La Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales, ha reunido elementos que abren la puerta a una posible destitución de la fiscal general, Patricia Benavides, investigada por remover a magistrados supuestamente incómodos a su gestión y por nombrar, en paralelo, a otros de su confianza.
La investigación preliminar N.º 008, seguida por el organismo autónomo, detalla un entramado de supuestos conflictos de interés, tratos degradantes y favorecimientos indebidos, así como las intenciones de Benavides para realizar variaciones en despachos importantes, según un informe difundido este domingo por Epicentro TV.
En su primer día de mandato, en julio de 2022, la fiscal de la Nación dejó sin efecto el puesto de coordinadora general del Equipo Cuellos Blancos, que investiga una red de corrupción en la Judicatura. El despacho estaba a cargo de Bersabeth Revilla, la fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Un día después, en 2 de julio de ese año, Benavides nombró fiscal adjunto supremo provisional al fiscal superior Miguel Vegas. Entonces, además, lo colocó al frente de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos.
Vegas había sido investigado por Revilla por presunta colusión agravada y negociación incompatible, pero el caso fue enviado al archivo por una resolución que lleva impresas las iniciales “lpbv” (de Liz Patricia Benavides Vargas, quien se desempeñó en el Área Especializada en Denuncias contra Magistrados).
Revilla, de igual modo, investigaba a la hermana de la fiscal general, Emma Benavides, acusada de cobrar presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico. El 25 de julio de 2022, Benavides consideró que Revilla tenía “baja productividad”, la retiró de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la envió a trabajar a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, bajo las órdenes de Vegas.
Eso, para la removida magistrada, significó un trato “degradante”, pues, hacía poco que había investigado a Vegas y pedido permiso para iniciar acciones legales en su contra. Entonces, renunció al Ministerio Público. Según la JNJ, los cambios en los equipos del caso Cuellos Blancos llegaron a los niveles primero (fiscalía provincial), segundo (fiscalía superior) y tercero (fiscalía suprema).
Aunque son decisiones tomadas dentro de las facultades discrecionales, la Junta evalúa si en los cambios hubo “responsabilidad funcional” de la fiscal de la Nación, si interfirió en las investigaciones, y si el trato a los fiscales que pertenecían al grupo fue “degradante”.
Para la Junta, de comprobarse ello –mientras no se interrumpa la investigación–, Benavides habría incurrido en acto u omisión que, sin ser delito, comprometería gravemente sus deberes en el cargo y podría recibir la sanción de destitución. La JNJ le atribuye haber supuestamente emitido resoluciones sin motivación, y haber presuntamente ejercido acciones de coacción laboral.
Además, a la Junta le llama la atención que, tratándose de cambios en los equipos “Cuellos Blancos”, tanto la fiscal Patricia Benavides, su hermana, la jueza Enma Benavides, y el fiscal Miguel Vegas, figuren en un informe de la de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) que registra llamadas telefónicas de procesados por ese caso de gran corrupción.
En este extremo salen a relucir las siete llamadas entre Benavides y el empresario Antonio Camayo, sindicado como integrante de la presunta red delincuencial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Los hilos telefónicos se produjeron entre el 25 de mayo y el 28 de junio del 2018, cuando ella se desempeñaba como fiscal adjunta suprema titular adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación y al Área Especializada en Denuncias contra Magistrados.
El expediente de la JNJ citado por Epicentro advierte que, al igual que la fiscal general, Vegas registra siete llamadas telefónicas con Camayo y otras dos con Alberto Chang, amigo de César Hinostroza.
En la resolución de apertura de investigación preliminar, la JNJ señala como hecho adicional que el abogado defensor de Camayo, el exfiscal superior Mateo Castañeda, fue uno de los invitados a la juramentación de Benavides como fiscal de la Nación.
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