Pueda que no haya comprobación científica, pero da la sensación de que cierto malhumor colectivo, sin expresión callejera ruidosa pero perceptible, es capaz de impactar cada tanto en los más altos niveles del Estado. El fallo que liberó y le brindó alivio judicial a Cristóbal López hizo emerger un malestar social extendido, un oleaje que puede salpicar al poder sin muchas distinciones y que en la misma generalización no repara en determinados jueces sino que apunta a la Justicia. Difícil interpretar algunas reacciones de estos días fuera de ese contexto.
Es probable que además del fallo haya pesado la actitud desafiante del empresario kirchnerista: apenas recuperada la libertad, habló como si hubiese sido absuelto y lo hizo casi en cadena por TV.
La imagen de Cristóbal López sintetizaba así la extendida idea según la cual los poderosos no pagan sus cuentas, ni tributarias ni judiciales –una especie de doble impunidad-, mientras que el mayoritario resto de la sociedad cumple con la ley porque corresponde o porque no tiene remedio. Podría decirse que es un fastidio amplio y lineal, con grises éticos.
El análisis más sosegado y racional también suma elementos para el malhumor, aunque sin simplificar las conclusiones. Es discutible, se sabe, la cuestión de los alcances de la prisión preventiva, más allá de la repetida referencia a su aplicación frente al peligro de fuga o la capacidad para obstruir la investigación, en este caso por parte de López. Son conocidos los reclamos para que el Congreso trate una ley más precisa en esta materia, pero por ahora los jueces se mueven con cierta discrecionalidad.
En cambio, pocos discutirían la gravedad que proyecta haber modificado la carátula de la causa, quizá el mayor beneficio para el empresario y su socio Fabián de Sousa. Según la decisión firmada por los camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Farah, ya no se trataría de un caso de defraudación contra la administración pública –con un cálculo actualizado que duplicaría la cifra inicial de 8.000 millones de pesos- sino de apropiación indebida de impuestos.
La decisión de la Cámara, que será apelada por partida doble en los próximos días, convertiría todo en una liviana infracción tributaria. Resulta curioso, porque el caso es de tal magnitud que involucra directamente a Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP: el fiscal Gerardo Pollicita acaba de solicitar la identificación de sus bienes para convertir en un hecho el embargo que acompañó el procesamiento.
El impacto de la noticia sobre la resolución de la Cámara Federal fue seguido por la reacción bastante rápida del Gobierno. Mauricio Macri se encargó personalmente de hacer público el rechazo, entre otras razones para aventar la idea de un pacto oscuro en el más alto nivel del poder político y judicial. Para completar, fue ratificado el reclamo para que la AFIP cobre efectivamente la enorme deuda.
El jueves, también la Corte Suprema decidió tomar distancia. Lo hizo con un texto de apenas doce líneas, firmado por Ricardo Lorenzetti y los otros cuatro integrantes del tribunal. Fue un gesto sino inédito, al menos infrecuente.
La nota de la Corte solicita al Consejo de la Magistratura que inicie una investigación sobre el modo en que fue integrada la Sala I de la Cámara Federal para pronunciarse sobre el tema. Y le pide expresamente que lo haga para determinar “si existió alguna irregularidad en esa conformación”.
La Cámara en cuestión necesitó sumar un integrante para desempatar entre Ballestero y Leopoldo Bruglia, que se expresó a favor de mantener la prisión preventiva. El elegido fue Farah -que acompañó la posición de Ballestero- con el argumento de que ya había intervenido en una cuestión conexa y por consiguiente estaba al tanto del caso. El Consejo de la Magistratura deberá examinar la consistencia del modo en que fue definida la vacante. Pero la señal de la Corte ya fue dada.
El Consejo de la Magistratura había recibido antes una denuncia de Elisa Carrió. La diputada oficialista había sugerido que pudo haber “dinero” para favorecer judicialmente a Cristóbal López y solicitó investigar si existieron “intereses económicos involucrados”. La ofensiva recibió una suerte de aval por parte de Germán Garavano, aunque nadie puede suponer que haya sido una movida coordinada. La relación entre la legisladora y el ministro de Justicia es pésima.
Las reacciones de alguna manera coincidentes –es decir, el reflejo inicial del Gobierno y después el de la Corte- se explican centralmente por el registro del malestar social que provoca el fallo, pero no deberían confundir sobre el contexto más global de la difícil relación entre el Gobierno y sectores gravitantes de la Justicia. Esos problemas siguen en pie.
Existen tensiones entre Macri y el fuero federal porteño y, en otra escala, con la Corte. Los cambios que pretende el Gobierno en materia judicial generan un rechazo poco velado en ese frente, y eso se combina con la contradicción que representa mantener al mismo tiempo algunas “viejas” prácticas como la utilización de operadores informales del oficialismo para el trato con algunos jueces.
De todos modos, el Gobierno ha decidido enfrentar una prueba que terminaría de volcar su estrategia en un sentido presentado como renovador, o de cambio en términos oficialistas. Será un test también frente a otro actor que por momentos colocan como parte del problema y en otros casos asocian a la necesaria práctica de los acuerdos: el bloque de senadores peronistas, que comanda Miguel Angel Pichetto.
Se trata de la decisión de postular a Inés Weinberg de Roca para encabezar la Procuración General de la Nación. Ese era un interrogante desde la caída de Alejandra Gils Carbó y el Presidente lo saldó en medio de las tensiones referidas. Por supuesto, el Senado terminará definiendo la suerte de la jueza, que anota una larga trayectoria, con pasado internacional y presente en el Tribunal Superior de Justicia porteño.
En el Gobierno, consideran que se trata de una propuesta que escapa a la lógica cerrada de los sectores de peso en la Justicia, es decir, la propia Corte y sobre todo, buena parte de los jueces federales. Lo resumen así: “Dicen que ella (Weinberg de Roca) no puede funcionar porque no conoce el entramado de la Justicia, no es de la familia o de la casa. Y nosotros creemos que además de sus antecedentes, esa es su mayor virtud, porque es prestigiosa y no tiene compromisos con nadie”.
El trámite no asoma sencillo. Las quejas por la falta de acuerdo previo ya empezaron a circular en el Senado, y en algunos casos con advertencias sobre algún costado débil en los antecedentes de la jueza. “Es impecable”, responden desde el Gobierno. Son apenas indicios de una pulseada mayor y de final por ahora incierto.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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