El Constitucional se dispone a avalar esta semana la ley que penaliza el acoso en las clínicas de aborto

El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a avalar esta semana la ley aprobada en 2022 que penaliza con penas de hasta un año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el Pleno de la corte de garantías debatirá y previsiblemente aprobará el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, quien defiende que la norma es constitucional.

Así las cosas, se prevé que la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso que presentaron los diputados de Vox contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

La formación liderada por Santiago Abascal impugnó la norma después de haber intentado frenarla en sede parlamentaria y tras presentar –sin éxito– enmiendas para que el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas especializadas en aborto no se castigue con penas de prisión.

Fue en febrero de 2022 cuando el Congreso aprobó –con los votos en contra de PP y Vox– la ley orgánica con la que se castiga con penas de prisión de tres meses a un año los “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que “menoscaben la libertad de las mujeres”.

El texto, además, establece que los tribunales podrán imponer a su vez la prohibición de acudir a determinados lugares por periodos de seis meses a tres años, punto que también ha sido respaldado por el Pleno de la corte de garantías.

LEY TRANS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Al margen, está previsto que los magistrados del Constitucional deliberen sobre si admiten a trámite o no el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra la reforma de la ‘ley trans’ que la Comunidad de Madrid aprobó el pasado diciembre.

El Defensor del Pueblo impugnó la norma al considerar que “patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad”, según señaló el pasado abril cuando anunció el recurso.

Asimismo, consta en el orden del día entre los asuntos para primera deliberación el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la disposición de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que otorgó al País Vasco todas las facultades respecto de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Sobre este asunto, se prevé que el tribunal se muestre a favor de estimar el recurso toda vez que el pasado 25 de abril ya estimó el recurso que presentaron los diputados del PP y declaró nulo e inconstitucional dicha disposición de los PGE.

También se espera que el Constitucional delibere sobre el recurso que presentó el presidente del Gobierno contra la ley gallega de medidas fiscales y administrativas, que concede competencias a la Xunta en la gestión de las costas. Sobre este asunto, cabe recordar que el pasado octubre el tribunal, al admitir a trámite el recurso, suspendió los artículos impugnados.