parte de algunos operadores de las obligaciones de biocarburantes está atentando contra la competencia en el sector, ya que, sólo en 2022, siete empresas no han sufragado su deuda con el mecanismo de fomento de biocarburantes, SICBIOS, por un importe total de 95 millones de euros”.
El Ministerio es el encargado del cálculo individualizado del número de certificados y la obligación que corresponde a cada uno de los sujetos obligados.
En la resolución en la que se procede a la anotación de certificados definitivos de biocarburantes correspondientes al ejercicio 2023, el Ministerio dice que ha recibido 70 solicitudes de expedición de certificados definitivos sobre un total de 127 sujetos obligados acreditados en 2023 en el SICBIOS.
Las firmas que no operan, aunque estén en SICBIOS, no tienen que cumplir con la obligación.
En el caso del ejercicio de 2023, de los 57 sujetos obligados que no han solicitado la expedición de certificados, 51 están en trámites de formalización de su baja en SICBIOS o serán dados de baja por el Ministerio.
Entre los 6 restantes, hay una empresa operadora al por mayor de productos petrolíferos que ha manifestado no haber tenido ventas en 2023 y cuatro que, aún estando acreditadas en SICBIOS, no han formalizado las solicitudes de certificación provisional ni las de certificados definitivos, ni han reportado información.
Otra empresa inició su actividad en 2024, por lo que no le corresponde participar en 2023; cuatro compañías no han formalizado las solicitudes de la certificación definitiva pero han realizado ventas a mercado y el Ministerio ha procedido a realizar de oficio su solicitud, y hay dos empresas que no han solicitado ningún certificado por no haber hecho ventas a mercado.
A tenor de esta información, la resolución dice que hay 17 sujetos obligados con déficit de certificados en el ejercicio de 2023, ascendiendo el déficit global a 348.524 certificados.
Entre los sujetos con déficit de certificados, hay 11 empresas que han obtenido un número de certificados por debajo del umbral del 50 % de cumplimiento mínimo de las obligaciones.
En el caso del subobjetivo de biocarburantes avanzados, establecido para el año 2023 en un 0,3 % sobre el total de ventas de biocarburante, gasolinas y gasóleos, son 12 las empresas que no lo han alcanzado, siendo el déficit de 9.487 certificados.
El total del déficit en euros, es decir, la cantidad total a abonar en concepto de pagos compensatorios por el incumplimiento de objetivos, asciende a 581,05 millones de euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica persigue y sanciona los incumplimientos y en la modificación que hizo en el real decreto-ley de 27 de diciembre se estableció que el incumplimiento por un operador al por mayor de productos petrolíferos de sus obligaciones sectoriales puede acabar en la extinción de su habilitación para operar. EFECOM
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