Managua, 25 jul (EFE).- El “absoluto control” del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la estructura electoral marcó el proceso de verificación ciudadana del padrón electoral, de cara a los comicios generales del 7 de noviembre, en los que el presidente del país, Daniel Ortega, buscará una nueva reelección, según un informe divulgado este domingo por el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas.
La jornada de dos días también estuvo marcada por el arresto del aspirante presidencial de Nicaragua de la oposición Noel Vidaurre y del comentarista político Jaime Arellano, puestos el sábado bajo custodia policial para ser investigados por supuesta traición a la patria, además de por la orden del Ministerio Público de “conducción forzosa” contra la aspirante presidencial de la oposición María Asunción Moreno, y la dirigente Daysi George West, de acuerdo con la información.
Urnas Abiertas, un grupo multidisciplinario que se define como imparcial y que comparte análisis respecto a la justicia y el riesgo electoral, reportó entre las anomalías, además del “absoluto control partidario” de las estructurales electorales, la reducción de los centros de votación por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE).
El CSE, controlado por partidarios de Ortega, habilitó 3.106 centros de votación para el proceso de verificación ciudadana, una cantidad menor a los 4.329 centros de votación habilitados a nivel nacional en las elecciones de 2016.
“PROCESO ELECTORAL NO CUMPLE CONDICIONES MÍNIMAS”
Otras anomalías, según las denuncias recibidas, es que los trabajadores del Estado fueron coaccionados a participar en el proceso de verificación, así como la ausencia de protocolos adecuados para la prevención de la covid-19 y la presencia de personas fallecidas en el padrón.
También reportaron persecución a opositores, hostigamiento en las casas de algunos lideres disidentes que les impidieron asistir a la verificación, prohibición de ingreso de personas opositoras a los centros de votación, o toma de fotos y vídeos a los que identificaban como contrarios al Gobierno.
“La jornada de verificación ciudadana se desarrolló en el marco de un proceso electoral que no cumple con las condiciones mínimas, ni en materia electoral, ni en materia de derechos humanos”, concluyó Urnas Abiertas.
El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, acudieron este domingo a la jornada de verificación, e hicieron un llamado a participar en las elecciones de noviembre.
El padrón electoral provisional está conformado por 4.347.340 nicaragüenses convocados a votar, según el corte realizado hasta el 3 de julio pasado, según el CSE.
El proceso electoral de Nicaragua ha recibido críticas de los sectores de la oposición, debido a que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma a la Ley Electoral que favorece a los sandinistas en la estructura electoral.
También porque el CSE canceló la personalidad jurídica a dos partidos opositores y porque las autoridades encarcelaron a varios dirigentes políticos, entre ellos siete aspirantes presidenciales de la oposición.
Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes, elegirá a su presidente, vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano el 7 de noviembre próximo.
El presidente Ortega, en el poder desde 2007, buscará su cuarta reelección y tercera consecutiva con sus principales contendientes encarcelados, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria y a los que ha tildado de “criminales” y acusado de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos.
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