El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves 13 de junio una enmienda de totalidad de Vox a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes. La formación liderada por Santiago Abascal quiere impedir que obtengan papeles aquellos extranjeros que hayan accedido de forma ilegal al territorio español y obligar a su expulsión.
Se trata de una enmienda de totalidad con texto alternativo, ya que, al ser una ILP ya admitida por el Pleno el pasado 9 de abril, Vox ya no podía limitarse a pedir la devolución del texto.
En concreto, Vox señala en la exposición de motivos que “los extranjeros que hayan accedido ilegalmente a territorio español no podrán ser objeto de regularización en ningún caso”.
Igualmente, propone la “expulsión obligatoria, no potestativa”, de todos los migrantes que hayan entrado ilegalmente en España. Además, también quiere que se les expulse cuando los mismos realicen conductas de las tipificadas como graves o muy graves.
En esta misma línea, la formación propone reformar la Ley de Extranjería y que se lleve a cabo la expulsión de extranjeros “legales” que cometan delitos, aunque sean sancionados con una pena privativa de libertad inferior a un año, y sin posibilidad de que la cancelación de antecedentes penales exima de dicha expulsión. En este sentido, precisa que constituirá causa de expulsión que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa que constituya delito. Si la sentencia de condena se ha dictado fuera de España la expulsión se practicará con la previa tramitación del correspondiente expediente.
Además, apunta que la expulsión “llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español”. Así, la duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia será determinada por la autoridad competente.
PÉRDIDA DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA SI COMETEN DELITOS
Asimismo, Vox quiere que se modifique el Código Penal y que se prive de nacionalidad de españoles a los que no lo sean de origen y hayan cometido delitos que sean castigados con pena privativa de libertad igual o superior a cuatro años, o igual o superior a un año en caso de reincidencia. “El extranjero naturalizado en España que fuere condenado, por la comisión de un delito, al cumplimiento de una pena privativa de libertad igual o superior a cuatro años (o igual o superior a un año, si fuera reincidente), será condenado, además de a la pena señalada a aquel, a la pérdida de la nacionalidad española”, expone.
Finalmente, quiere que se reforme la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, con la finalidad de que la colaboración en la lucha contra la inmigración ilegal sea “condición necesaria” para que otras naciones se beneficien de ayudas al desarrollo de España.
La ILP admitida a trámite el pasado 9 de abril en el Congreso de los Diputados, con 310 votos a favor y los 33 en contra de Vox. La aprobación implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, que tenían hasta este miércoles para presentarlas. En todo caso, Vox ha sido el único que ha enmendado la iniciativa.
En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto ‘Esenciales’ para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021.
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